La Junta Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Jucaid) lanzó un enérgico pedido al gobierno nacional para que declare en forma urgente la emergencia en discapacidad. El planteo surge a raíz del profundo deterioro que atraviesa el sistema de atención y acompañamiento a personas con discapacidad, situación que golpea tanto a quienes reciben prestaciones como a sus familias y a los profesionales del sector.
Desde Rosario, representantes de distintas entidades advirtieron que los pagos a instituciones y trabajadores se encuentran severamente demorados, incluso en casos que corresponden a prestaciones brindadas el año pasado. En ese contexto, alertaron sobre la creciente cantidad de centros que enfrentan dificultades para seguir operando y profesionales que se ven forzados a abandonar sus funciones.
“Estamos en una situación crítica. No solo por la falta de recursos económicos, sino por el destrato institucional”, manifestaron voceros de la Jucaid durante una conferencia realizada en Rosario. Según relataron, muchos expedientes son frenados sin justificación en organismos como la Agencia Nacional de Discapacidad o la Superintendencia de Servicios de Salud, lo que impide garantizar el acceso a tratamientos esenciales.
En base a los datos oficiales a los que accedió Mirador Provincial, los retrasos en la cadena de pagos superan los 90 días en numerosos casos, afectando no sólo a instituciones sino también a familias que deben afrontar costos que les resultan imposibles de sostener. A ello se suma una burocracia creciente que desalienta el ingreso de nuevos beneficiarios al sistema.
Las organizaciones que integran la Jucaid destacaron que la problemática no es nueva, pero sí se agravó en los últimos meses, en parte por el desfinanciamiento general y en parte por decisiones que consideran injustificadas desde el plano administrativo. “Hay familias que se ven obligadas a suspender terapias porque no pueden esperar indefinidamente a que las obras sociales les reintegren lo que gastan”, explicaron.
Uno de los puntos más críticos señalados fue la falta de diálogo con autoridades nacionales. “No hay canales abiertos. Llamamos, pedimos reuniones, solicitamos audiencias, pero no obtenemos respuestas concretas”, lamentaron desde el sector. Esta falta de interlocución política agudiza la sensación de abandono que expresan tanto prestadores como usuarios del sistema.
El pedido de emergencia incluye también la necesidad de actualizar los aranceles, que en muchos casos quedaron congelados frente a la inflación. “Los costos de sostener centros terapéuticos o cubrir traslados crecieron mucho, y si no se actualiza el valor de las prestaciones, será imposible seguir brindándolas”, señalaron.
En paralelo, las asociaciones reclaman una mayor fiscalización para garantizar que las obras sociales cumplan con sus obligaciones. Muchos de los reclamos apuntan a que los trámites se dilatan indefinidamente y que se piden requisitos innecesarios que vulneran derechos ya adquiridos.
El mensaje final fue claro: sin decisiones urgentes, el sistema puede colapsar. Desde Jucaid afirmaron que continuarán elevando el reclamo a nivel nacional, pero también buscarán articular acciones con gobiernos provinciales y municipales para mitigar el impacto de esta crisis.
Las entidades rosarinas confían en que la visibilidad pública del tema obligue a las autoridades a tomar cartas en el asunto. Mientras tanto, insisten en que la situación actual no es sostenible ni digna para miles de personas con discapacidad en todo el país.
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