«Es un mensaje claro en contra de la corrupción. Es un mensaje claro de que se puede avanzar con obra pública y con contrataciones desde el Estado con transparencia», afirmó la diputada Lionella Cattalini tras la sanción de la Ley de Ficha Limpia para contratar con el Estado de la Provincia de Santa Fe.
La Cámara de Diputados, que había dado media sanción inicial al proyecto, aceptó las modificaciones propuestas y votadas por el Senado y, en su última sesión, convirtió la iniciativa en ley. «El Senado le dio una forma distinta que, me parece, es saludable; modificó fundamentalmente que se requiere condena para los delitos que no están vinculados a la corrupción y agregó una modificación a la Ley de Obra Pública que me pareció razonable», explicó la legisladora socialista al detallar los cambios.
Alcance
La nueva norma, que se incorpora al plexo legal santafesino, contiene cuatro artículos, de los cuales tres son casi de forma. La clave reside en el artículo 1°, que establece que en toda contratación sustanciada en el marco de la Ley 5188 de Obra Pública, de la Ley 12510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado, y cualquier otro régimen normativo provincial, se exigirá al sector privado la acreditación de no tener antecedentes penales relacionados con seis tipos de delitos.
La exigencia de la Ficha Limpia abarcará a las personas humanas, a los integrantes de los órganos de administración y fiscalización de las personas jurídicas y a los representantes legales de las uniones transitorias de empresas. Asimismo, se aplicará a los integrantes de los órganos de administración y fiscalización de cada una de las sociedades que componen dichas uniones y que participen en procedimientos de selección de ofertas.
El objetivo de la Ficha Limpia es elevar la vara ética de la contratación pública, acotó la legisladora. En la práctica, esto implica que quienes tengan antecedentes firmes por cualquiera de los delitos especificados no podrán hacer negocios con el Estado santafesino.
Entre los delitos que inhabilitan para contratar figuran aquellos contra la Administración Pública y los fraudes. La norma busca erradicar prácticas como los retornos, los sobreprecios y la conformación de empresas fantasma ligadas a funcionarios. Un empresario que haya pagado coimas (cohecho), participado en el desvío de fondos (malversación), se haya favorecido con contratos incompatibles o cometido estafas en perjuicio del Estado, quedará inmediatamente fuera del registro de proveedores.
También se establecen artículos para impedir la participación de contratistas o firmas que funcionen como pantallas para el lavado de activos (blanqueo de dinero del narcotráfico o el contrabando) o que financien estructuras criminales. Al exigir la Ficha Limpia en este rubro, se busca evitar que el dinero público termine engrosando circuitos financieros ilegales.
Además, la ley pone la lupa sobre la responsabilidad penal empresaria y crímenes de sangre como homicidios y lesiones seguidas de muerte, incluyendo el homicidio simple o agravado. Por otra parte, se veta la contratación a personas vinculadas con el abuso sexual, el grooming, el secuestro o la trata de personas (tanto para explotación sexual como laboral), incluyendo la explotación laboral infantil. Otra veda se aplica a quienes participen en delitos como la supresión de identidad o el tráfico de menores, y delitos contra el orden constitucional como la sedición o la rebelión.
Transparencia
«La transparencia no puede ser un discurso; necesitamos reglas concretas para cuidar los recursos de todos los santafesinos. Sancionamos esta ley para impedir que personas, empresas o mutuales involucradas en hechos de corrupción puedan contratar con el Estado«, enfatizó la diputada socialista.
Cattalini expresó su satisfacción: «Santa Fe da un mensaje de transparencia y en contra de la corrupción. Mientras a nivel nacional vuelven a ocupar la agenda pública causas como la de los Cuadernos, que expuso cómo empresarios y funcionarios públicos se enriquecieron a partir de la obra pública, en nuestra Provincia estamos fortaleciendo los controles para evitar que quienes estuvieron involucrados en hechos de corrupción puedan hacer negocios con el Estado«.
La legisladora reiteró el compromiso: «Nosotros creemos en la obra pública porque transforma la vida de la gente, genera desarrollo y crea oportunidades. Pero también creemos que debe ejecutarse con reglas claras, controles efectivos y absoluta transparencia en el manejo de los recursos públicos».
La nueva ley establece que, antes de cada adjudicación, deberán verificarse los antecedentes de las personas o empresas oferentes, así como de sus representantes legales, integrantes de órganos de administración y demás personas vinculadas a las contrataciones. También habilita mecanismos de intercambio de información con otras jurisdicciones para fortalecer los procesos de control y fiscalización.
Cattalini valoró el amplio consenso alcanzado durante el tratamiento legislativo. «Que esta ley haya sido aprobada por unanimidad demuestra que hay temas que deben trascender las diferencias partidarias. La transparencia y la lucha contra la corrupción tienen que ser políticas de Estado«, señaló.
Antecedentes
La Legislatura santafesina sancionó en noviembre de 2022 la Ley N° 14.180, que incorporó el concepto de Ficha Limpia para los cargos políticos en la Provincia de Santa Fe. A dicha sanción legislativa le siguió un veto con texto alternativo del entonces gobernador Omar Perotti, que finalmente fue aceptado por el Poder Legislativo.
En la práctica, esa ley anterior incorporó requisitos para ser candidatos en dos de las leyes electorales: la que estableció el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, y la Ley de Partidos Políticos. Posteriormente, la Constitución reformada el año pasado, incorporó el concepto en el artículo 56, dejando asentado que «ninguna persona puede ser candidata para ocupar cargos electivos si ha sido condenada por delitos dolosos en las condiciones que determine la ley».
-Por segunda vez, la Cámara de Diputados votó la creación de un programa provincial de caninos forenses, odorología forense y caninos detectores de restos humanos, elementos ferrosos y minerales utilizados para armamentos y detectores de narcóticos – arpías. El proyecto, impulsado por Verónica Porcelli (del Frente Renovador), apunta a promover la formación y capacitación de recursos caninos forenses, de rastro específico, de grandes áreas y detectores de restos humanos y su contraparte humana. El objetivo es que, como integrantes de las fuerzas de seguridad, brinden asistencia en la ejecución de la política de seguridad provincial y de la política de persecución penal. Tras la primera aprobación por la Cámara de Diputados, el proyecto no fue tratado por el Senado y perdió estado parlamentario. Ahora, fue reingresado, obtuvo el visto bueno de comisiones y fue votado por unanimidad en la última sesión de la Cámara Baja.
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