La Defensoría del Pueblo bonaerense solicitó a la fiscalía de Benavídez que evalúe aplicar la Ley Nacional de Conservación de la Fauna en la causa contra Sebastián Favre, el vecino de Nordelta filmado mientras disparaba con un arma contra un carpincho. El organismo requirió que el ataque sea investigado bajo una figura penal más grave por daño a la fauna silvestre, que se suma a los cargos ya existentes por maltrato y crueldad animal.
La presentación judicial
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires solicitó que se investigue como un posible delito contra la fauna silvestre el episodio en el que Sebastián Favre, vecino de Nordelta, fue filmado mientras disparaba contra un carpincho.
La presentación formal fue realizada ante la UFI N°1 descentralizada de Benavídez, a cargo del fiscal Cosme Iribarren. El organismo, conducido por Guido Lorenzino, pidió que se analice una imputación más grave por el ataque a fauna silvestre, además de las figuras de maltrato y crueldad animal que ya forman parte de la investigación en curso.
En el escrito, la Defensoría planteó específicamente que se evalúe la aplicación del artículo 25 de la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna, en combinación con las disposiciones de la Ley 14.346, vinculadas con el maltrato y la crueldad hacia los animales.
Los alcances de la normativa
Según explicó el organismo requirente, el artículo 25 de la Ley 22.421 establece sanciones penales para quien cace animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización se encuentre prohibida o vedada. La pena prevista en la norma va de dos meses a dos años de prisión, además de hasta cinco años de inhabilitación especial.
Asimismo, la legislación contempla supuestos agravados. En esos casos, la escala penal aumenta de cuatro meses a tres años de prisión, mientras que la inhabilitación puede extenderse hasta los diez años.
Para la Defensoría, el episodio protagonizado por el vecino de Nordelta podría encuadrarse dentro de una de estas situaciones agravadas, lo que incluiría una eventual inhabilitación para utilizar armas de caza. Desde el organismo aclararon que se trataría de un delito excarcelable, aunque consideraron que una sanción de este tipo podría tener un carácter ejemplificador.
El argumento sobre los disparos
Uno de los ejes centrales de la presentación radica en sostener que, para analizar la conducta bajo la legislación de protección de la fauna silvestre, no resulta indispensable comprobar que alguno de los proyectiles haya impactado contra los ejemplares.
Para fundamentar este punto, la Defensoría citó el artículo 265 del Código Rural de la provincia de Buenos Aires, el cual define como acto de caza a todas aquellas técnicas destinadas a buscar, perseguir, acosar, apresar o matar animales silvestres.
A partir de esta definición legal, el organismo sostuvo que la eventual ausencia de un animal herido o muerto no alcanza, por sí sola, para descartar la relevancia jurídica de los disparos efectuados en el lugar.
Protección en territorio bonaerense
El escrito presentado ante la fiscalía en turno señala también que el carpincho no figura entre las especies cuya caza se encuentra habilitada en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Por este motivo, remarcaron que el animal está comprendido dentro del régimen general de protección de la fauna bonaerense.
Por último, la presentación requirió que se tome en consideración el lugar donde se produjeron las detonaciones. Al respecto, el Código Rural establece prohibiciones específicas que penalizan la práctica de la caza tanto en áreas urbanas o suburbanas como en sectores que habitualmente registran la concurrencia de público.
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