La docencia universitaria de todo el país comenzó el 23 de marzo una medida de fuerza diferente, hubo una semana de paro en medio de un plan de lucha que contiene medidas para todo el cuatrimestre. “Exigimos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario para recuperar el poder adquisitivo perdido con el gobierno de Milei: hoy los salarios docentes deberían aumentar 50% para equiparar la situación de noviembre de 2023”, plantearon al dar razones.
La ley de financiamiento universitario fue aprobada por el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo la vetó, el Congreso hizo caer este veto al ratificarla con dos tercios de los votos, y a pesar de llevar más de 150 días promulgada, el Gobierno sigue sin aplicarla. A través de un fallo del juez Cormick, el Poder Judicial ordenó al Gobierno Nacional cumplir de forma inmediata con los fondos para las universidades, pero eso tampoco se ejecutó.
A su vez, el Gobierno mandó al Congreso un nuevo proyecto para modificar la ley vigente: propone reemplazar la recomposición del 51% por un incremento del 12,3% en tres cuotas, la última a cobrar en septiembre. De esa manera, el Ejecutivo nacional no se hace responsable de la deuda salarial de 2024, que constituye la mayor parte.
Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) pusieron números al problema. Según explicaron, “la garantía salarial continúa congelada hace más de un año y muchos docentes cobran $250 mil por 10 horas, $1 millón por 40 horas. Con estos salarios hoy la docencia universitaria está endeudada, con pluriempleo y trabajando en apps como Rappi o Uber”, señalaron.
SOSTENIDOS POR LA VOCACIÓN
En Concordia la medida se hizo sentir. Durante la semana de paro, según relevamientos de las universidades, más del 90% de los docentes adhirió a la protesta. Algunos se unieron durante algunas jornadas y en otras fueron a cumplir con compromisos asumidos anteriormente.
Marina Zapata es la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER. En diálogo con Mirador Entre Ríos explicó por qué llegaron a tomar una medida tan extrema, cómo sigue la lucha y cómo se sostiene el sistema, a pesar de la falta de presupuesto. “El motivo de las medidas que estamos tomando está claro, es la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada el año pasado y que fue sancionada pero no está teniendo aplicación. Esa ley contempla el incremento de los gastos de funcionamiento. Es algo bastante acuciante en este momento ya que en el caso de las universidades que tienen hospitales públicos afecta las partidas de esos hospitales y también afecta a los laboratorios de todas las universidades del país”, explicó.
–¿Saben qué nivel de acatamiento tuvo la semana de paro?
–Tuvo un nivel de acatamiento muy alto. Por lo que pudimos observar, fue de casi un 100%. En la Facultad de Alimentación decidimos llevar a cabo igual algunas actividades que ya estaban programadas y no podíamos posponer, así como también los trabajos científicos los llevamos a cabo igual, porque las investigaciones llevan mucho tiempo y a veces se puede perder un trabajo de años por no atender en tiempo y forma un requerimiento. También algunos docentes respondieron dudas en las aulas virtuales. En cierta medida, sostuvimos el acompañamiento a las trayectorias.
–¿Hay proyectos que no pueden realizar?
–Sí, claramente. Todo lo que es presupuesto de ciencia, técnica y extensión está cortado, por lo que la investigación está en una situación muy crítica. Contar con un presupuesto muy acotado para el funcionamiento cotidiano de las universidades está siendo muy angustiante porque no permite que ofrezcamos la calidad que deberíamos ofrecer. También estamos solicitando el incremento de los números y de los montos de las becas estudiantiles, que son fundamentales para mantener las trayectorias académicas en las universidades públicas para aquellos estudiantes que tienen menores recursos, pero para eso tampoco hubo respuestas y sabemos que puede significar problemas para aquellos que quieren seguir formándose y no tienen los recursos.
–¿También reclaman por el aumento en el sueldo docente?
–Sí. Los gremios vienen pidiendo reuniones paritarias, pero tampoco tienen respuesta. Actualmente, los salarios tienen un atraso de un 51% y eso se siente. Es necesario mantener un diálogo para saber cómo van a atender eso, pero no hay intenciones por parte del gobierno.
CÓMO SIGUE
–Las marchas que hicieron el año pasado fueron muy masivas ¿Habrá alguna este año?
–Probablemente sí. Todo esto se habla a nivel nacional y, por lo que hemos visto, tal vez haya algún movimiento de ese estilo en abril. Ahora habrá otra semana de paro desde el lunes 30 y a fines de abril, tal vez ahí haya oportunidad de salir a la calle de nuevo. Queremos que el mensaje se escuche, porque necesitamos las universidades públicas abiertas para todo el que quiera estudiar. No queremos universidades restrictivas y queremos que todos puedan soñar con tener una profesión, un futuro. Lo que buscamos es no perder la calidad educativa, no dejar caer ese prestigio que tiene nuestra universidad pública argentina.
–¿Creés que buscan que se privatice?
–Espero que no, todo esto da que pensar, pero por eso luchamos, para que todos sigan teniendo la posibilidad. Hay muchos docentes con gran vocación que están sosteniendo a la universidad para no perder nuestras luchas históricas. Lamentablemente estamos sostenidos por la vocación, porque muchos docentes aun siendo profesionales siguen dando clases y luego tienen otra actividad complementaria para poder llegar, con suerte, a fin de mes. No debería suceder, no es lo correcto, pero hay gente con mucha convicción de que la educación es la forma de sacar un país adelante y ese es el espíritu que está sosteniendo en gran parte hoy y motorizando las universidades públicas.
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