La preocupación por la seguridad y la proliferación de armas sigue en el centro del debate, especialmente después de los recientes episodios en establecimientos educativos. Si bien el gobierno provincial de Santa Fe continúa con las notificaciones a las familias de alumnos identificados en amenazas, con once casos en seis departamentos y resarcimientos que superan los 36 millones de pesos, en la capital provincial el Concejo Municipal puso el foco en un aspecto clave para la seguridad local: el control de las armerías.
A través de la sanción de una comunicación, el cuerpo legislativo solicitó al Ejecutivo Municipal que informe el estado de implementación, cumplimiento y fiscalización de la Ordenanza N° 12.146. Esta normativa, vigente desde 2014, es la que regula en Santa Fe capital la habilitación y el funcionamiento de los comercios que venden armas, municiones y materiales controlados dentro del ejido urbano. La ordenanza establece requisitos estrictos tanto para los dueños de las armerías como para quienes buscan adquirir un arma de forma legal.
Qué se le pidió saber a la Municipalidad
En concreto, el Concejo le pidió a la Municipalidad una serie de datos fundamentales para saber cómo se está aplicando esta normativa. Se busca conocer:
- La cantidad de usuarios comerciales (armerías) registrados a la fecha por el Ejecutivo.
- Los controles, inspecciones y verificaciones que se realizaron desde diciembre de 2023 hasta hoy.
- Si el sistema informático, donde deben constar todos los datos personales del vendedor y comprador, así como las operaciones comerciales (compras y ventas, con comprobantes de armas, municiones y materiales controlados), está funcionando y actualizado.
- Si existe algún local comercial de armas ubicado en un radio menor a 50 metros de instituciones educativas, centros de salud, estaciones de servicio o geriátricos.
- Si hay convenios vigentes con organismos nacionales y/o provinciales que tengan competencia sobre esta ordenanza.
El «poder de policía» local en cuestión
El concejal Jorge Fernández (PJ), autor de la comunicación junto a su compañera de bloque Jorgelina Mudallel, explicó el motivo de la iniciativa: “Impulsamos esta comunicación porque queremos saber si efectivamente la Municipalidad de Santa Fe está cumpliendo con el poder de policía que la norma le confiere”.
La ordenanza establece, en su artículo 3, que la Municipalidad “deberá efectuar controles, inspecciones y/o verificaciones periódicas” en los comercios de armas. Esto se enmarca en las Leyes Nacionales Nº 20.429, que regula la adquisición, uso y tenencia de armas, y Nº 24.492, que prohíbe la transmisión de armas sin la debida registración y autorización del Registro Nacional de Armas (RENAR), hoy ANMaC.
Esta solicitud del Concejo se suma a un pedido anterior de Fernández, ya aprobado, que instó al Ejecutivo del intendente Juan Pablo Poletti a gestionar ante Nación la reactivación del plan de entrega voluntaria de armas y la reapertura de la oficina de ANMaC en Santa Fe, que actualmente está cerrada.
Preocupación por la violencia y la desregulación
Más allá de la baja en los homicidios a nivel provincial, el concejal Fernández alertó sobre la persistencia de problemas graves relacionados con el uso de armas en la ciudad. “En los primeros cuatro meses de este año, de los cinco homicidios que están en los primeros lugares del ranking, tres de ellos se cometieron con armas de fuego”, aseguró el edil.
Fernández hizo un llamado a la “responsabilidad” sobre los controles en las armerías, un punto que considera crucial “mucho más en un contexto actual de desregulación en el acceso a las armas, y de eliminación por parte de la Nación de todos los dispositivos institucionales de control sobre las armas de fuego”.
El concejal advirtió que “las ciudades norteamericanas desde donde se importan estas prácticas de desregulación, de menor control y fiscalización, están entre las más violentas del mundo. No han resuelto el problema de la violencia: al contrario, lo han potenciado”.
Finalmente, señaló que una mayor cantidad de armas de fuego en manos de civiles, sumado a la flexibilización de requisitos y la falta de controles, “también alimentan a los mercados ilegales de armas de fuego que son los más difíciles de perseguir y controlar, y a esto lo sabemos muy bien en la ciudad de Santa Fe”. Por todo esto, Fernández concluyó: “Necesitamos que el intendente de la ciudad haga los esfuerzos necesarios para que Nación dé marcha atrás con estas políticas de desregulación y destrucción de los organismos que controlan el acceso y el uso de armas de fuego y de municiones por parte de civiles”.
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