Una orden judicial dispuso el derribo de «La Casona», el inmueble de Barrio Sur en la ciudad de Santa Fe, señalado por la Fiscalía como un persistente foco de microtráfico y violencia. El dato surge de un informe de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico del MPA, expuesto en tribunales, que reveló 485 intervenciones policiales en apenas nueve meses en un radio de 200 metros del lugar, frente a la ex estación Mitre.
Orden judicial de demolición para «La Casona»
La Justicia santafesina, a través del juez penal Sergio Carraro, ordenó el derribo controlado de «La Casona», un inmueble ubicado en Dr. Zavalla al 1700, frente a la ex estación Mitre, en barrio Sur. La decisión se tomó en el marco de una audiencia de «cese de estado antijurídico» y responde a una investigación que reveló el uso del lugar como punto de venta de drogas al menudeo. El edificio, conocido en el barrio por estar usurpado desde hacía más de una década, era señalado como soporte funcional para la comercialización de estupefacientes.
Impacto del microtráfico en el territorio
La investigación judicial, impulsada por la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), expuso un dato revelador sobre el impacto territorial del microtráfico. En un período de apenas nueve meses, comprendido entre agosto de 2025 y mayo de 2026, se registraron 485 intervenciones policiales en un radio de 200 metros alrededor de «La Casona».
El fiscal Arturo Haidar detalló que la cifra proviene de bases de datos oficiales, incluyendo el sistema de emergencias 911, donde quedó documentado un «escenario de conflictividad persistente» asociado a disturbios, amenazas, hechos de violencia, robos y reiteradas intervenciones policiales. Para la Fiscalía, la concentración de incidentes en el entorno del inmueble es un indicador relevante del deterioro de las condiciones de seguridad pública y del impacto de los mercados ilegales de drogas.
La política criminal del MPA
La decisión de avanzar con el derribo del inmueble se enmarca en la política de persecución penal que el MPA ha profundizado desde la desfederalización parcial de los delitos vinculados al narcomenudeo en Santa Fe. Según el informe de gestión 2025 presentado por la fiscal general María Cecilia Vranicich, la estrategia institucional prioriza la persecución de estructuras de comercialización de drogas y no de consumidores.
Bajo este criterio, el organismo sostiene que la intervención penal debe concentrarse en los puntos de venta y en los enclaves territoriales donde el microtráfico se conecta con fenómenos de violencia altamente lesiva. El documento oficial señala que durante 2025 no se registraron condenas por tenencia para consumo personal, y que el 87,7 % de las imputaciones correspondieron a hechos de comercialización o tenencia con fines de comercialización.
Además, el MPA definió una estructura de prioridades para orientar los recursos investigativos hacia casos con vínculos en homicidios, balaceras, extorsiones, utilización de armas de fuego o explotación de personas vulnerables. Dentro de esta clasificación, los denominados «búnkers» (inmuebles utilizados de manera estable para la venta de drogas y el control territorial) aparecen especialmente identificados.
Investigación y allanamiento
La Fiscalía sostuvo durante la audiencia que «La Casona» encuadraba precisamente dentro de estos criterios de priorización. La investigación se inició formalmente a partir de una denuncia anónima recibida en marzo pasado, y posteriormente se robusteció con tareas de vigilancia de la Policía de Investigaciones (PDI) y registros de videovigilancia urbana.
Las filmaciones permitieron advertir un flujo constante de personas y maniobras compatibles con la comercialización y consumo inmediato de estupefacientes, incluso con la presencia de menores de edad.
El allanamiento concretado el 9 de mayo terminó de consolidar la hipótesis investigativa. En el procedimiento fueron secuestrados:
- Envoltorios de cocaína
- Envoltorios de marihuana
- Teléfonos celulares
- Elementos utilizados para fraccionamiento de droga
Tras la requisa, tres mujeres quedaron imputadas y en prisión preventiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Fundamentos de la medida excepcional
Para el MPA, la inactivación física de este tipo de inmuebles no persigue únicamente un efecto operativo ligado a impedir la continuidad del delito, sino también un objetivo simbólico. Este último se vincula al restablecimiento de la autoridad estatal en zonas atravesadas por economías criminales. La política criminal diseñada por la Fiscalía santafesina sostiene que la desarticulación de mercados abiertos de drogas permite reducir disputas territoriales, limitar la circulación de violencia y disminuir las condiciones que favorecen hechos armados y otras manifestaciones delictivas.
En esa línea, el juez Sergio Carraro consideró acreditada la necesidad de adoptar una medida excepcional como el derribo, no solo por la utilización del inmueble para actividades ilícitas, sino también por el grave deterioro estructural que presentaba el edificio y el riesgo que implicaba para vecinos y transeúntes.
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