Un informe técnico del Ministerio de Justicia y Seguridad detalló que el inmueble, ubicado en Dr. Zavalla y Monseñor Zaspe, presentaba conexiones eléctricas precarias, acumulación de basura y roedores. Esta intervención se suma a los 118 derribos de puntos de venta de drogas realizados en la provincia como parte de la política de inactivación de búnkers.
El informe técnico
Las descripciones e imágenes incorporadas al expediente judicial que ordenó la demolición de «La Casona», un inmueble usurpado en barrio Sur señalado como soporte funcional para la venta de estupefacientes, revelan un escenario de abandono extremo, riesgo edilicio y degradación urbana en pleno sector sur de la ciudad de Santa Fe.
El informe técnico, elaborado el 11 de mayo por Claudio Ponce de León, asesor técnico de Logística del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, fue fundamental en la causa. Ponce de León se presentó en la audiencia judicial como «el encargado de la demolición de búnkers en la provincia de Santa Fe».
El documento, incorporado por la Unidad Especial de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), detalla con precisión el estado del inmueble ubicado en la esquina de Dr. Zavalla y Monseñor Zaspe, frente a la estación Mitre, cuya demolición controlada fue dispuesta por el juez penal Sergio Carraro.
El edificio, de unos 90 años de antigüedad, posee una superficie aproximada de 188 metros cuadrados. Internamente, cuenta con un salón principal, diversas habitaciones distribuidas alrededor de un patio interno y un reducido espacio sanitario carente de servicios básicos. «El estado general de este inmueble es de un deterioro profundo, agravado por la rotura de su techo en casi todas las habitaciones», señala el texto firmado por Ponce de León.
La descripción técnica también hizo hincapié en las precarias condiciones de habitabilidad. «El ingreso de corriente eléctrica es totalmente precario y fuera de toda norma, lo que constituye un peligro para posibles habitantes o moradores golondrina de este lugar», advierte el informe. Se detectaron, además, signos de incendios previos: «Hay signos evidentes de que este lugar sufrió las consecuencias de un fenómeno ígneo, que provocó la caída de techos y revoques de estas habitaciones, teniendo por ello un gran debilitamiento tanto techo como paredes».
A esta situación se suma una preocupante problemática sanitaria. El patio del inmueble fue calificado como «un gran mini basural», con acumulación de residuos, restos de alimentos, ropa, muebles y desperdicios de distinta naturaleza. Según el documento, este panorama «sugiere que era usado como espacio de clasificación de residuos domiciliarios de casuales moradores», circunstancia que derivó en «la existencia de nidos de roedores en toda la superficie de la casa».
La conclusión de los especialistas fue categórica: «La inestabilidad y vetustez marcada de toda esta construcción constituye un grave riesgo para posibles habitantes por lo que se recomienda la demolición controlada y un futuro saneamiento del espacio».
La audiencia judicial
El informe de Ponce de León fue un elemento central valorado durante la audiencia de «cese de estado antijurídico» celebrada el pasado viernes en los tribunales de Santa Fe. En dicha instancia, la Fiscalía solicitó la inactivación física del inmueble mediante su derribo.
La investigación es conducida por la Unidad Especial de Microtráfico del MPA, cuya responsabilidad en la ciudad de Santa Fe recae en el fiscal Diego Vigo, subdirector del área creada tras la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico. Durante la audiencia, el fiscal Arturo Haidar expuso diversas evidencias reunidas en la pesquisa, vinculando el inmueble con actividades de comercialización de estupefacientes. Asimismo, describió un contexto persistente de violencia y conflictividad urbana en la zona.
El funcionario judicial sostuvo que, en un radio de 200 metros alrededor de «La Casona», se registraron 485 intervenciones policiales entre agosto de 2025 y mayo de 2026. Estos episodios incluyeron disturbios, amenazas, robos y hechos violentos.
En sede judicial, Ponce de León ratificó el contenido de su informe y alertó que el lugar «es peligroso tanto para futuros moradores como para transeúntes», debido al desprendimiento de mampostería observado en distintos sectores del inmueble. Además, sostuvo que «el costo de reconstrucción o remodelación resultaría elevadísimo» por el nivel de deterioro acumulado, reiterando la recomendación de una demolición controlada. La propietaria del inmueble también brindó su conformidad con la medida, manifestando ante el juez: «Es una cosa incontrolable, es preocupante sobre todo para el barrio».
La política de inactivación de «búnkers»
El caso de «La Casona» se enmarca en la política de inactivación de puntos de venta de drogas impulsada por el gobierno provincial desde la sanción de la Ley de Microtráfico. El Ministerio de Justicia y Seguridad informó esta semana que, desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro, ya fueron derribados 118 búnkers narco en distintas localidades santafesinas.
Esta estrategia se desarrolla de manera coordinada entre el Ejecutivo provincial, el MPA, la Justicia y las fuerzas de seguridad, con un especial énfasis en inmuebles utilizados para el narcomenudeo y otras economías delictivas. Omar Pereira, secretario de Seguridad Pública, al presentar recientes demoliciones en Rosario, sostuvo que estos sitios suelen transformarse en focos de «violencia, homicidios, balaceras y degradación de barrios de trabajadores que durante mucho tiempo no tuvieron respuesta del Estado».
En el caso de barrio Sur, la Justicia consideró que el derribo no solo resultaba necesario para impedir nuevas ocupaciones y actividades ilícitas, sino también para neutralizar el riesgo estructural que el edificio representaba para vecinos y transeúntes. Aunque no se informó oficialmente la fecha exacta, el derribo se ejecutará en el transcurso de esta semana y contará con la presencia de distintas agencias del Estado provincial y municipal, así como de funcionarios de primera línea, quienes supervisarán la inactivación.
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