La disputa por la Ley de Emergencia en Discapacidad se agudiza en Argentina: el Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para frenar su aplicación. En paralelo, familiares y organizaciones exigieron en la Cámara de Diputados el cumplimiento de la norma, mientras el Senado debate un proyecto oficial que busca modificar pensiones y endurecer auditorías en el sector.
La disputa en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad ha vuelto a escalar en la esfera política y judicial. El Gobierno Nacional ha presentado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, buscando frenar la aplicación de la normativa. En paralelo, la tensión se incrementa en el Congreso tras el ingreso de un proyecto sustitutivo que busca modificar aspectos clave de la ley.
La Procuraduría del Tesoro formalizó la presentación ante el máximo tribunal, solicitando la suspensión de la ley. Mientras tanto, familiares, organizaciones y referentes del sector se reunieron en la Cámara de Diputados para expresar sus reclamos. Por su parte, el Senado ya analiza una iniciativa del Poder Ejecutivo que propone revisar pensiones por invalidez y endurecer las auditorías, proyecto que ha generado fuertes críticas.
El recurso del gobierno ante la Corte Suprema
En su planteo ante el Máximo Tribunal, el Gobierno argumenta que el fallo anterior “genera una situación de gravedad institucional”. Sostiene que, al declarar abstracta la cuestión, se “ratifica la declaración de inconstitucionalidad del Decreto N° 681/2025 y obliga al Estado Nacional a realizar enormes erogaciones presupuestarias sin que se hayan previsto las fuentes de financiamiento”.
El escrito oficial advierte que la ejecución de la norma “produce consecuencias irreparables para el conjunto de la sociedad al comprometer las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal”. Además, agrega que, por el alcance colectivo del proceso y su impacto, “pone en riesgo el sostenimiento del sistema de seguridad social y el financiamiento de áreas críticas”.
El origen del conflicto se remonta al año pasado. Tras la sanción de la ley por parte del Congreso en julio de 2025 y el posterior veto presidencial, rechazado por el Legislativo, el Ejecutivo terminó promulgando la norma. Sin embargo, dispuso su suspensión mediante el Decreto N° 681/2025, alegando la falta de fuentes de financiamiento. Esta decisión fue el detonante de la demanda colectiva. En la sentencia de fondo, el juez Adrián González Charvay declaró inválida la suspensión, argumentando que el Ejecutivo avanzó sobre atribuciones propias del Congreso y descartó el argumento económico, al recordar que la propia ley faculta al Jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para cubrir los gastos.
En un comunicado, el Foro Permanente Discapacidad denunció que el Gobierno busca “instalar una falsa opción entre sostener los derechos de las personas con discapacidad y garantizar otros servicios esenciales del Estado”. El comunicado advierte: “Esta estrategia fue muy perversamente pensada porque lleva a contraponer a ciertos destinatarios que se quedarían sin esa atención por responder a las personas con discapacidad”. Y solicitó a la Corte que no avale esa lógica: “No aceptemos esta propuesta oscura de que es necesario que unos mueran para que otros vivan”.
Reclamos
Mientras la contienda judicial escala, el conflicto en el Congreso también se intensifica. Este lunes, familiares y organizaciones vinculadas a la discapacidad llevaron sus reclamos a la Cámara de Diputados, en el marco de una reunión de la Comisión de Discapacidad convocada por la Oposición, y sin la participación del Oficialismo ni de sus aliados.
El encuentro fue organizado por el vicepresidente primero de la comisión, el diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, y contó con la asistencia de unos 150 invitados. Si bien la excusa formal fue el rechazo al proyecto del Gobierno para derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad y la denuncia por el ajuste que, según los presentes, “mantiene en jaque al sistema de prestaciones”, el tono de la reunión fue notablemente más intenso que una simple audiencia de exposición.
“La situación es grave. Centros de día que cierran, terapias y tratamientos que se interrumpen, medicamentos que no llegan, pensiones que no se dan de alta. La emergencia en discapacidad se profundiza día tras día. Estamos ante una eutanasia social promovida desde el desgobierno de Javier Milei”, disparó el diputado Marino.
De la reunión participó la actriz Lola Berthet, madre de un niño con discapacidad, quien cargó directamente contra el Ministro de Salud, Mario Lugones. “Digamos nombre y apellido, Mario Lugones. Que está en ese cargo para consolidar los negocios de las grandes obras sociales nacionales y las prepagas. Está de un solo lado demostrador. Merece que este Congreso pida su juicio político”, planteó. Y agregó un pedido directo a los legisladores: “La emergencia que ustedes votaron, señores diputados, garantiza la ayuda a quienes lo necesitan. Por eso necesitamos que se logre y se ejecute como fue escrita”.
También asistió Ian Moche, el joven influencer con autismo, quien denunció amenazas y agresiones físicas contra su vivienda luego de que, según sostuvo, la Diputada Lilia Lemoine iniciara “una campaña en redes” en su contra. Ese testimonio desvió la discusión hacia otro plano: el de la violencia simbólica, el hostigamiento y el lugar que la cuestión de la discapacidad ocupa en la conversación pública cuando el conflicto se politiza al extremo.
La tercera pata del conflicto se ubica en el Senado, donde ingresó el proyecto del Poder Ejecutivo denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”. Esta iniciativa busca reabrir la discusión sobre la discapacidad desde otro ángulo, pero con el mismo trasfondo político: retrotraer parte del contenido de la ley sancionada y ratificada por el Congreso.
La propuesta legislativa plantea revisar el régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral, modificar la Ley 13.478, introducir cambios en la Ley 24.901 y afectar artículos centrales de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. En síntesis: el Gobierno no logró desactivar la norma con el veto, debió promulgarla, la suspendió por decreto, fue frenado por la Justicia y ahora busca rediscutir, por la vía legislativa, varios de sus puntos más sensibles.
Uno de los núcleos centrales es la pensión no contributiva por invalidez laboral. El proyecto reafirma que será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, pero vuelve a poner en el centro el criterio de imposibilidad para trabajar como fundamento del beneficio. Aquí reside una diferencia clave con la Ley de Emergencia: mientras la norma ratificada por el Congreso permitía mantener la pensión si la persona accedía a un empleo con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, la propuesta del Ejecutivo retorna a una lógica de incompatibilidad: pensión o trabajo formal.
Esta regresión no es menor. Supone alejarse de un modelo de inclusión laboral con protección para regresar a un esquema más rígido, donde el acceso al empleo puede transformarse en causal de pérdida del beneficio. Nuevamente, lo que emerge es un modelo que privilegia el control del universo asistido por encima de la ampliación de derechos.
El proyecto también avanza sobre el capítulo más delicado: el control. La Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, quedaría a cargo de auditorías periódicas para verificar requisitos médicos, documentales y socioeconómicos. Para ello, podría cruzar información con ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos, incluso con una excepción específica al secreto fiscal “únicamente a los efectos” de esa verificación.
En paralelo, se ordena un reempadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral en un plazo de 90 días hábiles, con posibilidad de prórroga por otros 30 días. Quien no complete el trámite, según el texto, quedará expuesto a la suspensión inmediata del pago y, si persiste el incumplimiento, a la baja definitiva del beneficio.
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