Un proyecto para abordar una problemática urgente en adolescentes corre riesgo en el Congreso

A menos de tres semanas del cierre de las sesiones ordinarias en el Congreso, el Senado argentino define el futuro de la ley nacional que regula las apuestas online y combate la ludopatía infantil, una iniciativa que lleva casi dos años paralizada con fuertes cruces entre la oposición y la Casa Rosada. Mientras la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, prometió impulsar su tratamiento ante la presión de la Iglesia y los autores del proyecto original, el Gobierno mantiene un texto alternativo menos restrictivo sobre la publicidad que genera divisiones internas en el oficialismo y preocupación en provincias como Santa Fe por el avance del juego en adolescentes.

Cuenta regresiva en el Senado por la ley de apuestas online

El Senado de la Nación tiene menos de tres semanas para avanzar con una ley nacional sobre apuestas online que lleva casi dos años paralizada y que enfrenta profundas diferencias, incluso dentro del propio oficialismo.

La iniciativa llegó a la Cámara alta el 29 de noviembre de 2024, después de conseguir 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones en la Cámara de Diputados. Desde entonces se realizaron reuniones informativas, pero el texto aún no obtuvo dictamen en las comisiones de Salud, de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales.

El 29 de octubre, el Senado aprobó una moción de preferencia para retomar su tratamiento. Una semana después, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció: «La ludopatía infantil no es un juego. Destruye la vida de chicos y golpea a familias que muchas veces no saben cómo ayudarlos».

«Vamos a tratar esta ley en el Senado en las próximas semanas. Hay que ponerle límites», agregó la legisladora.

Disidencias internas y un proyecto previo del Ejecutivo

El anuncio no reflejó, sin embargo, un consenso absoluto dentro de la bancada libertaria. Según las crónicas parlamentarias, persisten divergencias sobre el contenido y el procedimiento al interior del espacio. Patricia Bullrich comunicó su decisión en medio de tensiones con la Casa Rosada, que en mayo había presentado un proyecto propio para regular las apuestas digitales.

La media sanción original, impulsada por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, establece la prohibición general de la publicidad, promoción y patrocinio de apuestas online. La medida abarca camisetas de fútbol, estadios, transmisiones deportivas, redes sociales e influencers. Asimismo, exige verificación biométrica de identidad y edad, crea un registro nacional de autoexclusióon, acota los medios de pago y prohíbe el uso de tarjetas de crédito para apostar.

Por su parte, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en mayo prioriza el combate contra las plataformas no autorizadas y la prevención sanitaria coordinada por el Ministerio de Salud y la Sedronar. La propuesta no prohíbe de manera general la publicidad de los operadores legales, sino que fija condiciones para sus mensajes con el fin de que no se dirijan a menores de edad, y omite tanto el registro nacional de autoexclusión como las restricciones específicas a los medios de pago planteadas por la Cámara baja.

Este contraste expone dos enfoques diferenciados: mientras el Gobierno busca concentrar los controles en el mercado clandestino, establecer pautas para los operadores autorizados y preservar las competencias provinciales, la Coalición Cívica apunta a restringir también las estrategias comerciales de las empresas habilitadas.

Acusaciones de lobby y el factor tiempo

En una columna publicada en el diario Clarín, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade acusaron al Ejecutivo de enviar una iniciativa «hecha a medida del lobby» que convalida la publicidad de las plataformas legales, calificándola como «un cambio para que nada cambie».

El próximo 30 de noviembre concluirán las sesiones ordinarias del Congreso. Si bien esta fecha no implica la caducidad inmediata de la media sanción, marca el límite para avanzar sin depender de una convocatoria presidencial a extraordinarias. Así, el proyecto podría conservar su vigencia hasta febrero de 2027, aunque requeriría su inclusión en el temario de extraordinarias para continuar el debate a partir de diciembre.

Maximiliano Ferraro y Mónica Frade reclamaron que el compromiso asumido por Patricia Bullrich se traduzca en convocatorias concretas a las comisiones, la firma de un dictamen y la aprobación definitiva del texto proveniente de la Cámara de Diputados, advirtiendo que cualquier modificación obligaría a devolverlo a la cámara de origen.

El impacto social y las respuestas provinciales

La problemática también movilizó a sectores eclesiásticos. La Comisión Episcopal de Pastoral Social pidió que el expediente no fuera archivado, un reclamo que cobró mayor visibilidad durante la visita de León XIV al país, momento en el que el monseñor Marcelo Colombo, desde la Conferencia Episcopal Argentina, solicitó a los senadores «que se pongan las pilas y que no la dejen morir».

La preocupación cuenta con sustento estadístico. De acuerdo con el estudio Kids Online Argentina, elaborado por Unicef y Unesco, el 24% de los adolescentes de entre 12 y 17 años realizó apuestas por internet al menos una vez.

Ante esta situación, diversas provincias avanzaron con normativas propias. Santa Fe, por ejemplo, impulsó la Ley 14.235 —que regula los juegos y apuestas online— y la Ley 14.293, centrada en la prevención y el abordaje integral de la ludopatía. En febrero, el secretario provincial de Aprecod, Luciano Sciarra, advirtió a El Litoral que la edad promedio de inicio en las apuestas digitales ronda los 13 años, posicionando a la jurisdicción entre las de mayor demanda de asistencia en la línea nacional de juego compulsivo.

La definición del debate en el Congreso recae ahora sobre tres comisiones lideradas por legisladores de La Libertad Avanza: Ivanna Arrascaeta en Salud, Nadia Márquez en Legislación General y Gonzalo Guzmán Coraita en Justicia y Asuntos Penales. La moción de preferencia aprobada en octubre habilita el debate político, pero no reemplaza el dictamen reglamentario ni garantiza, por sí sola, una fecha concreta de votación.


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