La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Santa Fe convocó a los ministros de la Corte Suprema provincial para abordar el mensaje del Poder Ejecutivo que busca reformar la Ley N.º 13.018 y el Código Procesal Penal. Esta invitación, remitida por el organismo legislativo que examina el expediente, se cursó previo a la presentación de cuestionamientos por parte del Colegio de Magistrados y Funcionarios ante la presidencia de Diputados.
La reforma judicial en Santa Fe bajo la lupa
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados invitó a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe a una reunión clave. El objetivo es debatir el mensaje del Poder Ejecutivo que propone una profunda reforma de la Ley N.º 13.018 y del Código Procesal Penal.
Los alcances del proyecto del Poder Ejecutivo
El proyecto impulsa la conformación de Colegios de Jueces Penales, tanto en primera instancia como en revisión. Estos estarían integrados por todos los magistrados con competencia en la materia, independientemente de su asiento territorial. Asimismo, busca establecer un sistema de asignación de causas mediante reglas objetivas, predeterminadas y públicas, que serían fijadas por la Corte y ejecutadas por la Oficina de Gestión Judicial. El mensaje también fortalece el rol de esta Oficina de Gestión Judicial como órgano especializado en la administración y organización de los trámites procesales, y conforma una sección específica dentro del Colegio de Jueces de Revisión dedicada a la política carcelaria y la ejecución penal.
Las gestiones de la Cámara de Diputados y la postura de la Corte
El 1 de junio, la Cámara de Diputados envió una nota al titular de la Corte, Rafael Gutiérrez, a solicitud de la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Lionella Cattalini. La misiva invitaba a la Corte a la mencionada reunión y proponía, de ser necesario, extender la invitación a los representantes de los Colegios de Jueces Penales. Es relevante señalar que los cinco presidentes de estos colegios se han pronunciado de forma crítica sobre el mensaje del Poder Ejecutivo.
La Corte recibió -a pedido de los jueces- a los titulares de los cinco colegios, quienes no lograron acordar una respuesta por escrito. En consecuencia, cada circunscripción elaboró su propio documento, aunque con contenidos muy parecidos y mayormente críticos con la iniciativa.
Cuestionamientos del Colegio de Magistrados
El lunes de esta semana, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial elevó una nota a la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, expresando serios cuestionamientos al proyecto. En la misiva, el Colegio sugirió la convocatoria urgente a un espacio de diálogo interpoderes e interinstitucional para discutir el tema en profundidad.
La respuesta de la Corte Suprema en suspenso
La Corte trasladó su acuerdo semanal a este viernes, lo que sugiere que podría analizar la respuesta al planteo de la Cámara de Diputados. Según información recabada por El Litoral, en el máximo tribunal existen miradas críticas hacia el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.
A instancias del diputado radical José Corral, la Cámara de Diputados pidió y votó un tratamiento preferencial para el jueves venidero del mensaje del Poder Ejecutivo, que había sido girado hace un mes a la Comisión de Asuntos Constitucionales. La nota de la Cámara de Diputados ingresada a la Corte habilitó la flexibilización horaria, expresando: «Entendiendo las dificultades que puede implicar encontrar un horario común, dejamos la fecha y el horario abiertos a la propuesta de ese Tribunal. Agradeceríamos que nos indiquen, los días y franjas horarias que les resultarían convenientes, así como la nómina de quienes asistirían».
En ámbitos tribunalicios no se descartó la posibilidad de invitar a los legisladores al Palacio de Justicia, aunque el tema no había sido analizado por el pleno de ministros. Incluso, algún magistrado sugirió la posibilidad de que, tras la reunión, se realice una recorrida al edificio anexo de Tribunales, que será inaugurado el 30 del corriente. En principio, el mensaje del Ejecutivo ya ha recibido críticas expresadas por jueces y el propio Colegio, lo que genera expectativa sobre el comportamiento de la Corte, tribunal que, en última instancia, deberá determinar la constitucionalidad de esta u otras reformas.
Los argumentos del Ejecutivo
El proyecto del Poder Ejecutivo contiene 24 artículos y, en el último, determina que la entrada en vigencia de los cambios se producirá a los 90 días de sancionada la norma. En los considerandos del mensaje, se señala que «el proyecto preserva la coherencia normativa con el Código Procesal Penal, evitando superposiciones y reservando a dicho cuerpo normativo la regulación de los aspectos estrictamente procedimentales, en particular en lo relativo al régimen de audiencias y recursos». Además, aclara que «la reforma propuesta se inscribe en una política pública orientada a modernizar la administración de justicia, mejorar el acceso al sistema y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales, mediante un diseño organizativo que combine eficiencia, transparencia y respeto por las garantías constitucionales».
Cronología de un debate legislativo
- 7 de mayo: El Poder Ejecutivo envía a Diputados el mensaje N° 58928 con la reforma a diversos artículos de la Ley N.º 13.308.
- 12 de mayo: La Cámara de Diputados da ingreso formal al proyecto y lo gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
- 26 de mayo: La Corte recibe a los cinco presidentes de las cámaras penales, a pedido de los jueces, para analizar el proyecto del Ejecutivo.
- 1 de junio: La Cámara de Diputados remite una nota a la Corte Suprema de Justicia solicitando una reunión para conocer su opinión sobre el tema.
- 8 de junio: El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial eleva una nota a la presidencia de Diputados con críticas al proyecto.
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