La Cámara de Diputados de la Nación celebrará los días 25 y 26 de marzo una audiencia pública clave sobre la Ley de Glaciares, adoptando una modalidad mixta para garantizar un debate con alcance federal. La primera jornada será presencial en el Congreso, mientras que la segunda estará destinada a que referentes alejados de Buenos Aires participen de forma virtual, atendiendo así la condición de «federal» en el centro del debate. Esta decisión fue impulsada desde las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, esta última liderada por el santafesino Nicolás Mayoraz.
Audiencia Pública para la Ley de Glaciares: Un Debate en Marcha
El pedido del Interbloque Unidos y otros sectores políticos que integran la Cámara de Diputados de la Nación para la realización de una audiencia pública previa al tratamiento de la Ley de Glaciares obtuvo una respuesta positiva. Este miércoles, el Plenario de las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, a cargo de José Peluc (San Juan), y de Asuntos Constitucionales, presidida por el santafesino Nicolás Mayoraz, resolvió que el trámite se desarrollará los días 25 y 26 de marzo, en el horario de 10 a 19 horas.
El propósito de estas jornadas será escuchar las diversas opiniones de referentes y especialistas sobre el tema, que ha estado en debate desde su incorporación en la Ley de Bases y obtuvo media sanción en el Senado el 26 de febrero, al cierre del período extraordinario de sesiones.
Detalles y Mecanismos de la Convocatoria
La convocatoria del plenario para la reunión de este miércoles se había concebido, inicialmente, para debatir el texto girado por la Cámara Alta con la intención de avanzar en un dictamen y acelerar su tratamiento en el recinto. Sin embargo, el encuentro comenzó directamente con la discusión sobre la realización de la audiencia pública, a partir de una solicitud que se hizo pública el martes.
En ese sentido, la propuesta original de LLA se limitaba a una única jornada, pero posteriormente se decidió sumar un día adicional. Esta extensión se logró ante la insistencia de bloques no oficialistas para que la audiencia pública (cuyos lineamientos están previstos en el artículo 114 bis del Reglamento de la Cámara) garantizara un carácter federal. No obstante, ni Unidos ni Unión por la Patria consiguieron imponer su voluntad de trasladar el debate a las provincias a fin de asegurar la participación en los territorios involucrados o afectados por la ley (que son más de los que poseen glaciares). Sí se aceptó la propuesta de Sabrina Selva (UxP-Buenos Aires) para extender la modalidad por un día más.
El plan de trabajo establece que la presencia de referentes de las provincias que no puedan trasladarse hasta la Cámara será por medios electrónicos (por ejemplo, Zoom). En definitiva, la audiencia pública se realizará en dos jornadas: el 25 de marzo, de manera presencial en la Cámara, y al día siguiente, por vía virtual. En cualquier caso, se abrirá una modalidad de inscripción hasta 24 horas antes de la fecha de audiencia, se garantizará la difusión de la convocatoria y la transmisión oficial de las jornadas. Para quienes participen, se pondrá a disposición la ley vigente, el proyecto que la modifica y la media sanción del Senado, así como la versión taquigráfica de esa sesión.
Fundamentos y Antecedentes del Debate
La convocatoria a una audiencia pública, tal como solicitaron integrantes del Interbloque Unidos, con Maximiliano Ferraro a la cabeza, se fundamenta en el Acuerdo de Escazú, que nuestro país incorporó a su cuerpo legal en 2020 bajo el número 27.566. Además, se basa en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en la Ley General de Ambiente.
Con el antecedente de la discusión de la Ley de Medios, que también se llevó a las provincias, y la reforma del Código Civil y Comercial, la oposición mantuvo el criterio de trasladar el debate al interior del país, una cuestión que finalmente se modificó por la posibilidad de participar por otros medios. Aún ante la insistencia de voces como la de María Inés Zigarán (Provincias Unidas, Jujuy) para que se realicen audiencias en las cinco regiones glaciológicas existentes en el país, primó el criterio del oficialismo, basado en que «el federalismo se garantiza escuchando todas las voces».
El Proyecto Aprobado en el Senado y sus Controversias
El proyecto aprobado en el Senado por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, define el objeto de glaciar y ambiente periglacial. Además, delega «la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias», lo que implica que los gobernadores pasarán a tener el control y monitoreo. El principal argumento en contra de opositores y organizaciones ambientales es que, cuando esa zona está fuera del Inventario, queda habilitada la posibilidad de exploración y explotación minera e hidrocarburífera que, como establece el proyecto, queda a consideración de cada provincia.
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