El lunes 9 de febrero comenzará a sustanciarse, a puertas cerradas y ante un jurado popular, el debate que tiene como imputados a dos policías acusados de abusar de dos menores, que al momento de los presuntos hechos tenían 15 y 13 años. Quienes llegan a debate son el cabo Samuel Enrique Morel y el agente Ezequiel Alejandro García. La acusación pública es responsabilidad de las fiscales Valeria Vilchez y Fernanda Rufatti. Las defensas están en manos de Iván Vernengo, Damián Petenatti y Claudio Berón. La querella es ejercida por Guillermo Mulet y Leonardo Schoenfeld. Están imputados del delito de Abuso sexual con acceso carnal agravado. Presidirá el debate el juez técnico del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Alejandro Cánepa.
La causa comenzó a sustanciarse por una denuncia que presentó en julio de 2016 la defensora Penal de Niños, Niñas y Adolescentes N° 8 por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de dos chicas que tenían 13 y 15 años al momento de los hechos. Los supuestos abusos habrían ocurrido el 5 de julio de 2016 a la madrugada, en un vagón de tren ubicado en la Sección Guardia Especial, en la ex Estación de Trenes de Paraná, sita en Pascual Palma, entre Racedo y Pronunciamiento.
En un principio, la causa tuvo como imputados a cinco efectivos de la Policía de Entre Ríos por dos hechos en los que habrían desplegaron distintos roles. Sobre las supuestas víctimas pesaban sendos pedidos de localización por haberse fugado de la Residencia Mujercitas del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).
PROCESO
Desde 2016 a la actualidad tres de los sospechados resolvieron sus situaciones procesales a fines de 2017 mediante juicios abreviados en los que se destacó que no tuvieron nada que ver con los supuestos abusos.
En primera instancia aquellos acuerdos fueron rechazados por el juez de Garantías N° 5, Mauricio Mayer, que el mismo jueves 7 de septiembre de 2017 fundó su posición en disconformidad con la calificación legal acordada entre las partes. En aquella audiencia, según precisaron fuentes judiciales, Vilchez “cambió la calificación legal porque entendió que se comprobó que los tres efectivos desconocían absolutamente las intenciones de sus colegas y lo que sucedió a la postre; lo único que hicieron fue estar durante 15 minutos en el mismo lugar con las chicas y que su única responsabilidad es la de ser funcionarios policiales”.
El 21 de noviembre de 2017 la jueza Paola Firpo, ante la ausencia de uno de los querellantes, decidió pasar a un cuarto intermedio para resolver las propuestas de trámite abreviado. Posteriormente el acuerdo fue homologado en los términos en que fue presentado.
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