Se estima que anualmente en América Latina se pierden unos 16.600 millones de dólares debido a las llamadas pérdidas no técnicas en la distribución de energía eléctrica. Estas pérdidas corresponden a kilovatios que son inyectados a las redes, pero que no son facturados ni cobrados. La cifra, divulgada por la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de Latinoamérica (Adelat), la Universidad de Chile, OLACDE y el BID, subraya niveles de ineficiencia que ponen en jaque a los sistemas energéticos de la región. Según las mismas fuentes, este valor equivale a entre un 0,19% y un 0,33% del Producto Interno Bruto (PIB) regional.
Lo que en el estudio «Recuperando Energía: Innovación y Estrategias para la Gestión de Pérdidas No Técnicas en América Latina y el Caribe» se denomina «pérdidas para las empresas», a menudo no lo es en la práctica. Particularmente en la Argentina, es un hecho conocido que existe una transferencia de recursos de los clientes regulares hacia aquellos que no abonan el servicio. Este es un tipo de subsidio cruzado no declarado que recae directamente sobre los Kw/h efectivamente cobrados a los usuarios que sí cumplen con sus pagos.
El informe, que analiza las realidades de 26 países, destaca la extrema diversidad del panorama energético latinoamericano, revelando problemas serios en 22 de ellos. Argentina, con valores de pérdidas que oscilan entre el 15% y el 18%, se encuentra en rangos similares o ligeramente superiores al promedio latinoamericano del 17%.
Radiografía
En la región se observan extremos marcados. Perú se posiciona como un referente a imitar por su gestión, mientras que otros países enfrentan desafíos significativos, como Paraguay, con hasta un 25% de problemas. Los casos más graves de pérdidas se registran en Jamaica, Venezuela y Honduras. En Brasil, a pesar de los esfuerzos, se mantiene un 14% de pérdidas. Por su parte, México, el otro gigante regional, presenta un panorama más favorable con un 10,51% de pérdidas totales, desagregadas en un 5,31% de origen técnico y un 5,20% de origen no técnico.
El estudio incluye una ficha técnica por país que detalla el tamaño de sus mercados eléctricos. En este apartado, la Argentina figura en el podio, con 142.789 gigavatios hora (Gwh) de consumo. La lista es liderada por Brasil (725.100 Gwh) y México (304.011 Gwh).
Muy por encima del estándar internacional
Las cifras de pérdidas en el promedio de la región y en la Argentina son tres veces superiores al promedio recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este valor de referencia considera también las «pérdidas técnicas», que son aquellas inherentes al funcionamiento del sistema, como la energía disipada en forma de calor y los errores de medición. En las naciones desarrolladas, las pérdidas rondan el 6%.
El trabajo de referencia pone especial énfasis en la realidad socioeconómica de América Latina. Como se señala en su prólogo: «Las pérdidas de electricidad constituyen uno de los desafíos estructurales más persistentes y de mayor impacto financiero en los sistemas eléctricos en América Latina y el Caribe. Cuando se mantienen en niveles elevados, no solo reflejan ineficiencias operativas en la gestión de las redes, sino también tensiones más profundas en la arquitectura institucional del sector, vinculadas a incentivos regulatorios, capacidades de control, dinámicas territoriales, marcos legales y condiciones sociales (…) Expresan la complejidad de un fenómeno donde convergen prácticas de fraude, debilidades en la aplicación de la ley y de los procesos comerciales y situaciones de informalidad o exclusión energética».
Experiencias locales
El estudio es de particular relevancia para la provincia de Santa Fe, ya que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) fue una de las distribuidoras argentinas consultadas, completando dos cuestionarios. (Según el registro de la información de base del estudio, el Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica no participó de la misma manera).
Varias empresas colaboraron con la investigación: la EPE santafesina, su par de la Provincia de Córdoba (EPEC), la del Chaco (SECHEEP), EDEA y EDESA de la Provincia de Buenos Aires, y EDESUR de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
El trabajo, que busca optimizar la gestión frente al hurto y el fraude eléctrico, destaca las experiencias de la EPESF y de su similar EPEC cordobesa. «Un paralelismo interesante se observa en Argentina, donde EPEC y EPESF han desarrollado programas de ‘inclusión eléctrica’ específicos para barrios populares y villas, articulándose estrechamente con gobiernos provinciales y municipales. Esta estrategia implica ejecutar obras de infraestructura previas a la regularización comercial, estableciéndolas como una condición indispensable para garantizar la seguridad eléctrica y la sostenibilidad de la formalización. En estos contextos, la formación cívica incluye enseñar el uso responsable de la energía a referentes barriales, logrando un cambio cultural que se refleja en una mayor tasa de permanencia y menor reincidencia en el fraude», señala el estudio.
Asimismo, el informe menciona que en Santa Fe se ha mejorado la telemedición en grandes usuarios, es decir, las industrias y comercios de mayor consumo. Destaca que la Empresa Provincial de la Energía santafesina atiende 3.300 cuentas que «representan el 49,9% del total de energía facturada, frente a más de 1,3 millones de clientes residenciales». Del mismo modo, el estudio elogia los procedimientos de geolocalización y digitalización implementados por la empresa para vincular los controles con un inmediato reclamo judicial. La «evidencia fotográfica busca fortalecer la trazabilidad del procedimiento y asegurar su respaldo administrativo y legal, constituyendo la base probatoria para procesos de recuperación de energía y denuncias penales».
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