Este miércoles se llevó a cabo una concentración en la plaza de los Mástiles de Casilda, para pedir por la ley de emergencia en discapacidad. El acto tuvo lugar a las 11, donde hubo acompañantes terapéuticos, profesionales, pacientes y familiares. “La situación se está agravando cada vez más por un atraso de los aranceles que se cobran por discapacidad. El nomenclador que paga el Estado para la atención no va acorde a la inflación”, expresó Jorge Taccari, padre de una persona con discapacidad, en diálogo con Mirador Provincial.
Por otra parte, el psicólogo Enrique Lescano, referente del centro de día de la Asociación Civil del Puente de Casilda, advirtió sobre la grave situación que atraviesa el sistema de salud para personas con discapacidad debido a la falta de actualización del nomenclador nacional que regula los valores de los tratamientos.
El nomenclador, establecido por el Ministerio de Salud de la Nación junto con la Secretaría de Discapacidad, fija el costo de cada tipo de tratamiento. Aunque el sistema es mixto, público-privado, el pago final corre por cuenta del Estado a través de las obras sociales. Sin embargo, desde octubre del año pasado no se actualizan los valores, lo que afecta directamente a profesionales e instituciones.
Sobre el proyecto de ley de emergencia en discapacidad
La iniciativa declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional desde la sanción de la ley hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive.
La norma permite modificar leyes y decretos y adoptar medidas legislativas, ejecutivas o administrativas para asegurar, entre otros, los derechosal nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad.
El gobierno nacional deberá asegurar el financiamiento adecuado y sostenible de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social y fortalecer a los prestadores de servicios para personas con discapacidad asegurando «en forma expeditiva y simplificada» el acceso a un régimen de regularización de deudas tributarias.
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