La bancada socialista de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe ingresó un proyecto de comunicación para invitar a las autoridades de los siete municipios más poblados de la región. El objetivo es abrir, con datos precisos, la discusión en la Cámara sobre las iniciativas vinculadas a la actividad de los cuidacoches o «trapitos».
La propuesta, encabezada por la firma de la diputada Lionella Cattalini y respaldada por los otros 13 integrantes del bloque —incluida la presidenta de la Cámara, Clara García—, busca convocar a representantes de los municipios de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez y Santo Tomé. Estos funcionarios serán invitados a participar de una reunión en el ámbito de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara.
El camino legislativo de la iniciativa
La bancada socialista espera que la propuesta sea votada la semana próxima, lo que permitiría que la Comisión de Seguridad Pública, presidida por el radical Martín Rosúa, organice la reunión. El tema, que ya fue votado por el Senado con sugerencias del Poder Ejecutivo provincial, deberá pasar en Diputados por el tamiz de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
La recopilación de información como pilar de la política pública
El objetivo del socialismo al citar a los municipios se fundamenta en la necesidad de acceder a información clave. Los puntos propuestos en la minuta para ser abordados son:
- Cantidad estimada de personas que desarrollan actividades de cuidado informal de vehículos en la vía pública dentro de cada jurisdicción.
- Registros, relevamientos o censos municipales sobre dicha actividad, indicando fecha de realización y metodología utilizada.
- Las ordenanzas vigentes en cada localidad que regulen o establezcan condiciones para el ejercicio de dicha actividad.
- Medidas adoptadas por cada municipio en relación con la actividad de cuidacoches, incluyendo acciones de control, programas de inclusión social, reconversión laboral o asistencia.
- Intervención de áreas municipales vinculadas a desarrollo social, seguridad, empleo o economía social en relación con esta problemática.
- Cantidad de actas de infracción, procedimientos administrativos e intervenciones de la Justicia de Faltas vinculadas a esta actividad en los últimos tres años, en cada municipio.
- Implementación de programas de capacitación, empleo o inclusión destinados a personas que desarrollan esta actividad, detallando alcance y resultados.
- Toda otra información que se considere relevante para la evaluación de políticas públicas vinculadas a la regulación de esta actividad.
En declaraciones a El Litoral, Cattalini admitió que «el tratamiento legislativo de iniciativas vinculadas a la actividad de cuidacoches exige contar con información precisa, actualizada y territorialmente diferenciada sobre la situación existente en los principales centros urbanos. Se trata de una problemática compleja que involucra dimensiones vinculadas a la seguridad pública, el uso del espacio público, el trabajo informal, la vulnerabilidad social y las políticas de inclusión laboral».
Para la diputada socialista, «las respuestas estatales no pueden basarse exclusivamente en medidas de carácter punitivo, sino que deben sustentarse en diagnósticos adecuados y en estrategias integrales». El socialismo sostiene que los municipios poseen información relevante sobre la magnitud del fenómeno, las modalidades de intervención y las políticas implementadas en sus respectivas jurisdicciones. Los gobiernos locales son los niveles de gobierno que han desarrollado, en muchos casos, experiencias regulatorias diversas que pueden constituir insumos valiosos para la toma de decisiones legislativas a nivel provincial. «Contar con datos sistematizados permitirá evaluar el impacto potencial de las medidas propuestas, identificar buenas prácticas y diseñar políticas públicas que contemplen tanto la convivencia urbana como la inclusión social de las personas involucradas en esta actividad», agregó Cattalini.
Las modificaciones del Código de Convivencia aprobadas por el Senado
El expediente ya votado por el Senado consiste en una modificación del Código de Convivencia. Su nuevo Artículo 66° bis establece que «quien, sin contar con autorización de la autoridad competente y cuando se encuentre prohibido por normativa local vigente, ofreciera a cambio de percibir algún beneficio o retribución económica ya sea voluntaria o no, espacios físicos destinados al estacionamiento de vehículos en la vía pública, como así también su guarda, cuidado, lavado o limpieza, se encuentren éstos estacionados o no, será reprimido con trabajo comunitario de dos a diez días y con prohibición de concurrencia al lugar donde se haya cometido la contravención conforme artículo 19 de la presente ley. En caso de reincidencia la pena será arresto de diez a veinte días».
En tanto, el Artículo 66 ter dispone que «la sanción establecida en el artículo 66 bis se elevará al doble en todos sus mínimos y máximos cuando la conducta tipificada sea realizada: a) Con violencia o amenazas hacia personas o bienes; b) En zonas de estacionamiento tarifado o gestionadas por entidades o personas debidamente autorizadas por la autoridad competente; c) En las inmediaciones de hasta 20 cuadras de eventos públicos masivos, durante las dos horas previas y una hora posterior al mismo; d) Con aprovechamiento de una situación de desigualdad de género, edad, discapacidad o de otras circunstancias que afectando a la víctima la coloquen en situación de vulnerabilidad y sean aprovechadas en su perjuicio; e) En horario nocturno (entre las 18.00 h y las 6.00 h) y/o zona escolar, bancaria, comercial o de edificios públicos».
El arresto podrá hasta cuadruplicarse en casos de concurrencia en la falta de más de una persona, una medida similar a como se agravan las penas por delitos bajo concurso de una asociación ilícita. Según el texto aprobado, los municipios «podrán solicitar la intervención policial, por la vía ministerial respectiva, a fin de que cese del estado antijurídico mediante el desplazamiento de los presuntos infractores del espacio público en el que se desarrollaba la actividad».
Proyectos similares en la Cámara de Diputados
En la Cámara de Diputados existen otros proyectos legislativos sobre la misma temática que deberán ser compatibilizados con lo ya acordado en el Senado. Uno de estos lleva las firmas de los oficialistas Walter Ghione (Uno) y Astrid Hummel (PRO), así como de los radicales Ximena García, José Corral, Germán Scavuzzo y Sofía Galnares.
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