El Gobierno de Santa Fe, a través del ministro de la Producción Gustavo Puccini, solicitó modificaciones a la Ley de Biocombustibles que se debate en el Senado nacional y a un proyecto afín en Diputados. La provincia busca elevar el corte obligatorio de biodiésel al 15%, argumentando que potenciaría la producción industrial y la generación de empleo local. Esta postura busca asegurar la viabilidad del sector santafesino frente a otras propuestas legislativas.
El gobierno de Santa Fe ha reiterado su convicción de que la provincia «tiene capacidad para producir más biodiésel y generar empleo». En este sentido, propuso «un corte del 15 % y una división del mercado que permita convivir a todos los actores». Esta definición, expresada por el ministro de la Producción, Gustavo Puccini, surge en un momento clave: senadores del oficialismo impulsan un nuevo proyecto de ley de biocombustibles en el Congreso de la Nación, y Santa Fe busca introducir una serie de modificaciones.
La iniciativa parlamentaria en cuestión propone una transformación del esquema energético argentino, enfocándose en la desregulación del mercado, el aumento de las mezclas obligatorias y la incorporación de nuevos combustibles alineados con la transición energética global. El proyecto, atribuido a la senadora Patricia Bullrich, busca sustituir el régimen actual por un sistema «dinámico, eficiente, desregulado y libre», lo que permitiría una mayor participación del sector privado y promovería nuevas inversiones en bioetanol, biodiésel, biometano y combustibles sostenibles de aviación (SAF).
En medio de este debate, el Gobierno de Santa Fe sugirió varias enmiendas para fortalecer la producción y expandir las inversiones en el sector. Entre ellas, destaca la elevación del corte de biodiésel en surtidores a un 15 %, en contraste con el 7,5 % actual y por encima del 10 % que contempla la iniciativa nacional. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se enfatizó que el escenario internacional potencia la competitividad de los combustibles renovables frente a los fósiles, generando «una oportunidad inédita». El ministro Puccini remarcó: «Las energías renovables hoy son competitivas y Argentina puede posicionarse como líder en vectores energéticos sustentables. Santa Fe tiene toda la cadena productiva instalada; no podemos resignarnos a tener plantas cerradas».
Postura
En respaldo al proyecto presentado a nivel nacional, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras, alertó sobre la crítica situación que atraviesa el sector del biodiésel en Santa Fe. Aseguró que «el 90% de las fábricas están apagadas». En declaraciones a Cadena 3, el empresario explicó que la actual ley de biocombustibles «es obsoleta» y no permite que las grandes plantas del Gran Rosario abastezcan el mercado interno con precios más bajos que el gasoil importado.
Para la Provincia, el biodiésel representa, además, una herramienta económica estratégica, ya que reduce importaciones de gasoil, genera ahorro de divisas, sostiene empleo industrial y fortalece las economías regionales. Como referencia, las autoridades santafesinas recordaron que Brasil avanzará este año con un corte obligatorio del 15 % (B15) y proyecta alcanzar el 20 % en 2030.
El debate legislativo
En sintonía con estas demandas, el diputado santafesino Pablo Farías, integrante del bloque Provincias Unidas y presidente de la comisión de Pymes, afirmó que «Argentina debería estar produciendo todo lo que pueda en biocombustibles y combustibles alternativos, y exportando petróleo. Hoy nos convendría eso y no estar importando cantidades todavía tremendamente grandes de combustibles fósiles». Sus declaraciones se produjeron luego de una reunión de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas, y de Comercio de la Cámara de Diputados de la Nación con representantes del sector de biocombustibles y otras cadenas energéticas argentinas. Farías recordó que, actualmente, el corte obligatorio «por decreto está establecido en 7,5 %» y aseguró que durante el encuentro legislativo hubo coincidencias en avanzar hacia un 15 %.
El legislador santafesino explicó que, en la actualidad, existen dos iniciativas en discusión: un proyecto presentado recientemente en el Senado por los senadores Patricia Bullrich y Ezequiel Atauche, y otro impulsado en Diputados por el legislador Gutiérrez, junto a referentes de distintos bloques. «Son esquemas claramente diferentes. El proyecto del Senado propone reemplazar la actual Ley 27.640 con un nuevo marco regulatorio y establece porcentajes de corte inferiores al 10 %, mientras que el proyecto de Diputados plantea elevar progresivamente los cortes obligatorios hasta alcanzar el 15 % para biodiésel y bioetanol», detalló.
Asimetrías
Precisamente, el principal cuestionamiento santafesino apunta al tratamiento desigual entre bioetanol y biodiésel dentro del proyecto nacional. Mientras se propone una mezcla del 15 % para bioetanol en naftas (E15), se mantiene un tope del 10 % para biodiésel en gasoil (B10). «Existe una asimetría regulatoria sin sustento técnico. Mantener el corte en 10 % es un retroceso porque no absorbe la capacidad instalada ni incentiva nuevas inversiones. Para atraer capitales y modernizar la industria es indispensable fijar un piso obligatorio del 15 %; la normativa técnica ya permite mezclas de hasta el 20 %», afirmó el ministro Puccini.
Las cinco modificaciones clave sugeridas por Santa Fe
En ese sentido, las cinco modificaciones que propone Santa Fe son las siguientes:
- Subir el corte al 15% y avanzar hacia B20: La Provincia propone elevar inmediatamente el corte mínimo obligatorio al 15 % (B15) y habilitar un esquema gradual hasta el 20 % (B20) cuando el biodiésel local resulte más competitivo que el gasoil importado.
- Reservar participación para productores independientes: Santa Fe plantea destinar un 40 % del mercado a empresas no integradas, mediante licitaciones transparentes y límites de participación económica, para evitar concentración y garantizar competencia. El restante 60 % quedaría para industrias integradas y refinadoras.
- Limitar la discrecionalidad estatal: La propuesta establece que la Secretaría de Energía solo pueda reducir temporalmente los porcentajes obligatorios ante emergencias de abastecimiento y por un máximo de 90 días, con el objetivo de brindar previsibilidad a las inversiones.
- Incentivar combustibles de nueva generación: Se pide incorporar beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a proyectos vinculados con Diésel Renovable (HVO), Combustible Sustentable para Aviación (SAF) e Hidrógeno Verde (H2V).
- Garantizar competencia en materias primas: El planteo busca evitar posiciones dominantes sobre insumos estratégicos, como aceite de soja y metanol, asegurando abastecimiento y reglas de precio transparentes para productores independientes.
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