El sistema de salud mental de Santa Fe atraviesa una tensión cada vez más visible: crece la demanda, se agravan las situaciones y la estructura estatal no logra expandirse al mismo ritmo. Principalmente, porque el 10% del presupuesto de Salud que debería tener este área según la ley, no se cumple.
El informe 2025 del Órgano de Revisión provincial ofrece una radiografía precisa de ese desfasaje y ahora enfrenta, además, un contexto político donde el gobierno de La Libertad Avanza pretende modificar la normativa vigente. Desde el órgano y también del Consejo Consultivo de la ley advierten que es un retroceso hacia la medicalización y el encierro de las personas.
Estadísticas de una salud mental entre algodones
Durante el último año se registraron 2.035 situaciones intervenidas por el órgano de revisión de ley de Santa Fe que empezó a funcionar en 2023. El número, por sí solo, da cuenta del volumen de trabajo que hoy absorbe el sistema sanitario, que confirmó también la ministra de Salud Silvia Ciencia cuando habló de un aumento de 133% de consultas por este motivo en las guardias entre 2022 y 2023. Pero lo que enciende las alertas no es únicamente la cantidad, sino el tipo de problemáticas que llegan a esa instancia: cada vez más casos se presentan en etapas críticas, cuando las redes previas de contención ya no lograron sostener la situación.
El dato más contundente del informe aparece en las infancias. De las 2.035 situaciones registradas en 2025, 486 corresponden a niñas, niños y adolescentes. En ese universo se contabilizaron 472 internaciones involuntarias. La tendencia se vuelve aún más preocupante cuando se observan los motivos: se registraron 300 situaciones vinculadas a ideación suicida o intentos autolíticos, con una particularidad que marca un punto de inflexión, ya que 156 corresponden a menores y 141 a personas adultas. Ese desplazamiento no es menor. Indica que las crisis más agudas ya no se concentran exclusivamente en trayectorias prolongadas de adultos, sino que emergen con fuerza en edades tempranas. A esto se suman 51 ingresos de niñas, niños y adolescentes por crisis subjetivas, frente a 32 en adultos, lo que refuerza la idea de un sistema que interviene cuando el padecimiento ya alcanzó niveles críticos.
En la población adulta, en cambio, las internaciones continúan vinculadas mayormente a procesos de mayor duración. Durante 2025 se registraron 424 ingresos por descompensación de cuadros de base y 265 por consumos problemáticos, lo que da cuenta de trayectorias atravesadas por recaídas y falta de continuidad en los cuidados. En ese mismo período se contabilizaron además 97 episodios de excitación psicomotriz en adultos, mientras que en menores la cifra ascendió a 62 casos. El informe que figura al igual a los de los años anteriores, también deja al descubierto un problema de gestión que atraviesa todo el sistema: 370 internaciones de adultos y 95 de niñas, niños y adolescentes fueron registradas sin motivo de ingreso consignado.
Además, uno de los núcleos más críticos que describen en el informe es la dificultad para concretar externaciones. La falta de dispositivos habitacionales y de redes comunitarias genera que personas con alta médica permanezcan internadas porque literalmente no tienen donde ir. Este fenómeno no solo vulnera derechos, sino que además impacta en la capacidad operativa del sistema: los espacios se ocupan durante períodos prolongados, lo que reduce la posibilidad de responder a nuevas urgencias en un contexto de demanda creciente. En los casos más extremos, la ausencia de alternativas deriva en reingresos constantes o en situaciones de calle.
Al ya complejo escenario se suman los consumos problemáticos. Durante 2025 se registraron 265 internaciones de adultos y 57 de menores por este motivo, en un contexto donde la red pública de dispositivos específicos resulta insuficiente. La consecuencia es que muchas de estas situaciones terminan resolviéndose en hospitales generales, reforzando una lógica de intervención centrada en la urgencia más que en el acompañamiento sostenido.
Finalmente, al cuadro de situación se suma el impacto de políticas nacionales desde la llegada de LLA al poder en áreas sensibles como discapacidad. Las auditorías y revisiones de pensiones no contributivas introducen, siempre según afirmaron desde el órgano de revisión de la ley en Santa Fe, un factor de inestabilidad que afecta directamente a las personas usuarias del sistema. «La pérdida o incertidumbre sobre estos ingresos no solo deteriora las condiciones de vida, sino que también dificulta los procesos de externación y la continuidad de los tratamientos por fuera de instituciones», indicaron.
Aunque los registros de años anteriores muestran una tendencia al aumento de las intervenciones, desde el organismo advierten que los cambios en la capacidad de relevamiento impiden establecer comparaciones lineales ya que el armado de equipos y el relevamiento se fue robusteciendo desde 2022, cuando empezó a funcionar el órgano. Incluso, admiten fuentes del órgano, todavía queda mucho territorio por relevar. La advertencia, sin embargo, no modifica el diagnóstico de fondo: el sistema recibe más casos, en condiciones más graves y con herramientas que siguen siendo insuficientes.
En crisis, la reforma que plantea LLA
La semana pasada y en plena polémica por su patrimonio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, publicó a través de la red social X que el gobierno iba a oficializar el proyecto de reforma de la ley de salud mental que desde hace semanas está en el Congreso. Según lo que deslizaron fuentes nacionales días más tarde, la reforma impulsada por Javier Milei cambiaría aspectos centrales de la ley de salud mental vigente. Especialmente, en lo referido a los criterios y tiempos de internación. Entre los puntos más cuestionados por especialistas, se encuentra la flexibilización de las condiciones para disponer internaciones involuntarias —dejando de exigir de manera estricta el riesgo cierto e inminente—, un mayor peso del criterio médico por sobre los abordajes interdisciplinarios y la posibilidad de revalorizar instituciones monovalentes.
En conjunto, siempre según explicaron desde el órgano de revisión santafesino, los cambios apuntan a desplazar el modelo comunitario establecido por la ley actual hacia uno con mayor centralidad en la internación, lo que puede interpretarse como un retroceso respecto del enfoque basado en derechos humanos. “Este proyecto borra los derechos humanos y vuelve a la idea de que la pastilla lo va a solucionar”, dice Lucrecia Faccioli, secretaria del órgano de revisión donde participan integrantes de diferentes ministerios, colegios profesionales, la Justicia e incluso asociaciones de personas usuarias de dispositivos de salud mental.
“Lo más preocupante es que el proyecto construye un diagnóstico desacertado y desplaza el problema real”, explica la psicóloga e integrante del Consejo Consultivo nacional, Sabrina Pimpinella y completa: “Se pone el foco en la ley, para no interrogar su incumplimiento”. La observación apunta directamente a la brecha entre el modelo que establece la normativa —centrado en abordajes comunitarios y en la reducción de internaciones— y las condiciones reales en las que ese modelo debe sostenerse.
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