El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó una recompensa de cinco millones de pesos por cada uno de los ocho prófugos acusados de integrar una banda dedicada al tráfico internacional de armas, cuya causa se tramita en un juzgado federal de Mendoza.
Recompensa millonaria por prófugos del tráfico de armas
El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó este jueves una recompensa económica para quienes aporten datos que permitan localizar y detener a ocho personas, acusadas de integrar una organización criminal vinculada al tráfico internacional de armas. La medida fue publicada en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 462/2026 del citado Ministerio.
La decisión se enmarca en una investigación que tramita en el Juzgado Federal N° 3 de Mendoza y alcanza a ciudadanos argentinos y chilenos, quienes actualmente se encuentran prófugos de la Justicia y con órdenes de captura tanto a nivel nacional como internacional.
Detalles de la investigación y el monto de la recompensa
Según establece la resolución oficial, el Estado nacional abonará una recompensa de cinco millones de pesos por cada una de las personas buscadas, siempre que la información suministrada resulte útil y conduzca a las detenciones.
La causa judicial se encuentra radicada en el Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, bajo la supervisión del juez Marcelo Fabián Garnica. La pesquisa se inició a partir de una investigación sobre una presunta organización delictiva dedicada al tráfico internacional de armas, un delito encuadrado en la Ley 22.415.
De acuerdo con la publicación oficial, los requerimientos para el pago de recompensa fueron solicitados mediante diversos oficios judiciales enviados entre agosto de 2025 y abril de 2026.
Los ocho buscados por la Justicia
Los acusados identificados en la resolución son Franco Simón Basaez Vilchez, Lisandro Eduardo Basaez Morales, Kevin Matías Sandoval González, Yoel Ignacio Beaumont Sandoval, Aldana Matilde Glaria Orellana, Carlos Damián Algañaraz, Zaira Nahir Basaez y Selene Anahí Obregón.
Cuatro de ellos son ciudadanos chilenos, mientras que los restantes poseen nacionalidad argentina o documentación que acredita doble ciudadanía (argentina y chilena). Todos se encuentran prófugos desde mayo de 2024 y sobre ellos pesan pedidos de captura internacional emitidos en agosto de 2025.
Entre los sospechosos se destaca Franco Simón Basaez Vilchez, conocido también como «El Javi», quien es señalado como uno de los principales integrantes de la organización. Asimismo, figura Carlos Damián Algañaraz, alias «El Porteño». La resolución oficial detalla características físicas de cada uno de los buscados con el objetivo de facilitar su identificación y eventual localización.
Cómo aportar información y las garantías del Estado
El Ministerio de Seguridad Nacional informó que cualquier persona que disponga de datos relevantes puede comunicarse de manera gratuita a la línea 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas.
Las autoridades señalaron que los aportantes de información no deben haber participado en los hechos investigados, y que la identidad de los denunciantes será preservada durante todo el proceso. Además, la normativa establece que el pago de la recompensa se efectuará únicamente después de que la autoridad judicial confirme que los datos aportados fueron efectivos y permitieron concretar las capturas.
En paralelo, el Ministerio instruyó a las fuerzas federales de seguridad y a las áreas de comunicación oficial para que difundan masivamente los rostros y datos de las personas buscadas en medios gráficos, radiales, televisivos y plataformas digitales. La medida se encuadra dentro de la Ley 26.538, normativa que regula el sistema de recompensas en investigaciones criminales complejas y que habilita al Estado a ofrecer dinero a cambio de información útil para resolver delitos de gravedad.
La preocupación por el alcance internacional del caso
La investigación judicial centra su atención en una presunta red vinculada al tráfico internacional de armas. Si bien la resolución publicada en el Boletín Oficial no proporciona detalles específicos sobre la operatoria de la organización ni sobre el volumen del armamento involucrado, la decisión de emitir capturas internacionales y activar el Programa Nacional de Recompensas refleja la magnitud del caso.
Las autoridades judiciales y de seguridad estiman que los acusados podrían encontrarse fuera del país o desplazándose entre Argentina y Chile, razón por la cual se intensificó la cooperación internacional para intentar localizarlos.
En este contexto, desde el Ministerio de Seguridad remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en una causa que lleva varios años de investigación y que, hasta el momento, mantiene prófugos a todos los sospechosos identificados.
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