El juez federal Martín Cormick declaró la nulidad del protocolo antipiquetes que Patricia Bullrich había impulsado en 2023, y que habilitaba a las fuerzas de seguridad a intervenir en protestas sin orden judicial. Esta decisión judicial, que responde a un amparo presentado por el CELS, establece la inconstitucionalidad de la medida al vulnerar derechos fundamentales.
La justicia declara la nulidad del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich
El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°11, ha dictaminado la nulidad del protocolo antipiquetes que el Ministerio de Seguridad de la Nación había implementado en 2023. Esta resolución surge tras una acción de amparo presentada por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), que argumentó que la normativa atentaba contra derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional. La sentencia subraya que el Poder Ejecutivo carece de facultades para emitir disposiciones que restrinjan garantías básicas de los ciudadanos.
Los argumentos del magistrado para declarar la nulidad de la resolución
Según lo establecido en el fallo, la resolución 943/2023, que facultaba a las fuerzas de seguridad a intervenir en protestas sin la necesidad de una orden judicial previa, vulnera directamente derechos esenciales como la libertad de reunión, la libertad de expresión y el derecho a peticionar a las autoridades. El juez Cormick reafirmó que la Constitución Nacional no permite que una manifestación social sea equiparada a un delito flagrante, lo que habilitaría una represión automática y sin control judicial. De esta forma, la sentencia restituye a los jueces la potestad exclusiva de ordenar el uso de la fuerza en el contexto de protestas sociales.
La prohibición de tareas de inteligencia sobre manifestantes
En un punto crucial de su dictamen, el juez Cormick declaró inconstitucionales las tareas de inteligencia que el cuestionado protocolo permitía. Esto incluye filmaciones, fotografías y el seguimiento de individuos por razones ideológicas o políticas. El magistrado enfatizó que la Ley de Inteligencia Nacional prohíbe taxativamente almacenar información de ciudadanos basándose en su pertenencia a organizaciones o su militancia. Asimismo, la resolución judicial criticó la ausencia de criterios específicos en el protocolo para el abordaje de grupos vulnerables, tales como niños, personas mayores o individuos con discapacidad, quienes requieren medidas de protección especiales durante manifestaciones. Por estas consideraciones, el Ministerio de Seguridad fue exhortado a abstenerse de aplicar el mencionado protocolo y a ajustar su accionar a los preceptos del Código Procesal Penal.
La respuesta de Patricia Bullrich y su férrea defensa del protocolo
Tras conocerse el dictamen judicial, la actual senadora nacional Patricia Bullrich, quien impulsó el protocolo durante su gestión como ministra de Seguridad en 2023, reaccionó con vehemencia a través de sus redes sociales. La legisladora afirmó que el protocolo «fue validado por decenas de jueces» y goza del respaldo de la mayoría de los argentinos. En un tono crítico, Bullrich cuestionó la autoridad del magistrado: «¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno», escribió, en clara alusión a las recurrentes sentencias del juez Cormick contra el Poder Ejecutivo. La senadora nacional también arremetió contra quienes celebraron la nulidad, señalando: «¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización». A su criterio, los verdaderos afectados por esta decisión judicial son «los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz». Finalmente, Patricia Bullrich ratificó su compromiso con la iniciativa que promovió, sosteniendo que «este protocolo recuperó el orden en la Argentina y se aplicó desde el día uno, con decisión y firmeza», y concluyó con un categórico mensaje político: «El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás».
El escenario de apelación para el poder ejecutivo
La sentencia del juez federal Martín Cormick no es definitiva y el Gobierno nacional cuenta con la prerrogativa de apelar la resolución ante instancias judiciales superiores. Es importante señalar que este no es el primer revés judicial que el magistrado Cormick propina al Poder Ejecutivo en un período reciente. Días atrás, el mismo juez había fallado en contra del gobierno por el presunto incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que añade un precedente a su postura crítica frente a determinadas acciones gubernamentales.
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