La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal otorgó un recurso extraordinario federal al Gobierno nacional, suspendiendo la medida cautelar que obligaba a destinar fondos a las Universidades Nacionales según la Ley 27.775. Esta decisión judicial frena la aplicación de dicha norma hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida definitivamente sobre el asunto.
Conceden Recurso Extraordinario Federal en Causa por Ley de Financiamiento Universitario
El Ministerio de Capital Humano ha informado que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario federal presentado por el Gobierno Nacional. Dicha acción judicial se enmarca en la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
Según un comunicado oficial de la cartera, la presentación se realizó en el expediente caratulado «Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986» (CAF 039475/2025). Este litigio está directamente relacionado con una medida cautelar interpuesta contra la Ley N° 27.775.
El Ministerio detalló que el recurso fue presentado contra la sentencia emitida el 31 de marzo por la Sala III de la Cámara. El pedido de efecto suspensivo, incluido en la presentación, fue concedido por el tribunal.
De acuerdo con el texto difundido por la dependencia que lidera Sandra Pettovello, esta decisión judicial implica la suspensión inmediata de la ejecución de la medida cautelar. La suspensión se mantendrá hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida de manera definitiva sobre el fondo de la cuestión.
El comunicado también recordó que el Decreto N° 759/25 promulgó la Ley N° 27.775, cuya ejecución ya se encontraba suspendida. Esta medida previa se tomó a la espera de que el Congreso determine las fuentes de financiamiento necesarias, argumentando que su aplicación inmediata «comprometería el equilibrio de las cuentas públicas».
Finalmente, el Gobierno Nacional ratificó su compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender, siempre en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas y de asignación eficiente de los recursos del Estado.
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