Los ministros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti presentaron el Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados en un acto celebrado en la Sala de Audiencias del máximo tribunal. Esta iniciativa, aprobada por acordada 4/2026, busca eliminar la discrecionalidad y priorizar la idoneidad en la designación de jueces.
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, presentaron el «Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados», aprobado mediante la Acordada 4/2026 el pasado 25 de marzo.
El evento contó con la presencia de Horacio Rosatti, consejeros del Consejo de la Magistratura, camaristas y jueces federales y nacionales, representantes del Ministerio Público y de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También asistieron integrantes de la Comisión de Acuerdos del Senado, académicos, líderes de opinión, organizaciones sociales y periodistas especializados, ante quienes Rosenkrantz y Lorenzetti expusieron el espíritu y los alcances de su iniciativa.
«Nos sentimos obligados a promover la iniciativa en virtud de la necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento y ante nuestra comprobación de que ninguno de los proyectos presentados hasta hoy al Consejo, a pesar de que muchos de ellos sugerían reformas muy positivas, han llegado en estos años al Plenario», señaló Rosenkrantz. Y añadió: «La propuesta que hemos enviado al Consejo busca identificar a los mejores candidatos mediante una estrategia simple: eliminar la discrecionalidad. Y esa estrategia se operativiza mediante varias innovaciones».
El ministro de la Corte Suprema enfatizó la naturaleza sistémica de la propuesta: «La propuesta que hoy presentamos es sistémica. Como toda propuesta sistémica, tiene una lógica interna que puede ser modificada, abierta o subrepticiamente, con la mera alteración de algunos de sus puntos nodales. Por eso, consideramos que el Consejo de la Magistratura debería hacer un esfuerzo para evaluarla, si es posible pronto, y, esperamos, aprobarla, sin modificar sus aspectos centrales. El Consejo tiene hoy en sus manos la posibilidad de hacer que una aspiración institucional fundamental para el país, que tiene más de 40 años, sea de ahora en más una realidad».
Por su parte, Lorenzetti destacó que «esta es una propuesta en un momento adecuado, cuando todos pensamos que podemos trabajar en algo común. Es importante, para tener esperanzas y un proyecto en común, hacer un buen diagnóstico, porque si no hacemos una autocrítica de lo que hemos hecho o de la situación actual, no vamos a poder detectar los problemas ni las soluciones. Esta acordada tiene una primera expresión que habla de un déficit estructural. Es importante señalar que existe ese déficit estructural y, como dijo recién el Dr. Rosenkrantz, no es algo que haya nacido de nuestra imaginación: es un reclamo que hemos recibido de jueces, juezas, secretarios, secretarias, abogados y abogadas de todo el país. Es un reclamo generalizado e importante, y nosotros, como cabeza de un Poder del Estado, tenemos la responsabilidad de dar una respuesta».
En ese sentido, Lorenzetti agregó: «El problema que advertimos, este déficit estructural, no se da solo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, sino también en muchos procesos de selección en las provincias, donde hemos advertido un deslizamiento progresivo hacia una creciente partidización en la designación de jueces y juezas en todos los niveles. Es como un puente que ya se transita demasiado entre los poderes ejecutivos y los judiciales. Entonces, la idea es llamar la atención sobre este proceso y ponernos a trabajar. El objetivo es regularizar para definir la discrecionalidad. La discrecionalidad es el tema central. Se trata de evitar que la selección de jueces y juezas sea algo arbitrario, discrecional, oscuro, que responda a intereses poco claros y que, además, varíe según los cambios políticos del momento, tanto en la Nación como en las provincias».
La Acordada, que lleva la firma de ambos ministros, propone una reorganización integral del proceso de selección de magistrados, cuyo resultado final es la terna de candidatos que se envía al Poder Ejecutivo. A través de este nuevo reglamento, el máximo tribunal propone un proyecto integral con modificaciones sustanciales basadas en la idoneidad, el mérito, la transparencia y la trazabilidad, para que sean consideradas por el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de llevar a cabo los concursos.
El documento subraya que la Corte es la «cabeza de este Poder del Estado y órgano supremo de la organización judicial argentina». Si bien reconoce la función del Consejo de la Magistratura, el máximo tribunal enfatiza su rol de colaborar con él, «impulsando las reformas reglamentarias necesarias para corregir disfuncionalidades sistémicas».
Las mejoras introducidas buscan «garantizar que el mérito y la idoneidad sean el vector determinante de la selección de magistrados», con el objetivo de «reducir aún más potenciales ámbitos de discrecionalidad».
La Acordada destaca la importancia de una evaluación de antecedentes que premie «el rendimiento académico de excelencia y el mérito real» por sobre el tránsito burocrático. Además, se pretende asegurar el pleno anonimato en la prueba de oposición e introducir «reglas más claras y previsibles» para la entrevista personal.
Figuras presentes
Entre los asistentes al acto se encontraban los consejeros del Consejo de la Magistratura: Agustina Díaz Cordero, Santiago Viola, Diego Barroetaveña, Jimena de la Torre, Hugo Galderisi, César Grau, Alberto Lugones, Alberto Maques, Alejandra Provítola, Guillermo Tamarit, Fernanda Vázquez y Eduardo Vischi. También estuvo presente el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller, junto a secretarios de distintas comisiones, y los exconsejeros Alejandro Fargosi, Pablo Tonelli, Adriana Donato, Jorge Yoma, Graciela Camaño y Gerónimo Ustarroz.
Asimismo, asistieron el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y los exministros del área Germán Garavano, Mariano Cúneo Libarona y Marcela Losardo. Del ámbito provincial, se destacó la presencia de la presidenta de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, y el ministro de la misma corte, Daniel Soria; la presidenta del Tribunal Superior de la CABA, Inés Weinberg, y los ministros de dicho tribunal, Marcela De Langhe, Luis Lozano y Santiago Otamendi; el presidente del Superior Tribunal de Chubut, Javier Raidan, y el presidente de la Suprema Corte de Jujuy, Federico Otaola.
Mecanismos
En cuanto a los mecanismos del proyecto, la Acordada prevé la existencia de dos tipos de concursos: el anticipado (como regla general) y el especial (como excepción).
En los concursos anticipados, solo podrán cubrirse 8 cargos por proceso, mientras que los especiales podrán ser simples (1 cargo) o múltiples (con un tope de 9 cargos). Los anticipados deberán preverse en un «Plan Anual de Concursos Anticipados», que será aprobado por la Comisión de Selección y el Plenario.
La inscripción a los concursos públicos de oposición y antecedentes será continua, pública y permanente, y se efectuará mediante un sistema digital unificado. Para ello, se crea un legajo personal digital, individual e intransferible, de actualización sencilla y permanente, cuya creación será requisito indispensable previo o simultáneo a la inscripción a cualquier concurso. Este legajo será accesible para consulta por el propio interesado, por los demás aspirantes del mismo concurso y por los integrantes del Consejo, garantizando la confidencialidad de los datos personales y sensibles, conforme con la normativa vigente en la materia.
La prueba de oposición escrita se dividirá en dos etapas: una general, compuesta por 120 preguntas sorteadas entre un banco de 2000 y de corrección automatizada; y una especial, que se subdivide en dos partes (razonamiento e interpretación de caso cerrado; y resolución de caso práctico con sentencia). Las consignas serán elaboradas por un Comité de Examen y corregidas por un Jurado Evaluador. Se establecerá un sistema informático que garantizará el anonimato, aprovechando las nuevas tecnologías para asegurar la transparencia y trazabilidad de todos los procesos de selección.
Al momento de calificar los antecedentes, se dispondrán diversas pautas objetivas, reduciendo así la arbitrariedad. Posteriormente, se elaborará un orden de mérito provisorio, convocando a una entrevista personal a los seis mejores posicionados. Estas entrevistas serán públicas, transmitidas por medios audiovisuales y abiertas a la ciudadanía. A esta etapa se le reducirá la cantidad de puntaje a solo 20 puntos.
Finalmente, la Comisión de Selección presentará un dictamen con la terna de candidatos, el orden de mérito y los puntajes. En esa instancia, el Plenario deberá citar a audiencia pública a los postulantes y, posteriormente, aprobar o desechar el concurso.
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