En un hecho sin precedentes en el departamento General López, se llevó a cabo la demolición total de dos direcciones en barrio Villa Moisés, identificados catastralmente en la calle Pavón 1880 y Pavón 1880 -vereda impar-. La medida fue impulsada por la justicia provincial, en un esfuerzo por erradicar focos de actividad delictiva y devolver la tranquilidad a los vecinos de la zona.
La decisión de demoler los inmuebles se tomó tras una audiencia que comenzó alrededor de las 13.30 y se extendió hasta las 15.15 en Venado Tuerto, de la cual participaron el encargado de la Unidad Fiscal de Microtráfico dependiente de la Fiscalía General del MPA, quien asistió vía zoom, autoridades municipales, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Unidad Regional VIII. La solicitud estuvo a cago del fiscal Iván Raposo quien fundamentó que se trataba de dos inmuebles construidos en territorios fiscales con un largo historial de hechos delictivos.
Causas del pedido de derrumbe
Desde el año 2019, ambos domicilios habían sido allanados de manera frecuente “con resultados positivos en el secuestro de estupefacientes, tanto por la justicia provincial como federal”, detalló el fiscal Raposo.
Los allanamientos recientes también habían arrojado detenciones (cinco personas que quedaron con prisión preventiva) y el secuestro de gran cantidad de material estupefaciente, elementos de corte, dinero en efectivo, una máquina de contar billetes y un arma de fuego.
A raíz de este caso, “decidí llevar adelante esta audiencia y pedir por primera vez en el departamento General López esta medida de demolición total de esos dos inmuebles. Pedido que se basó primeramente en que se trataban de dos inmuebles ubicados en territorios fiscales”, mencionó el funcionario del MPA. La solicitud de Raposo fue habilitada por el juez Mauricio Clavero.
Además de la actividad criminal, Raposo relató que la situación generaba “intranquilidad en los vecinos residentes de Villa Moisés” y frecuentemente llamaban al 911 reportando incidencias de balaceras u otro tipo de violencia.
La medida de demolición busca erradicar esa situación y brindar seguridad y tranquilidad al barrio, especialmente a los vecinos de las calles Pavón y Marenghini.
Demolición
“La demolición se llevó adelante alrededor de las 16 con la presencia de personal de la municipalidad, el intendente, el delegado del Ministerio de Seguridad, representantes del Poder Legislativo y las fuerzas policiales”, detalló.
El objetivo final es reutilizar esos terrenos para otros fines públicos o usos que no afecten la salud pública ni generen inseguridad o intranquilidad a los vecinos.
Este proceso marca un primer antecedente de este tipo de cese de actividad en el departamento General López en el marco de la nueva reforma del Código Penal.
Ley de Microtráfico
La inactivación de estos puntos de venta forma parte de las medidas contempladas en la Ley de Microtráfico, aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial. Esta normativa establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos vinculados al “narcomenudeo”, que antes eran competencia exclusiva de la Justicia Federal.
Chiarella: “No vamos a permitir que estos lugares sigan funcionando”
“Estamos dando cumplimiento a una medida ordenada por la Justicia, en el marco de una investigación por narcotráfico. Es muy importante desactivar estos lugares, no solo por la actividad ilícita que se desarrolla, sino también por las situaciones de violencia que se generan en torno a estos puntos de venta”, manifestó el intendente Leonel Chiarella, quien estuvo presente durante el operativo de demolición junto a la senadora Leticia Di Gregorio.
El mandatario también agradeció el acompañamiento institucional en cada instancia del proceso. “Quiero destacar y agradecer al Gobierno provincial, al fiscal Iván Raposo, las fuerzas de seguridad provinciales como la PDI y la Unidad Regional VIII y al juez Mauricio Clavero que intervinieron por esta firme decisión de ir a fondo contra la venta de droga. Estas acciones demuestran que cuando se trabaja de manera articulada, con decisión política y respaldo legal, los resultados llegan”, expresó.
En este sentido, afirmó: “No vamos a permitir que estos lugares sigan funcionando. Tenemos las herramientas legales y el compromiso necesario para avanzar. No se trata solo de perseguir a los responsables, sino de intervenir sobre los entornos donde la violencia y el narcotráfico se instalan. Vamos a estar donde haya que estar”, aseveró Chiarella.
Por su parte, Nahuel Pasquinelli expresó: “Esta demolición no es simbólica: marca un antes y un después en la lucha contra la venta de droga en Venado Tuerto. Con la firmeza de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro y nuestro ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, estamos mostrando que se puede actuar con decisión y con respaldo legal para proteger a los vecinos”.
A fondo contra el delito
La denuncia inicial fue presentada el 20 de enero de este año, luego de que numerosos vecinos manifestaran su preocupación por el nivel de actividad ilícita que se registraba en algunos domicilios del barrio. La causa quedó a cargo del fiscal Iván Raposo, quien dispuso la intervención de la Unidad de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), iniciándose una investigación que incluyó tareas de inteligencia, intervenciones telefónicas, seguimiento de movimientos en la zona e identificación de los involucrados.
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