Caren Tepp, primera candidata a diputada nacional por el espacio kirchnerista Fuerza Patria, manifestó su rotundo rechazo al fallo que ratificó la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad. En una entrevista con el periodista Luis Novaresio, la dirigente expresó su convencimiento de que la ex mandataria está siendo objeto de una «proscripción judicial».
«Creo que Cristina claramente está proscripta por una causa judicial en la que no se pudo constatar ninguna culpabilidad; si me preguntas sinceramente, te lo tengo que decir», afirmó Tepp al ser consultada sobre su visión del proceso.
Argumentos sobre la «proscripción judicial» esgrimidos por Tepp
Al profundizar sobre los argumentos de la sentencia y las supuestas irregularidades investigadas en las obras públicas, Tepp reiteró su posición. Según su lectura, el proceso judicial y su desenlace constituyen un claro «intento de proscripción judicial» contra la figura de Cristina Fernández de Kirchner. La candidata de Fuerza Patria insiste en la ausencia de pruebas contundentes que justifiquen la culpabilidad atribuida a la ex presidenta, lo que, a su criterio, devela una intencionalidad política detrás de la acción de la Justicia.
Antecedentes de la Causa Vialidad que involucra a Cristina Kirchner
La Causa Vialidad se inició en el año 2016 y tuvo como eje la investigación de presuntos actos de corrupción en la adjudicación de obra pública. La pesquisa se centró en determinar si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado indebidamente con un total de 51 contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Estas adjudicaciones habrían ocurrido durante los mandatos presidenciales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, períodos en los que se investigó una presunta matriz de favoritismo y desvío de fondos.
La condena confirmada por el máximo tribunal
En 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 dictó sentencia en la mencionada causa, condenando a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Este fallo de primera instancia fue objeto de apelaciones. Finalmente, en 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena, confirmando la pena impuesta a la ex presidenta y la inhabilitación perpetua.
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