Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, afirmó hoy en el AmCham Summit 2026 que el acatamiento obligatorio de los fallos del máximo tribunal es indispensable. Esta medida, explicó Rosatti, garantiza la previsibilidad y seguridad jurídica «para todos», un pilar crucial para el desarrollo y las inversiones en el país.
La Seguridad Jurídica como Pilar del Desarrollo: Las Claves de Horacio Rosatti
Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, reafirmó hoy la necesidad de que los fallos del máximo tribunal sean de «obligatorio acatamiento». Durante su intervención, Rosatti subrayó que esta previsibilidad es fundamental para el inversor y garantiza la seguridad jurídica, argumentando que la calidad institucional es el motor del crecimiento económico y la certeza para las inversiones.
El titular de la Corte Suprema enfatizó que la seguridad jurídica debe ser un principio universal. «Debe ser para todos, no para unos y no para otros, porque si no, no es segura», sentenció. Explicó que la concreción de una inversión no solo depende de la interpretación de un tratado, sino también de factores como cláusulas medioambientales provinciales, tasas municipales o leyes que definen la jurisdicción en caso de conflicto. Según Rosatti, estas cuestiones deben ser resueltas por la Corte Suprema, y su decisión debe ser acatada por todos los tribunales inferiores, lo que permite a todos los actores «saber a qué atenerse», brindando certeza tanto al inversor como a quien recibe la inversión.
Estas declaraciones se produjeron durante el discurso que Rosatti brindó en la edición 2026 de AmCham Summit, el tradicional encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, donde analizó «La institucionalidad como pilar del desarrollo».
Rosatti recordó que la Organización de Naciones Unidas comenzó hace años a medir la fortaleza de las naciones no solo por su crecimiento económico, sino también por factores como la salud o la educación. A esta lista, el ministro de la Corte propuso añadir «la calidad institucional» y «la independencia del Poder Judicial», pilares esenciales para la seguridad jurídica.
«Cuando uno habla de derecho vinculado a los intercambios económicos e internacionales, lo que está pensando es en la seguridad jurídica», puntualizó. Si bien todos la defienden, Rosatti observó que no todos lo hacen de la misma manera. Para él, seguridad jurídica significa «seguridad para el inversor, seguridad para quien recibe la inversión», reiterando que «si la seguridad jurídica no es para todos, no es segura».
El presidente de la Corte Suprema destacó la importancia de estas certezas en los procesos de inversión. La seguridad pública, afirmó, se compone de dos elementos: uno normativo, que abarca regulaciones, desregulaciones, tipo de cambio, criterios tarifarios y política impositiva; y otro institucional, vinculado al funcionamiento regular del sistema republicano, la división de poderes y la independencia del Poder Judicial. En este sentido, Rosatti resaltó que el Poder Judicial interviene en ambos componentes, tanto en la interpretación de las normas como en la decisión sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, y «en el vértice del Poder Judicial está, como todos sabemos, la Corte Suprema de Justicia«.
Al respecto, Rosatti enfatizó la alta demanda y el rol preponderante de la Corte Suprema argentina. Comparó su labor con la de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que trata cien casos por año, mientras que el máximo tribunal de la Argentina emite 15 mil sentencias anuales. «Quiere decir que hay un requerimiento y una necesidad de respuesta muy superior», afirmó, y agregó que muchas de estas cuestiones están directamente relacionadas con la seguridad jurídica y las inversiones.
Finalmente, Rosatti insistió en que el acatamiento obligatorio de las decisiones de la Corte es crucial para «darle previsibilidad a una inversión». Argumentó que «el acatamiento obligatorio de las decisiones de la Corte no está prohibido en la Constitución de ninguna manera» y que la doctrina del máximo tribunal es fundamental para atraer y sostener las inversiones. «Una inversión se puede concretar o no lograr no solamente por la interpretación de un tratado, sino también por una cláusula provincial medioambiental, por una tasa municipal, por una ley que ponga en juego qué jurisdicción o qué tribunal debe intervenir en el caso de conflicto», concluyó, reafirmando que estas cuestiones deben ser resueltas por la Corte y su decisión debe ser de obligatorio acatamiento para todos los tribunales inferiores.
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