Solicitan mejoras
El concurso preventivo en el que ingresó la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos Asistenciales y Vivienda de Carcarañá, producto de una abultada deuda, desnudó la problemática que deben afrontar otras entidades similares en la provincia.
Patricio Dobal
redaccion@miradorprovincial.com
En tiempos de alzas inflacionarias y altos costos laborales, los números de las cooperativas que se ocupan de suministrar servicios básicos como el agua, la luz o el gas están cada vez más tensos. Los directivos manifiestan que la imposibilidad de aumentar tarifas en algunos distritos les impide generar margen para cubrir el esquema de gastos y, más aún, la posibilidad de afrontar inversiones.
El fenómeno se experimenta con mayor gravedad en localidades donde la continuidad cooperativa se ve impedida si no se articula un plan de liquidación de pasivos que se han hecho inmanejables. Tal es el caso de la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos Asistenciales y Vivienda de Carcarañá Limitada, que no tuvo más alternativa que pedir el concurso preventivo de acreedores para establecer un régimen de refinanciación de deudas avalado por un juez.
En Carcarañá, Coperaña -como se conoce a la empresa basada en la economía social que los provee de agua, administra el sistema de cloacas, maneja la electrificación rural y distribuye el gas domiciliario- está en crisis. La cadena de pagos se llevó al límite cuando la provisión de agua potable, el negocio que aglutina más abonados, se convirtió en deficitaria y el resto de los servicios operados pasaron a mantenerla.
“El pasivo se acumuló por un mix entre los desmanejos de anteriores conducciones y la imposibilidad de cubrir el esquema de gastos operativos debido a que tenemos la tarifa congelada desde enero de 2014”, planteó Horacio Olsina, presidente de la cooperativa sanitaria, en contacto con Mirador Provincial. La entidad además nunca pudo hacer funcionar una planta potabilizadora por abatimiento con hierro por la que invirtió una abultada suma.
La problemática en la localidad del departamento San Lorenzo es clara. “El ente concedente, que en nuestro caso es el Concejo Deliberante de Carcarañá, no nos habilita una actualización del arancel que le cobramos a los usuarios hace 20 meses. Recién ahora comenzaron las reuniones para intentar destrabar una suba”, precisó Olsina.
Aunque el volumen de gastos hoy se afronta, el pendiente es una suma heredada de administraciones anteriores. Si bien el pasivo total se definirá una vez cumplido el período de verificación de créditos, a juzgar por la base de deudores del sistema financiero que administra el Banco Central, la Cooperativa de Carcarañá enfrenta un rojo de 2.255.800 pesos que mayoritariamente fue contraído con el Banco Nación.
“Lo evaluamos con los abogados y concluimos en que no había otra alternativa. Con la verificación de créditos que está en marcha vamos a poder determinar fehacientemente el monto total de las deudas que se vinieron generando desde hace ya varios años”, puntualizó el directivo.
El expediente quedó asentado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la 1ª Nominación de Cañada de Gómez, a cargo del juez subrogante José María Fidelibus, quien determinó la apertura de la convocatoria de acreedores el pasado 7 de agosto luego de que la cooperativa presentara la solicitud concursal en abril de este año.
“Si bien concluimos en que el cumplimiento de los compromisos se podrá lograr a partir de establecer un plan de pagos que pueda conformar al grueso de los acreedores, sin aumento de tarifa en el servicio de agua, la realidad nos obliga a girar dividendos de los otros negocios que opera la cooperativa para sostener la provisión sanitaria de la ciudad”, sostuvo Olsina.
Las últimas actualizaciones tarifarias registradas en 2014 generaron la reacción de los
usuarios que son críticos de los aumentos, sobre todo porque advierten que el servicio no es el pretendido, otro factor que le suma polémica a la problemática financiera de la entidad. Ahora bien, sin llegar a los Tribunales, la insolvencia no es excluyente a Carcarañá.
Dificultad generalizada
“Los quebrantos económicos se fundamentan en un solo elemento: no se cumple la ley”, expresó Joaquín Roquero, titular de la Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable y Otros Servicios Públicos Limitada. “El marco regulatorio establecido cuando se privatizó el servicio de agua en los ‘90 es claro a la hora de fijar los cuadros tarifarios que se distribuyen en 17 tipos de servicios a los que se les asigna una fórmula polinómica diferente, que incluye un coeficiente de actualización que no se tiene en cuenta hoy”, precisó.
Ese panorama coloca en terreno del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress) y de las comunas y concejos deliberantes la potestad para habilitar un incremento de la factura de las cooperativas. “Una realidad es la que experimenta la empresa estatal Aguas Santafesinas, que puede recibir partidas desde el propio Ejecutivo. Las cooperativas debemos afrontar los costos operativos y la reinversión de utilidades mayoritariamente en base a nuestra propia recaudación”, dijo Roquero.
“Si hoy pedimos una suba del 30% para funcionar holgadamente, la comuna o los concejales nos aprueban un 5%”, ejemplificó el referente, que a su vez preside la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Vivienda de Bigand. Roquero defiende el sistema de inversiones que desarrollan las entidades en las localidades.
Distinta vara
“El 90% de Bigand está cubierto por el sistema de cloacas y todos los usuarios de agua potable tienen medidores. Ese nivel de prestación se logró gracias a la inversión de la Cooperativa. Frente a esto, el Ente Regulador, lejos de felicitarnos, nos objeta la calidad de los dispositivos medidores, que si bien son los más baratos también son los únicos que pudimos adquirir para cumplir con la normativa. Además, se pregunta qué ocurrirá con el personal afectado a extender la red de cloacas una vez que las obras finalicen. Frente a ello, Aguas Santafesinas, empresa subsidiada, adeuda colocar 600 mil medidores en Rosario y no hay penalidad alguna”, se quejó Roquero.
Lo que solicitan desde el sector cooperativo es que se contemple el esfuerzo que realizan las entidades, sin el factor subsidio que interviene en todas las empresas estatales. “El Ente Regulador es un ente controlador y no se involucra en el esfuerzo que desarrolla una organización en la que todos sus asociados son los dueños y que representa un factor de peso en la provisión de servicios, que de otra manera no llegarían de manera eficiente a muchas localidades. Pedimos que se contemple nuestra situación”, puntualizó Roquero.
CALIDAD VERSUS DÉFICIT
Por Gustavo Capeletti. El presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, Aldo Romagnoli, explicó que si bien la entidad que conduce presenta una economía saneada y se mantiene la calidad de las prestaciones en todos los rubros (energía eléctrica, agua potable, sepelio y traslado de personas), la inflación corroe la vigencia de las tarifas.
El dirigente indicó que algunas de las actividades hoy son rentables y otras, por el contrario, presentan un cuadro deficitario desde lo financiero. “Le venimos poniendo el pecho a la inflación y a los mayores costos, tuvimos un 2014 muy complicado porque no pudimos aumentar la tarifa de energía por un convenio que firmó la provincia con el gobierno nacional, pero finalmente en diciembre se aprobó un incremento del 28% lo que permitió que en enero de este año comience a recomponerse un poco la situación”. Aún así tenemos la energía un 4 ó 5 % más barata que la EPE”, destacó.
Siempre, en sus 75 años de vida, esta cooperativa que cuenta con 8.000 socios se ha manejado en forma muy austera, y en la actualidad puntualmente tuvo que “ajustar gastos de estructuras, pero los servicios mantienen la calidad. Estamos al día con el mantenimiento de cada una de las áreas y no tenemos deudas”, puso de relieve.
Igual -sostiene- “nos preocupa la evolución de los costos, que hace que, por ejemplo, en el servicio de agua potable todos los años perdamos plata”, sostuvo. “Tenemos proyectada una inversión millonaria para la construcción de una subestación energética pero “necesitamos apoyo oficial y privado, solo con el esfuerzo de cooperativa es imposible”, concluyó.
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