La Justicia de Santa Fe dictó prisión preventiva para cuatro policías y concedió la libertad con reglas de conducta a otros dos uniformados, todos imputados por la muerte de Mauro González en la Comisaría Octava. La resolución se dio tras una extensa audiencia de dos días.
Conclusiones de la audiencia cautelar por la muerte de mauro gonzález
Luego de dos días de exposiciones y debates, concluyó el jueves feriado la audiencia de medidas cautelares para los seis policías acusados por la muerte de Mauro González, ocurrida en una celda de la Comisaría 8a, tras su aprehensión en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.
La jueza Cecilia Labanca dispuso que cuatro de los acusados permanezcan en prisión preventiva: los policías del Comando Radioeléctrico Lucas Amarillo, Sebastián Bogliolo, Sebastián Bandirali y Melisa Gabriela Díaz. Por otra parte, Sabrina Petitón y Juan Cruz Barros (este último del Cuerpo Guardia de Infantería) obtuvieron la libertad, pero con medidas alternativas que deberán cumplir.
La audiencia se inició temprano el miércoles y pasó a cuarto intermedio por la tarde. El jueves la actividad se retomó y la resolución de la magistrada se dio recién en horas de la siesta, tras dos horas de exposición. El caso es complejo y una decena de abogados defiende a los imputados.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) fue representado por el fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad Especial de Violencia Institucional. La jueza consideró correcto el planteo de la fiscalía, en base a la evidencia presentada en esta instancia, de la que cinco de los acusados serían coautores. La calificación es distinta para Barros, quien fue imputado por coautoría de vejaciones calificadas por el grave daño ocasionado a la salud de la víctima.
El inicio del trágico hecho
El suceso que desencadenó la tragedia comenzó durante la tarde del 17 de enero en la zona noroeste de la capital provincial, más precisamente en inmediaciones del cruce de calles Chaco y Hermanos Figueroa.
En base a lo que sostiene la fiscalía, los oficiales Lucas Amarillo y Melisa Díaz fueron comisionados por la Central de Emergencias 911 para intervenir con Mauro González, quien atravesaba una crisis subjetiva por un presunto padecimiento mental o de consumo problemático de estupefacientes.
Uso desproporcionado de la fuerza
El fiscal Hernández tiene indicios para sostener que, incumpliendo los protocolos establecidos para estas situaciones, los agentes habrían ejercido un uso ilegítimo, excesivo y desproporcionado de la fuerza. González fue sujetado violentamente, arrojado al piso y esposado.
Según esa reconstrucción, poco después arribaron a la escena otros uniformados: Sebastián Bandirali, Facundo Aranda, Sabrina Petitón y Juan Cruz Barros, entre otros. Ellos, en lugar de controlar la violencia aplicada, habrían colaborado en la privación ilegítima de la libertad de la víctima.
Mientras Mauro permanecía en el suelo con las rodillas ensangrentadas, dos policías le ejercían presión con las rodillas y los pies sobre las zonas dorsal y abdominal.
Traslado y ensañamiento en el móvil
La investigación habría determinado que los efectivos arrojaron a Mauro a la caja del móvil policial Nº 12.808. Allí le habrían presionado la cabeza, flexionado las piernas a la fuerza y continuado el ensañamiento en su zona hepática.
«Tuvo una cirugía abdominal», llegó a advertirles desesperado Juan Carlos González, el padre de la víctima, intentando frenar el castigo. Para el fiscal, la advertencia no solo fue ignorada, sino que pareció incrementar deliberadamente el ensañamiento de los policías, quienes además le colocaron un segundo par de esposas, sumamente ajustadas.
El traslado comenzó con la oficial Melisa Díaz al volante y Lucas Aranda custodiando a la víctima en la caja. De cerca, los seguía el móvil de apoyo Nº 12.829.
Al llegar a la altura de Teniente Loza al 7100, los patrulleros detuvieron su marcha por casi dos minutos. En ese intervalo, el suboficial Facundo Amarillo descendió de la unidad de apoyo y subió a la caja donde yacía Mauro.
Entre Lucas Aranda y Facundo Amarillo –asegura la fiscalía–, volvieron a agredir al joven indefenso y esposado, propinándole golpes de puño y atacándolo con un bastón o una escopeta ante la mirada de sus compañeros, quienes habrían actuado con complicidad.
Múltiples lesiones y estado crítico
Hernández señaló que las autopsias y peritajes revelaron más de 20 lesiones visibles en todo el cuerpo y la fractura de la séptima costilla derecha. El dolor de máxima intensidad y el daño interno provocaron un deterioro hemodinámico y metabólico rápido, lo que dejó a González prácticamente inconsciente.
Pese al estado crítico del joven, los agentes habrían optado por no trasladarlo a un centro de salud. En su lugar, efectuaron una insólita y negligente escala en una estación de servicio YPF (en el sudeste de la ciudad) y luego en la sede de Medicina Legal de la U.R. I., en pleno centro.
Fallecimiento en el calabozo
Finalmente, el derrotero concluyó en la Comisaría 8va. (en el sector noreste). Mauro fue arrojado en decúbito dorsal (boca arriba) dentro de un calabozo, completamente solo y en un grave estado de salud. Fue allí donde se produjo el desenlace fatal: el joven vomitó estando inconsciente y, al no poder moverse ni defenderse, falleció por asfixia a causa de una broncoaspiración.
La investigación judicial apunta directamente al abuso de funciones y a la total indiferencia de los uniformados.
Imputaciones del fiscal
Para el fiscal, Melisa Díaz, Lucas Aranda, Sebastián Daniel Barros, Facundo Aranda y Sabrina Petitón habrían previsto y aceptado este trágico resultado, evidenciando un absoluto desprecio por la vida humana. Todos ellos fueron imputados como coautores del accionar que derivó en la muerte de la víctima.
Además, Facundo Aranda también fue formalmente acusado como coautor de cuatro hechos de vejaciones en concurso real, así como de daños y falsedad ideológica en instrumento público, todo ello en concurso real.
Por otra parte, a Juan Cruz Barros se le atribuyó la coautoría de vejaciones calificadas por el grave daño ocasionado a la salud de la víctima.
La familia de la víctima es querellante en la causa y es representada por el abogado Rodolfo Mingarini.
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