El informe de gestión que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó ante el Congreso, delineó la posición de la provincia de Santa Fe dentro del modelo libertario del gobierno nacional. El documento indicó que las obras públicas nacionales solo avanzarán si están por terminarse o son concesionadas, y que la infraestructura vial pasará a un esquema de peajes privados. A esto se suman faltantes sensibles en la provisión de medicamentos a la salud pública y una estricta revisión de las cuentas previsionales santafesinas por parte de la Nación.
La provincia de Santa Fe se encuentra en el centro del nuevo paradigma fiscal del gobierno de Javier Milei, según revela el Informe de Gestión N° 145 de la Jefatura de Gabinete. El documento detalla un panorama de deudas previsionales sujetas a revisión, rutas viales condicionadas a concesiones y servicios federales en espera de definiciones de fondo. Este exhaustivo informe, que incluye más de dos mil respuestas remitidas el último miércoles al Congreso, ofrece una perspectiva clara sobre la posición de la provincia gobernada por Maximiliano Pullaro dentro de la agenda de la Casa Rosada. Manuel Adorni, el portavoz presidencial, defendió esta orientación en la Cámara de Diputados con un discurso centrado en el ajuste, la reforma del Estado y la búsqueda de eficiencia.
Analizado desde una óptica santafesina, el informe de 1.935 páginas y la intervención de hora y media de Adorni reflejan el modelo de relación propuesto por la Nación a la provincia. Entre los puntos clave se destacan: una reducción de las transferencias automáticas, un incremento en las auditorías, menor inversión directa en obra pública y una mayor expectativa de iniciativa privada. Este enfoque contribuye al superávit nacional, en parte, por la disminución de la ejecución de partidas en el ámbito local.
Infraestructura vial:
La política vial del actual Gobierno se rige por un criterio ya conocido: la Nación solo finalizará aquellas obras con un alto grado de ejecución o con financiamiento externo asegurado. El resto de los proyectos quedan en una «zona gris», supeditados a su posible traspaso al sector privado.
Para el norte de la provincia, Adorni precisó en la respuesta 639 que Vialidad Nacional priorizó el sistema modular de las RN 11 / RN A009 en el tramo Crespo-Avellaneda y Puerto Reconquista. Esta obra, a cargo de COINGSA S.A., exhibe un avance del 85,52% y su finalización está programada para junio de 2026. Sin embargo, el panorama es diferente para el resto de la traza: desde Nelson hasta el límite con Chaco, la Ruta 11 fue incluida en la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, lo que implica que su mantenimiento dependerá del cobro de peajes una vez que se concrete el proceso licitatorio.
En el centro y sur santafesino, la lógica es idéntica. La Jefatura de Gabinete informó en la respuesta 819 que la RN 34, en el tramo VI de la autopista Rosario-Sunchales, presenta un avance del 79,30%. Asimismo, la RN 1V09, entre el empalme con la A012 y Bell Ville, alcanza un 76,41%. Ambas son obras significativas, pero su continuidad con fondos estatales está condicionada al piso de ejecución fijado por la Nación.
La respuesta 634 incluye una declaración de índole política: «Ahora, las obras de infraestructura se orientan a generar más productividad porque las hace el sector privado». Esta frase encapsula el cambio de criterio. Tramos estratégicos de las Rutas 7, 8, 33 y 34 que atraviesan Santa Fe pasarán a un esquema de concesión sin subsidios públicos, bajo la premisa de que el modelo anterior resultaba deficitario para el Estado.
En consonancia, la respuesta 636 confirmó que la Ruta 33, desde Rufino hasta la A012, integra el Tramo Portuario Norte, ya incorporado a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. Respecto a la conexión Rosario-Victoria, el informe señala que la operación ya ha sido adjudicada dentro de los Tramos Oriental y Conexión.
Esta reconfiguración se complementa con el recorte estatal. Según el informe, Vialidad Nacional redujo su plantilla de 5.703 agentes a comienzos de 2024 a 4.894 en la actualidad. Además, se evita la especificación de partidas concretas para intervenciones urgentes en sectores críticos, trasladando esa responsabilidad al nuevo esquema concesionado.
Seguridad y justicia
El capítulo dedicado a la seguridad fue central en la exposición de Manuel Adorni. La ciudad de Rosario se destacó nuevamente como símbolo del despliegue federal y uno de los pocos puntos donde la Casa Rosada busca exhibir resultados tangibles.
El jefe de Gabinete afirmó que en 2023, la ciudad de Rosario registraba una tasa de 22 homicidios cada 100 mil habitantes, cifra cinco veces superior a la media nacional. Actualmente, ese indicador ha disminuido a 6,91. El Gobierno atribuye esta mejora al Plan Bandera y al refuerzo de los controles federales, incluyendo los implementados en la Hidrovía a través del Plan Paraná.
No obstante, la política de seguridad no está exenta de matices. En la respuesta 816, el Ejecutivo justificó la disolución del Grupo Especial Antinarcotráfico de Rosario (GEANRO) como parte de una «evolución hacia un modelo de seguridad consolidado». Según esta explicación, el grupo cumplió su función de intervención rápida hasta que se consolidó el Comando Unificado.
En cuanto al despliegue de Gendarmería en la provincia, la respuesta 814 omitió proporcionar una cifra consolidada de efectivos permanentes, alegando razones estratégicas. Se limitó a indicar que el esquema combina personal fijo con relevos rotativos, dejando sin respuesta la cuestión de la estabilidad de este refuerzo federal.
En el ámbito judicial, el informe volvió a evidenciar que una de las asignaturas pendientes de la Nación con Santa Fe es la cobertura de vacantes. La respuesta 642 informó que, en los últimos 45 días, se remitieron 103 pliegos al Senado, de los cuales tres corresponden a la provincia: Walter Alberto Rodríguez para el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe; Emilio Rosatti para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe; y Santiago Joaquín Saux para el Juzgado Federal de Rafaela.
Sin embargo, la situación de Rosario, crucial para la tramitación de causas vinculadas al narcotráfico y el lavado de activos, permanece sin solución. El concurso para la Cámara Federal de Apelaciones sigue «en análisis» en el Ministerio de Justicia. Esta demora es significativa para una jurisdicción donde la discusión sobre seguridad tiene, ineludiblemente, su correlato judicial.
Respecto al déficit edilicio de la Justicia Federal santafesina, la respuesta oficial eludió la cuestión, derivando la responsabilidad al Consejo de la Magistratura.
Deudas sociales:
El informe también evidenció sensibles falencias en materia sanitaria, un tema que ha integrado la agenda de reclamos de las últimas semanas.
La respuesta 628 del Ministerio de Salud reconoció que durante el primer cuatrimestre de 2026, hubo un desvío del 28% en la entrega de medicación inmunosupresora destinada a pacientes trasplantados en Santa Fe. De 293.888 unidades solicitadas, solo se remitieron 212.454. La explicación oficial aludió a un problema de stock del laboratorio Novartis, único proveedor de ciertas drogas críticas, que ofertó apenas el 20% de lo requerido en la última licitación.
En salud sexual, la merma fue aún más pronunciada. En la respuesta 631, el Gobierno admitió una disminución del 64% en los envíos de anticonceptivos y preservativos a la provincia, atribuyendo la causa al fracaso de dos procesos de contratación previos. La Nación promete regularizar la provisión para 2026, aunque lo supedita al éxito de las nuevas licitaciones. Paralelamente, la campaña antigripal exhibe niveles de cumplimiento apenas por debajo del 50%, tanto en la provincia como en Rosario.
Entre las deudas más significativas se encuentra la previsional, un asunto que también ha captado la atención pública recientemente. La respuesta 709 del informe señaló que, durante 2025, la Nación transfirió a Santa Fe $38.018,41 millones para cubrir el déficit de su Caja de Jubilaciones no transferida. Sin embargo, al solicitar precisión sobre la deuda acumulada, el Ejecutivo evitó proporcionar una cifra total, afirmando que solo se reconocerá el monto que se determine fehacientemente tras las auditorías correspondientes de ANSES.
Compromisos
En el ámbito de la política habitacional, la respuesta 823 consignó que la deuda de la Nación para completar obras del programa Casa Propia en Santa Fe asciende a 46.183.430,26 UVIS. Actualmente, estas obras se encuentran en proceso de traspaso a la provincia o de rescisión.
Adicionalmente, en relación con el programa Procrear, se confirmó la cancelación de la subasta del predio Parque Federal en la ciudad de Santa Fe. No obstante, el informe no especificó el destino final que tendrán esos terrenos tras la disolución del fondo fiduciario.
En cuanto a la conectividad ferroviaria, se revelaron datos contundentes. La respuesta 1049 del Gobierno informó que el servicio Buenos Aires-Rosario experimentó una pérdida de casi el 87% de sus pasajeros en lo que va de 2026 en comparación con 2023.
Manuel Adorni también confirmó la detección de 50 mil durmientes con fallas estructurales de fabricación en los ramales que conectan hacia Córdoba y Tucumán, pasando por Rosario y Rafaela. El plazo estimado para la remediación técnica de estas deficiencias es de entre 10 y 12 meses.
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