Un nuevo «búnker» vinculado a la comercialización de estupefacientes y a violencias altamente lesivas fue derribado este miércoles en la localidad de Frontera, ubicada en el departamento Castellanos. El inmueble, emplazado en la calle 102 al 500, constituye la quinta inactivación física realizada en la ciudad desde que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) asumió la investigación de los casos de microtráfico en la provincia. Este procedimiento se enmarca en los Objetivos Priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.
Autorización judicial y presencias oficiales
La demolición fue autorizada por el juez Javier Bottero, a partir de un pedido formulado por la fiscal Fabiana Bertero, quien está a cargo de la investigación, y el fiscal del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone. Ambos funcionarios judiciales estuvieron presentes durante el procedimiento, acompañados por el Fiscal Regional 5, Carlos Vottero.
Asimismo, en representación del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, asistieron al derrumbe la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, y el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenote. También se hizo presente el intendente de Frontera, Oscar Martínez.
El Inmueble: un «aguantadero» del narcotráfico
La fiscal Fabiana Bertero detalló que «el inmueble había sido cooptado para la actividad ilícita y no tenía residentes permanentes, sino que funcionaba como ‘aguantadero’ de personas vinculadas al microtráfico y delitos conexos». Bertero precisó que la solicitud de demolición se realizó luego de dos allanamientos previos en los que se secuestraron dosis de estupefacientes preparadas para la venta al menudeo. En el marco de estas actuaciones, dos hombres fueron detenidos e imputados en el legajo penal vinculado a esta causa.
Articulación institucional y mensaje del Estado
Por su parte, el fiscal Franco Carbone subrayó que «la inactivación de este búnker es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, la Fiscalía Regional 5 y el Ministerio de Justicia y Seguridad». En tanto, el Fiscal Regional Carlos Vottero indicó que «el procedimiento que se llevó a cabo tiene un fuerte valor simbólico en la comunidad».
Según remarcó Vottero, «es una señal clara de que el Estado está trabajando para recuperar el control territorial y llevar tranquilidad a lugares en los que primaba la violencia extrema».
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