La Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia citó al Secretario de Inteligencia de Estado (SIDE), Cristian Auguadra, para que rinda explicaciones. La convocatoria se centra en disposiciones como la facultad de los agentes de inteligencia de detener personas, una medida que generó objeciones en Tribunales y fuertes críticas en el ámbito político.
La Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia acordó convocar al secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra, para fines de agosto. El funcionario, quien asumió su cargo en diciembre pasado, deberá responder ante los legisladores en medio de un intenso debate sobre el funcionamiento del organismo y la política de inteligencia del Gobierno nacional.
La reunión de este martes de la comisión fue la primera encabezada por el diputado nacional Sebastián Pareja, dirigente de La Libertad Avanza. El legislador oficialista, alineado con Karina Milei, fue quien propuso la convocatoria, la cual obtuvo la adhesión inmediata de todos los bloques parlamentarios.
Si bien la fecha exacta de la comparecencia de Auguadra aún no fue fijada, en el Congreso se da por descontado que se concretará una vez retomada la actividad parlamentaria plena tras el receso invernal. En dicha instancia, el secretario de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), según el texto original, deberá abordar una batería de consultas sobre la política de inteligencia implementada por el Gobierno y el funcionamiento de uno de los organismos más sensibles de la administración.
Cuestionamientos
Como trasfondo de esta convocatoria, persiste la discusión nunca zanjada sobre el Plan de Inteligencia Nacional (PIN). Este plan ha sido cuestionado desde su propio inicio por la oposición y, en su momento, fue rechazado por la propia comisión bicameral, que por entonces estaba a cargo de Martín Lousteau.
Los legisladores también buscarán conocer en detalle la aplicación del DNU 941/2025, publicado en enero de este año, que reformó aspectos centrales de la Ley de Inteligencia y desató una serie de interrogantes que, hasta el momento, no han sido respondidos.
La normativa generó fuertes críticas tanto de sectores opositores como de dirigentes del PRO, al considerar que ampliaba significativamente las facultades de los organismos de inteligencia. La oposición intentó dejar sin efecto el decreto, pero no logró reunir el número necesario para hacerlo en el recinto.
Los cuestionamientos más relevantes apuntan a disposiciones que no pueden ser dictadas por decreto, como la posibilidad de que agentes de inteligencia detengan a personas (en situaciones de flagrancia o por requerimiento judicial). Además, el DNU abriría las puertas a la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior.
A raíz de este decreto, casi todas las fuerzas políticas, incluyendo el PRO de Mauricio Macri, respondieron con comunicados muy críticos y se presentaron decenas de recursos de amparo. Sin embargo, estos recursos fueron posteriormente rechazados por la Justicia al no encontrar amenazas concretas a las libertades individuales.
El Plan de Inteligencia Nacional
No obstante, el titular de la SIDE deberá explicar su Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que aún no presentó formalmente, aunque sus bosquejos ya están en manos de los legisladores. Se anticipa que el plan sería similar al del año pasado, aunque sin la habilitación a perseguir periodistas, que estaba implícita en algunos fragmentos de la versión anterior.
Además, el PIN seguiría los lineamientos de Israel y Estados Unidos, una consigna que se repite en cada plan desde que Javier Milei está en la Casa Rosada.
En este marco, el peronismo presentó dos pedidos de informes, redactados por el diputado Rodolfo Tailhade y que también llevan la firma de sus pares Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez.
Uno de los pedidos se refiere a la aparición de una valija acondicionada con 19 dispositivos de espionaje profesional. Este hallazgo se produjo tras un allanamiento ordenado por la Justicia en un domicilio de Palermo Chico perteneciente al expresidente de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, Facundo Leal. Además, en los allanamientos realizados en dicho domicilio y en otro ubicado en la provincia de Mendoza, la Policía Federal secuestró 2,4 millones de dólares en efectivo y drogas sintéticas.
Según expresan los fundamentos del pedido, «no es un asunto menor que quien fuera el máximo responsable de dos organismos que administran infraestructura crítica del Estado, como los Aeropuertos y las telecomunicaciones —redes de fibra óptica, capacidad satelital, centros de datos—, dispusiera de semejante equipamiento de inteligencia sin que ningún organismo de control lo advirtiera».
El segundo pedido de informes se vincula a la presunta incorporación de Miguel Gómez Goldin como Director de Coordinación del Subsistema de Inteligencia Criminal en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), en reemplazo de Marcelo Romero. En su presentación, los diputados de Unión por la Patria (UxP) advirtieron que, a la fecha, dicha designación no se encuentra formalizada mediante su registro en el Boletín Oficial.
La controversia del polígrafo
En tanto, otra consulta puntual de la oposición durante la comparecencia de Auguadra será sobre el detector de mentiras, una máquina del viejo espionaje cuyo uso actual y condiciones no están claras.
Al asumir en reemplazo de Sergio Neiffert, Auguadra volvió a incorporar el uso del polígrafo, el dispositivo utilizado para identificar cambios fisiológicos que podrían indicar que una persona miente. Este procedimiento había sido eliminado hace muy poco tiempo, durante la primera parte de la gestión de Alberto Fernández.
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