La Justicia ratificó la prisión preventiva para Ana V. D., madre del conocido narcotraficante Maximiliano «Wacho» Ríos, y su hermano Rodrigo, tras una audiencia en la que el fiscal Iván Raposo expuso elementos probatorios que los vinculan a diversas actividades ilícitas en la localidad de Venado Tuerto.
Ambos son sindicados como parte de una estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes, principalmente cocaína, utilizando los fondos obtenidos para la adquisición de dólares en una agencia local y su posterior reinversión en la compra de más droga.
El allanamiento y las pruebas clave
Semanas atrás, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llevó adelante un allanamiento en la vivienda de calle Almafuerte al 1600, donde residían los imputados. En el procedimiento se realizó la requisa y el secuestro de dos teléfonos celulares, cuyo contenido resultó determinante para la causa en trámite.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los dispositivos contenían audios y mensajes de texto que detallan el accionar de la organización. Entre los elementos de prueba, se encontraron referencias a la continuidad de amenazas contra el intendente Leonel Chiarella, así como un presunto plan para intentar atentar contra la vida del jefe de la Policía de Investigaciones.
La fiscalía sostiene que el dinero recaudado por la venta de cocaína era destinado a la compra de divisa extranjera en una agencia no autorizada de Venado Tuerto, para luego ser utilizado en la adquisición de más estupefacientes, sosteniendo y expandiendo la operatoria ilegal.
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En forma paralela, la investigación desprendió que Ana V. D. administraba un casino online de funcionamiento irregular, identificado bajo la denominación «Zeus». Esta actividad, según la parte acusadora, también formaba parte del entramado delictivo, generando ingresos adicionales para la organización. La explotación de juegos de azar sin la debida habilitación constituye un delito que se suma a las imputaciones por narcotráfico, amenazas y maniobras financieras espurias que pesan sobre los investigados.
Con los nuevos elementos incorporados al expediente, la Justicia consideró que persisten los riesgos procesales y, en consecuencia, resolvió mantener la prisión preventiva de ambos acusados mientras la pesquisa sigue su curso. La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en los próximos días, en el marco de una investigación que involucra delitos de alta complejidad.
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