El diputado provincial de Unidos, José Corral, defendió este martes el paquete de leyes de seguridad enviado por el gobernador Maximiliano Pullaro a la Legislatura de Santa Fe, el cual prevé nuevas herramientas para localizar celulares robados, ampliar las plazas carcelarias y evitar que las organizaciones criminales sigan operando desde prisión. En medio del debate legislativo, el legislador cuestionó el «garantismo» y aseguró que el oficialismo introducirá modificaciones en el proyecto para alcanzar los consensos necesarios antes de su votación.
Un debate legislativo clave para blindar la seguridad en Santa Fe
El diputado provincial José Corral defendió con firmeza el paquete de leyes de seguridad impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro, al sostener que la provincia de Santa Fe necesita actualizar sus herramientas jurídicas para dar respuesta a las nuevas modalidades delictivas. Entre los ejes centrales de la iniciativa, el legislador destacó la facultad de actuar ante la ubicación precisa de un celular robado, la identificación de los aparatos mediante el código IMEI y la ampliación de la infraestructura penitenciaria.
«Estamos mucho mejor, pero no podemos cantar victoria: hay que seguir trabajando», afirmó Corral. El referente político recordó que, al inicio de la actual gestión, Rosario y la ciudad de Santa Fe atravesaban una demanda social acuciante para frenar la violencia urbana y retomar el control de las cárceles. Asimismo, señaló que los homicidios dolosos registraron sus mejores cifras históricas durante 2024 y 2025, y que el año 2026 mantiene una tendencia favorable, aunque admitió que la delocuencia predatoria y el robo de teléfonos móviles continúan generando profunda preocupación.
Tecnología y geolocalización contra el robo de celulares
En el plano tecnológico, Corral puso el foco en los mecanismos destinados a facilitar la recuperación de dispositivos sustraídos. Explicó que el proyecto contempla que el fiscal interviniente, en coordinación con la Policía y con aviso previo al juez, pueda ordenar una intervención cuando la geolocalización del aparato sea exacta y existan indicios suficientes.
«Muchas veces los vecinos nos dicen: “Yo sé dónde está el celular, está en ese domicilio”. Pero la Policía dice que no puede intervenir porque necesita un allanamiento y una causa judicial», planteó. El legislador de Unidos aclaró que la propuesta no validará operativos basados en datos imprecisos, ya que la ubicación deberá ofrecer una referencia inequívoca.
Asimismo, el diputado mencionó la incorporación de consultas sobre el código IMEI —al cual definió como «el DNI del celular»— para constatar la titularidad de los equipos. Ante las observaciones recogidas en las reuniones legislativas, aseguró que el oficialismo tomó nota de los aportes y prevé introducir modificaciones en diálogo con el Poder Ejecutivo, con el objetivo central de dotar al gobernador de las herramientas necesarias para gobernar.
Cárceles de máxima seguridad y aislamiento estricto
En materia penitenciaria, Corral respaldó las medidas destinadas a neutralizar el accionar de las organizaciones criminales que operan desde prisión. En este sentido, defendió la aplicación de un régimen de aislamiento estricto, de carácter excepcional y por un plazo limitado, para aquellos internos de alto perfil que continúan impartiendo órdenes delictivas.
Para hacer frente a esta problemática, el legislador destacó la expansión de la infraestructura carcelaria sin precedentes en la provincia. Informó que Santa Fe construye actualmente casi 7.000 nuevas plazas, y mencionó la reciente inauguración de la cárcel de Recreo y el penal de máxima seguridad número 8 de Piñero, conocido popularmente como El Infierno. Esta ampliación busca descomprimir un sistema que alberga a una población cercana a los 10.000 internos frente a una capacidad previa que apenas superaba las 6.000 plazas.
Defensa legal para las fuerzas de seguridad y debate sobre el sistema penal
Por otro lado, Corral subrayó la necesidad de corregir asimetrías en la asistencia legal de los agentes penitenciarios y policiales. Mientras el Estado proveía defensa jurídica a personas acusadas de narcotráfico, los efectivos quedaban expuestos a solventar abogados particulares ante causas derivadas de su desempeño en funciones. La reforma prevé que la Defensoría General asista formalmente a los integrantes de las fuerzas de seguridad.
Sin eludir la polémica, el diputado cuestionó lo que denominó «garantismo estúpido» y criticó que, durante años, se priorizaron los derechos de los infractores por encima de los ciudadanos que demandan protección. No obstante, ratificó que las nuevas prerrogativas estatales exigirán rigurosos controles judiciales y una conducción firme por parte de los fiscales.
Finalmente, Corral anticipó que el oficialismo buscará aprobar el paquete normativo en los próximos días, tras procesar las sugerencias de especialistas y distintos sectores sociales. Si bien aspira a consolidar consensos con la oposición, remarcó que recae sobre Unidos la responsabilidad política de respaldar las medidas estructurales impulsadas por el mandatario provincial. «No vamos a aflojar en seguir mejorando las leyes, las condiciones de trabajo de la Policía y las del Servicio Penitenciario», concluyó.
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