Reglamentación de la Nueva Constitución Santafesina: un desafío legislativo
La entrada en vigencia de la nueva Constitución de Santa Fe implica la obligatoriedad de sancionar al menos veinte leyes para reglamentar sus artículos y disposiciones transitorias. Entre las prioridades legislativas se encuentran la Ley Electoral y el Régimen de Partidos Políticos, buscando su aplicación en las elecciones de 2027.
Debate por la Coparticipación y la Ley Orgánica de Municipios
Intendentes y presidentes comunales reclaman una nueva Ley de Coparticipación antes de septiembre de 2027, junto con una Ley Orgánica de Municipios a aprobarse durante el próximo año. Ambos temas, incluidos en las cláusulas transitorias, fueron centrales en el debate sobre el nuevo régimen municipal. El Foro de Intendentes del Partido Justicialista y el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, plantearon pisos mínimos de coparticipación en la Constitución. El acuerdo con Unidos por Santa Fe estableció un plazo de dos años para la sanción de la nueva ley. El equipo económico liderado por Pablo Olivares comenzará a trabajar en el tema, que luego será considerado por el Poder Ejecutivo y los bloques legislativos.
Antecedentes en la distribución de recursos
La actual Ley de Coparticipación santafesina (N° 7457) data de 1975, con escasas modificaciones en 50 años, a pesar del incremento de funciones asumidas por los municipios. Desde la década de 1990, se registró un recorte en la distribución de Ingresos Brutos, parcialmente reparado por una ley impulsada por el exdiputado Carlos Fascendini. Posteriormente, se ajustaron los porcentajes de Patentes e Impuesto Inmobiliario a favor de los gobiernos locales. La Ley Orgánica de Municipalidades (N° 2756), de 1939, ha tenido diversas actualizaciones. La nueva norma deberá contemplar la eliminación de la figura de las comunas, la incorporación de áreas metropolitanas y regiones, además de los municipios, según lo previsto en el artículo 154 de la nueva Constitución. Este artículo reconoce a los municipios como base de la organización territorial y democrática, garantizando su autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera. La Provincia, a través de una ley, definirá la delimitación territorial de los municipios y los casos de fusión y segregación.
Reforma electoral y el rol del Tribunal Electoral
El Poder Ejecutivo priorizará la Ley Electoral y el Régimen de Partidos Políticos. La cláusula transitoria establece que el Tribunal Electoral, actualmente compuesto por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y dos camaristas, continuará en funciones hasta la sanción de la nueva ley que determine la competencia judicial electoral. Los ministros de la Corte, incluyendo a Rubén Weder, han planteado modificaciones en la conformación y competencias del Tribunal Electoral, sugiriendo la intervención de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Se analiza también la posibilidad de que el Secretario Electoral requiera acuerdo legislativo.
Nuevos derechos electorales y desafíos pendientes
La nueva Constitución habilita el sufragio para mayores de 16 años y extranjeros, incorporándolos al padrón para las elecciones provinciales, hasta que la Legislatura sancione la nueva ley electoral (artículo 56). Restan definir los pisos electorales para la Cámara de Diputados y Concejos Municipales, el diseño de la Boleta Única y la posible unificación de categorías electorales. Estos temas serán abordados luego de las elecciones de octubre, sumándose a los proyectos presentados por los actuales legisladores.
Agenda Legislativa Futura
La agenda legislativa incluirá la Ley Orgánica de Municipios, Áreas Metropolitanas y Regiones; Ley de Coparticipación; Ley de Ordenamiento Territorial; Ley Electoral y Régimen de Partidos Políticos; Ley Orgánica del Poder Judicial; Ley del Ministerio Público; Ley de Traspaso de las Defensorías Civiles y el Ministerio Pupilar al Ministerio Público; Ley de Defensoría del Pueblo; Ley de Procedimiento de Selección de Jueces, Fiscales y Defensores; Ley de Enjuiciamiento de Jueces, Fiscales y Defensores; Leyes de Modificación de la Competencia Judicial; Ley de Responsabilidad del Estado; Ley de Protección de Consumidores y Usuarios; Ley de Educación; Ley de Salud; Leyes de Participación Ciudadana; Ley de Amparo; Ley de Habeas Data; Ley de Habeas Corpus; Ley de Acciones Colectivas; y Leyes Marco de Servicios Públicos.
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