Un juez penal de Santa Fe ordenó la prisión preventiva por 60 días para Francisco Gabriel Trinidad (24), acusado de tentativa de homicidio tras apuñalar a un hombre de 46 años, de apellido Bellini, por una deuda de juego en Bulevar Gálvez. La Justicia santafesina descartó la legítima defensa alegada por la defensa y dispuso que el joven permanezca detenido.
Prisión preventiva por intento de homicidio en bulevar Gálvez
La investigación por la violenta agresión ocurrida el pasado 14 de mayo por la tarde en inmediaciones de un local gastronómico de bulevar Gálvez al 2300, en la ciudad de Santa Fe, sumó un nuevo capítulo judicial. El viernes pasado, en una audiencia llevada a cabo en los tribunales santafesinos, el juez penal Sebastián Szeifert ordenó la prisión preventiva de Francisco Gabriel Trinidad (24), imputado por el intento de homicidio de un hombre al que habría apuñalado en múltiples ocasiones tras una discusión por una deuda.
La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Andrés Marchi, a cargo de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, quien atribuyó a Trinidad el delito de homicidio en grado de tentativa. Por su parte, la defensa, ejercida por el abogado Ramiro Carrasco, reclamó la libertad de su asistido y sostuvo que este fue víctima de amenazas y extorsión vinculadas a prestamistas informales.
La reconstrucción fiscal
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos efectuada por la fiscalía, el episodio se conoció a partir del ingreso al hospital José María Cullen de un hombre de 46 años, identificado con el apellido Bellini, quien presentaba múltiples heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo.
Las actuaciones permitieron determinar que Bellini y otro individuo de apellido Wagner habían concurrido al lugar de trabajo de Trinidad para reclamarle una deuda. El imputado se desempeñaba en un conocido pub ubicado en bulevar Gálvez, entre las calles Rivadavia y San Luis.
Uno de los elementos centrales de la investigación fueron las imágenes registradas por cámaras de seguridad privadas, tanto del local gastronómico como de un comercio lindero. Según detalló Marchi, las grabaciones permitieron reconstruir la secuencia completa de lo sucedido.
En un primer momento, las cámaras muestran una discusión entre los involucrados. Luego, los dos cobradores siguen a Trinidad hasta la puerta del establecimiento, donde se produce un intercambio físico. En medio del conflicto, interviene una tercera persona que logra separar al imputado y hacerlo ingresar al local.
Para la fiscalía, ese momento resulta determinante. Marchi sostuvo que la agresión había finalizado y que los dos hombres ya se retiraban del lugar cuando Trinidad decidió salir nuevamente. En la segunda escena, las cámaras registraron al joven corriendo detrás de Bellini, quien caminaba hacia una de las esquinas. Instantes después, se produjo una nueva pelea, a la que regresó el segundo cobrador al advertir lo que estaba ocurriendo. Tras el enfrentamiento, Bellini fue visto cruzando hacia el cantero central de bulevar Gálvez, ya herido, mientras que Trinidad volvió al bar llevando en una de sus manos un objeto brillante que, según la investigación, era el cuchillo utilizado en el ataque.
Para el fiscal, las heridas sufridas por Bellini permiten sostener provisoriamente la calificación de tentativa de homicidio. Destacó que la víctima recibió múltiples puntazos, varios de ellos en el tórax y otros en la zona de la cabeza, lesiones que fueron dirigidas a sectores considerados vitales. Marchi afirmó en la audiencia que «no hubo una legítima defensa», remarcando que el conflicto ya había cesado cuando Trinidad decidió perseguir a uno de sus agresores en lugar de recurrir a la policía. No obstante, el representante del MPA reconoció circunstancias favorables al imputado, como la ausencia de antecedentes penales y su colaboración con la investigación al presentarse espontáneamente. Sin embargo, entendió que persisten riesgos procesales, ya que aún restan testigos por declarar.
La versión de la defensa
La defensa presentó una versión diferente de los hechos. El abogado Carrasco sostuvo que su cliente era víctima de un esquema de préstamos usurarios que se remontaría a octubre de 2025, cuando tomó un crédito de 900.000 pesos y, según afirmó, terminó sometido a intereses que hicieron crecer la deuda hasta rondar los 12 millones.
El letrado indicó que las amenazas eran constantes y que, incluso, los cobradores habían concurrido anteriormente al domicilio familiar de Trinidad. Expuso que el día del hecho, el imputado recibió advertencias de que los reclamos continuarían en la vivienda donde residen sus padres, ambos adultos mayores con problemas de salud. «Mi pupilo es la víctima», sostuvo el defensor, quien remarcó que tras el episodio, el joven pidió a su hermana que llamara a la policía, se presentó voluntariamente en una dependencia policial y colaboró entregando su teléfono celular e indicando dónde se encontraba el cuchillo.
La decisión judicial
Al resolver el planteo, el juez Szeifert analizó las posiciones de ambas partes y concluyó que los elementos reunidos hasta el momento no permiten sostener una hipótesis de legítima defensa. «Tengo para mí que el exceso o la legítima defensa no está demostrado», señaló el magistrado. Incluso consideró que, en todo caso, podría discutirse en etapas posteriores una eventual actuación bajo un estado de emoción violenta, aunque aclaró que esa cuestión no fue planteada formalmente durante la audiencia.
El juez también valoró que, según la evidencia presentada, los agresores ya se habían retirado cuando Trinidad decidió volver a enfrentarlos. Por ello calificó su conducta como «reprochable» y resolvió hacer lugar al pedido fiscal. En consecuencia, ordenó la prisión preventiva del imputado por el plazo de 60 días, período durante el cual las partes podrán continuar produciendo pruebas y eventualmente solicitar una revisión de la medida cautelar.
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