La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura se prepara para definir la próxima semana si impulsa el juicio político contra el Juez Federal de Rosario Gastón Salmaín, quien enfrenta acusaciones por un supuesto caso de corrupción y la omisión de información relevante en su currículum.
El descargo de Gastón Salmaín
Esta semana, Salmaín compareció ante la Comisión para presentar su descargo. Durante un encuentro de dos horas, en el que se presentó con dos valijas repletas de documentación, el magistrado calificó el expediente como «plagado de irregularidades» y «carente de pruebas». Además, desautorizó las declaraciones del «arrepentido» que lo comprometen y cuestionó la labor del fiscal a cargo.
La audiencia se desarrolló conforme al Artículo 20 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación, un mecanismo que garantiza al magistrado el derecho a la defensa y a responder a las preguntas de los consejeros. El acto fue presidido por el titular de la Comisión de Acusación y contó con la participación de los consejeros Luis Juez, Alberto Lugones, Gonzalo Roca y César Grau.
Las principales acusaciones
Sobre Salmaín pesan dos acusaciones. Una de las más relevantes se refiere a la presunta omisión de información en su currículum al concursar para el cargo de juez durante la administración de Alberto Fernández. Las denuncias sostienen que Salmaín no informó sobre su cesantía en la Corte Suprema en 2002, cuando trabajaba en el área de seguridad social. Esta medida derivó de un sumario iniciado por una empleada que lo acusó de ofrecer una coima para manipular un sorteo.
Al ser consultado por el consejero Luis Juez sobre por qué no declaró este antecedente judicial, Salmaín argumentó que «nadie le consultó sobre esa sanción» y que «no había razón para ocultarlo», según consta en uno de los pasajes de la audiencia, que se extendió por casi dos horas.
La situación judicial de Salmaín se complica también por una causa penal en Rosario, donde se encuentra procesado con prisión preventiva, confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal. A pesar de ello, no está detenido debido a los fueros inherentes a su cargo. En esta causa, se lo imputa como presunto autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. El juez se defendió, afirmando que «no hay ni una sola prueba que acredite lo que se me endilga».
Durante la audiencia, Salmaín estuvo asistido por sus abogados: José Manuel Ubeira, conocido por representar, entre otros, a Cristina Fernández de Kirchner; y Yamil Castro Bianchi, defensor del expresidente Alberto Fernández y de Martín Migueles, exnovio de Wanda Nara, involucrado en la causa SIRA.
El caso penal
La investigación se origina en la causa que involucra al exjuez Marcelo Bailaque. En ese expediente, el financista Fernando Whpei declaró como «arrepentido» ante el Ministerio Público Fiscal, asegurando que Salmaín habría autorizado en diciembre de 2023 la compra de 10 millones de dólares al valor oficial –en un período de estricto cepo cambiario–, a cambio de una presunta coima del 10 por ciento, equivalente a unos 200 mil dólares.
Según su declaración, la operación se frustró debido al cambio de gobierno entre Alberto Fernández y Javier Milei, y la consecuente modificación del esquema cambiario. Whpei afirmó que la ganancia esperada se redujo significativamente y que Salmaín se negó a cobrar una suma inferior a la originalmente pactada. El testimonio añade que, ante la negativa de pago, el juez habría amenazado al financista con una denuncia penal.
En su prolongada declaración, Salmaín revisó punto por punto las afirmaciones de Whpei para rebatirlas, negando haberse reunido con él en su despacho, tal como figura en la acusación del Ministerio Público Fiscal. Además, recordó que en febrero denunció al financista «arrepentido» ante los tribunales de Comodoro Py, en una causa donde se le permitió actuar como querellante.
Nuevas denuncias
Los Fiscales Federales de Rosario señalaron que diversos elementos de la confesión de Whpei fueron corroborados a través de movimientos de expedientes y geolocalización de teléfonos celulares. Paralelamente, el magistrado fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por el presunto uso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para obtener información sobre las acciones judiciales en su contra.
«La versión que tiene este Consejo es la de un expediente penal plagado de irregularidades, sumado a una campaña mediática de desprestigio», sostuvo Salmaín ante la Comisión, que ahora está en condiciones de resolver si impulsa formalmente el juicio político y eleva el caso al plenario. En este contexto, el juez investigado también cuestionó al Fiscal General Federico Reynares Solari, titular de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario.
En su próxima reunión, prevista para la semana entrante, la Comisión deberá definir si requiere nuevas medidas de prueba o si directamente eleva el caso a juicio político. Tras la votación de la Comisión, el asunto pasará al plenario, que deberá ratificar el envío a jury con los votos de los dos tercios de los miembros presentes.
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