La sentencia de 35 años de prisión para Mauro Nahuel Novelino, cabecilla de una organización narcocriminal que operaba en el sur santafesino, fue destacada por el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, como un «mensaje muy claro hacia las bandas narcocriminales».
Junto a Novelino, otros 22 integrantes de la red fueron condenados en el mismo proceso judicial desarrollado en la Justicia Federal. Chiarella enfatizó que la decisión judicial ratifica el fin de los privilegios dentro del ámbito carcelario.
Denuncias previas y amenazas
El mandatario local recordó sus reiteradas denuncias contra Novelino y otros narcotraficantes de Venado Tuerto, incluso bajo amenazas que buscaban impedir el traslado de presos de alto perfil. Para Chiarella, la condena no solo sanciona los delitos comprobados, sino que sienta un precedente sobre el rol de las cárceles en la planificación del crimen organizado. «Quienes delinquen tienen que estar bien presos», subrayó, reafirmándo la postura de no permitir privilegios a los delincuentes.
Un cambio de paradigma en la lucha contra el narcotráfico
El intendente celebró el fallo judicial, interpretándolo como un cambio de paradigma en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. «Se termina el ‘home office’ desde la cárcel», afirmó, en referencia a la posibilidad de que los reclusos continúen operando sus redes delictivas desde prisión.
Chiarella valoró especialmente el trabajo de quienes iniciaron la investigación, destacando la labor del juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, del fiscal general Javier Arzubi Calvo, quien impulsó la investigación desde la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, y del fiscal general Federico Reynares Solari, quien sostuvo la acusación durante el juicio.
Inhibidores de señal y refuerzo de controles
El intendente vinculó la condena de Novelino con las medidas impulsadas por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, como la instalación de inhibidores de señal en las cárceles provinciales y el refuerzo de los controles en pabellones de alto perfil.
Estas acciones, según Chiarella, son el resultado de una decisión política que busca eliminar los privilegios de los presos para organizar delitos desde la cárcel.
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