En un acto de profundo significado institucional, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, juró la flamante Carta Magna santafesina. La ceremonia, que tuvo lugar en el salón Auditorio de la cartera –el histórico microcine de la Policía–, fue presidida por los secretarios de Justicia, Santiago Mascheroni, y de Asuntos Penitenciarios, Lucía Masneri. Ambos funcionarios desempeñaron roles clave en la reciente Convención Reformadora, con Mascheroni como secretario Parlamentario y Masneri como convencional por el bloque Unidos.
La jura del ministro Cococcioni fue acompañada por la de todos los funcionarios políticos de la cartera, así como por los jefes de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario provincial, instituciones que dependen directamente del ministerio. Posteriormente, la plana mayor de ambas fuerzas de seguridad también prestó juramento, subrayando el compromiso de la cúpula de seguridad con el nuevo ordenamiento constitucional.
El significado institucional de la jura para la seguridad provincial
Consultado por El Litoral, el ministro Pablo Cococcioni explicó que el acto no solo cumple con la cláusula segunda de la Constitución, que exige a las principales autoridades del Estado jurar respeto y cumplimiento del nuevo texto, sino que también reviste un momento simbólico trascendental. «Juran junto con los funcionarios políticos del Ministerio de Justicia y Seguridad los principales referentes, las cabezas de ambas fuerzas de seguridad, de Policía y del Servicio Penitenciario», destacó Cococcioni.
El ministro resaltó la importancia de esta jura al señalar que es la primera vez que la Constitución provincial establece explícitamente la seguridad como un principio básico. El nuevo texto aborda la seguridad ciudadana, las facultades de la policía, la lucha contra el delito y el régimen de detenidos de alto perfil. Este enfoque contrasta marcadamente con la situación anterior, donde «hasta hace un mes en muchísimas cuestiones había que hacer todo un procedimiento deductivo para encuadrar lo que son las políticas criminales y de seguridad», afirmó Cococcioni.
La seguridad pública en la nueva Constitución: un giro conceptual
La nueva Constitución de Santa Fe introduce un cambio conceptual fundamental en la concepción de la seguridad. Según el ministro Cococcioni, el texto vigente «pensó la seguridad no solamente como algo negativo para ponerle límite a la política criminal en garantía de la persona que es sujeta de un proceso, de una investigación, sino también por la positiva para dar herramientas a una política criminal». Este es un aspecto inédito, ya que «es la primera Constitución que dice política criminal». El texto establece que el Poder Ejecutivo diseña la política criminal en coordinación con otros estamentos del Estado, conformando así una política de Estado cuyo fin último es brindar seguridad y procurar que la ciudadanía «viva más tranquila».
Esta perspectiva es novedosa en el constitucionalismo. Mientras que los textos constitucionales tradicionales solían dar por sentada la seguridad, o se centraban en la seguridad de la persona frente al Estado —como el decreto de seguridad individual de 1811 que establecía garantías procesales como un límite al empleo arbitrario de la fuerza—, la nueva Constitución santafesina consagra la obligación del Estado de proveer seguridad como protección frente al delito. Esta es una facultad del Poder Ejecutivo para diseñar un plan de política criminal, una característica poco común incluso en las constituciones más modernas.
Directrices para las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario
La participación de autoridades de la cartera de Justicia y Seguridad en el debate constitucional se refleja en el texto final. El ministro Cococcioni subrayó que la nueva Carta Magna hace mención específica de la Policía y de las fuerzas de seguridad, estableciendo reglas claras para el tratamiento penitenciario. Estas reglas se alejan de la idea unidireccional de resocialización que predominaba en los instrumentos del siglo XX y, de alguna manera, «reflejan lo que estamos tratando de llevar adelante ahora y fortalezcan la lucha contra el delito», indicó el funcionario. Es crucial que tanto el ministerio como las fuerzas estén alineadas con los principios que inspiran esta nueva Constitución.
El desafío futuro: la seguridad como política de Estado ineludible
En la visión del ministro Cococcioni, el desafío que se presenta es más de índole constitucional que político. Explicó que «hasta hace un mes, el que llegaba al ministerio podía venir con un plan de reabrir comisarías, poner destacamentos, cambiar el color del uniforme». Sin embargo, ahora existen directrices claras que constituyen una política de Estado. La planificación de la seguridad debe realizarse en base al análisis criminal y a datos concretos, con indicadores previstos en la propia Constitución. Esto significa que «lo que no queda librado al azar o al devenir de cada gobierno es que sea o no una preocupación en la seguridad. Cada gobierno tiene ahora el peso de que tiene que darle respuestas a la gente en esa materia», puntualizó Cococcioni.
Artículo 30: el eje de la seguridad pública en la Carta Magna
Uno de los pilares fundamentales en relación con la seguridad pública en el nuevo texto constitucional es el Artículo 30. Este artículo establece que «toda persona tiene derecho a vivir en un entorno físico y digital seguro, libre de violencias y amenazas».
La Constitución santafesina reafirma que «la seguridad pública y ciudadana es un deber indelegable e irrenunciable de la Provincia dirigido a mantener el orden público democrático, las instituciones y la seguridad de personas y bienes, que procure el pleno disfrute y ejercicio de derechos y libertades».
Para ello, la Provincia se compromete a promover políticas públicas integrales, multidisciplinarias e inclusivas. Estas acciones están orientadas a la protección de la vida, la integridad personal, la libertad, los bienes, la convivencia pacífica y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Dichas políticas se fundan en la planificación estratégica, la producción y análisis de información, la evaluación de resultados, la articulación con la Nación y los gobiernos locales, y la participación activa de la comunidad.
El artículo también define a «las fuerzas de seguridad y demás órganos encargados de velar por la seguridad ciudadana» como instituciones esenciales de la sociedad, responsables del mantenimiento del orden, la prevención del delito y la actuación ante emergencias. Además, la Provincia garantiza la capacitación continua y la profesionalización de quienes integran estas fuerzas, promoviendo políticas de integridad, transparencia y rendición de cuentas en su funcionamiento. Finalmente, se establece que «la Provincia ejerce el monopolio de la fuerza, la que es siempre excepcional y conforme al ordenamiento jurídico, normas constitucionales y convencionales».
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