Tras la detención de seis efectivos policiales, el abogado Rodolfo Mingarini, representante de la familia de Mauro González, insistió en Santa Fe que la investigación por la muerte del joven debe analizar el procedimiento como un único hecho, desde la aprehensión hasta su fallecimiento bajo custodia estatal. Para la querella, existieron violencia y omisiones que desencadenaron el fatal desenlace.
La hipótesis de la querella
Rodolfo Mingarini, abogado de la familia de Mauro González, ratificó la hipótesis sostenida desde un inicio por la querella: la existencia de una concatenación de hechos que confluyeron en la muerte del joven santafesino. Según el letrado, el expediente judicial consolida una secuencia que incluye una aprehensión presuntamente ilegal, el uso desmedido de la fuerza pública y una serie de omisiones que culminaron con el deceso de González. El letrado enfatizó que el episodio «no puede analizarse de manera fragmentada», sino como un único suceso ocurrido mientras la víctima permanecía bajo custodia estatal.
La reconstrucción de los hechos
De acuerdo con la reconstrucción aportada por el abogado, los hechos se iniciaron durante la tarde del 17 de enero. Mauro González fue aprehendido en barrio Yapeyú tras un llamado a la Central 911 que alertaba sobre presuntos disturbios. A criterio de la querella, la intervención policial carecía de justificación legal y, de manera inmediata, derivó en una reducción violenta del joven. Mingarini describió que González fue inmovilizado y golpeado en presencia de sus padres y de vecinos del barrio. Remarcó que el operativo, para reducir a una sola persona, movilizó entre ocho y nueve patrulleros.
Durante este procedimiento inicial, el abogado sostuvo que uno de los efectivos se abalanzó sobre el cuerpo de González, provocándole la fractura de una costilla. Tanto el padre como la madre de la víctima alertaron a los uniformados sobre el delicado estado de salud de su hijo, quien años atrás había recibido disparos de arma de fuego y había permanecido largo tiempo con una ostomía como secuela de esas lesiones. La madre, además, manifestó que su hijo podría encontrarse bajo los efectos del consumo de sustancias. No obstante, según el relato de la parte acusadora, estas advertencias no modificaron el accionar policial.
El traslado y las presuntas omisiones
Uno de los aspectos que la acusación considera centrales es el itinerario realizado durante el traslado de González. Mingarini afirmó que el joven fue conducido por distintos puntos de la ciudad antes de ingresar a una dependencia policial. De acuerdo con esa reconstrucción, el móvil realizó dos detenciones durante el trayecto, una de ellas para cargar combustible en una estación de servicio ubicada frente al estadio de Colón. Posteriormente, fue trasladado hasta Medicina Legal, donde permaneció por un tiempo que el abogado calificó como «prolongado».
Para entonces, aseguró el querellante, Mauro González ya evidenciaba un grave deterioro físico. «No respondía, no podía sostenerse en pie y las imágenes muestran que estaba prácticamente desvanecido», sostuvo Mingarini. A pesar de ese cuadro, añadió, el procedimiento continuó hasta la actual Estación Policial Norte —que funciona en el edificio de la Comisaría Octava—, donde recién entre las 19.30 y las 20 fue formalmente entregado. Hasta ese momento, remarcó el abogado, la custodia permanecía exclusivamente en manos del personal del Comando Radioeléctrico.
La unidad del suceso y las responsabilidades
Para Mingarini, en esta secuencia radica uno de los ejes de la investigación judicial. «El hecho es uno solo. Comienza con una aprehensión que entendemos ilegal y termina con la muerte de Mauro mientras estaba bajo custodia estatal», expresó. El abogado aclaró que las responsabilidades penales no serían idénticas para todos los involucrados y que las diligencias de la Fiscalía deberán determinar el grado de participación de cada efectivo policial.
No obstante, sostuvo que quienes tuvieron contacto directo con González durante el procedimiento inicial cargan con la mayor responsabilidad, especialmente porque —según afirmó— tuvieron oportunidades concretas de derivarlo a un centro asistencial y no lo hicieron. En ese sentido, recordó que, cuando el móvil policial se encontraba en inmediaciones de la estación de servicio ubicada sobre avenida Circunvalación, el Hospital José María Cullen se encontraba a escasos minutos de distancia. La querella también cuestionó el examen practicado por la médica policial, al considerar que su intervención fue deficiente frente al evidente estado en que se encontraba González.
Las pruebas y la investigación en curso
Respecto de la prueba reunida en el expediente, Mingarini señaló que las imágenes incorporadas a la investigación provienen de cámaras oficiales de videovigilancia y de registros obtenidos en la estación de servicio, material que considera clave para reconstruir cada tramo del procedimiento y establecer responsabilidades individuales.
Consultado sobre la reciente rueda de reconocimiento ordenada por la Fiscalía, el abogado evitó pronunciarse sobre la estrategia procesal del Ministerio Público, aunque descartó que la difusión pública de algunos registros audiovisuales afecte esa medida. Finalmente, al ser consultado sobre los antecedentes de los policías demorados, respondió que ese aspecto forma parte de la investigación en curso, aunque reconoció que algunos de los involucrados presentan antecedentes vinculados a episodios de violencia que deberán ser evaluados dentro del expediente.
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