El destino del suspendido fiscal adjunto de San Jorge, Diego Gustavo Rodríguez y Barros, se definirá este jueves en la Legislatura de la Provincia de Santa Fe. La Comisión de Acuerdos entrevistará a los testigos citados tanto por la acusación, a cargo del diputado justicialista Marcos Corach, como por la defensa del magistrado.
Rodríguez y Barros se encuentra suspendido preventivamente de su cargo por decisión de la propia Legislatura, que luego encomendó a Corach profundizar la investigación sobre la conducta del fiscal. Entre las acusaciones, se destaca la pretensión de que una aseguradora cubriera el cambio de cubiertas de su vehículo por un supuesto sabotaje, en el marco de una investigación oficial.
Este martes, la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador Raúl Gramajo, completó la notificación a los testigos. Tras las audiencias, el organismo emitirá los dictámenes correspondientes para recomendar la votación en una sesión conjunta de senadores y diputados, quienes deberán resolver si expulsan a Rodríguez y Barros, lo suspenden por un tiempo determinado o lo absuelven, permitiéndole retomar sus funciones en la fiscalía de San Jorge, que forma parte de la Circunscripción N° 1.
Antecedentes
Las denuncias sobre conductas de Rodríguez y Barros susceptibles de sanción fueron presentadas ante la Legislatura por la Fiscalía Regional. Esta última solicitó a la Auditoría de Control de Gestión del MPA una investigación, a raíz de una denuncia del fiscal titular de San Jorge, Carlos Eduardo Zoppegni.
A finales de noviembre de 2025, la sesión conjunta de ambas cámaras resolvió la suspensión preventiva de Rodríguez y Barros, aplicando una reducción del 50% de su sueldo y la prohibición de ingresar a cualquier sede del MPA. La drástica medida se originó por una presunta falsa denuncia de robo de neumáticos de su vehículo particular para cobrar el seguro, sumada a otras acusaciones de supuestas amenazas y uso indebido de sistemas judiciales.
El sindicato de trabajadores judiciales también realizó una presentación ante el fiscal Nessier, motivada por las expresiones del personal del MPA de San Jorge respecto a presuntas conductas de violencia laboral. La investigación de Corach expuso una trama de acusaciones que incluyen presuntas estafas a una aseguradora, uso indebido de sistemas judiciales, hostigamiento laboral, amenazas y episodios de violencia de género dentro de la Unidad Fiscal de San Jorge.
Los cargos
La acusación sostiene que Rodríguez y Barros incurrió en «mal desempeño funcional e institucional grave» y en una «pérdida de idoneidad ética sobreviniente». El expediente detalla una sucesión de hechos que trascienden una conducta individual y comprometen el funcionamiento institucional del MPA. La audiencia de este jueves y los testigos citados buscarán corroborar la investigación impulsada por el legislador.
El caso que desencadenó la investigación contra Rodríguez y Barros se inició por una alerta de una compañía aseguradora. Según la acusación, el fiscal denunció falsamente el robo de las ruedas delanteras de su Chevrolet Cruze para intentar cobrar el seguro, a pesar de que previamente había comentado a empleados judiciales y funcionarios municipales que una cubierta se había roto tras caer en un pozo.
La aseguradora respondió a un requisitorio planteado por la Auditoría a cargo de Leandro Mai. Trascendió que la investigación interna de la compañía detectó inconsistencias en el relato y rechazó inicialmente el siniestro por considerar «inverosímil» la mecánica denunciada. La Auditoría General de Gestión del Ministerio Público remitió las actuaciones al Poder Legislativo al considerar que la gravedad institucional excedía el plano administrativo.
La «Causa Sarandón» y el uso indebido de sistemas
El expediente disciplinario no se limitó al caso de las cubiertas. La acusación incorporó otro episodio, conocido como la «Causa Sarandón«, en la que Rodríguez y Barros figuraba como presunta víctima de amenazas. Según la presentación, el fiscal habría ingresado sin autorización al Sistema Heimdall y cargado personalmente un requerimiento acusatorio en un legajo asignado a otro funcionario judicial, el fiscal Carlos Zoppegni.
En ese escrito, el propio Rodríguez y Barros solicitó una condena de tres años de prisión condicional para el acusado y una reparación económica de 200 mil pesos a su favor. Además, la acusación detalla que utilizó el sistema para acceder, sin autorización judicial, a antecedentes penales, domicilios y datos de vehículos del denunciado. El expediente concluye que actuó «como acusador público en un caso donde tenía interés particular», afectando el principio de objetividad que rige la función fiscal.
Los testimonios incorporados al expediente describen un clima laboral «hostil», caracterizado por maltratos, intimidaciones y comentarios de connotación sexual.
San Javier: ejecutan obra clave para la protección hídrica y la estabilización de barrancas
La ciudad de San Javier registra un avance cercano al 20 % en la obra hídrica que busca fortalecer su costa con nuevas defensas contra inundaciones, estaciones de bombeo y la estabilización de barrancas. Este proyecto integral, clave para la protección y el desarrollo turístico de la localidad, también incluirá un paseo costanero. Avance clave…
Contratos truchos: defensas instan que por la apertura de la Causa Contratos II ambas se diriman en un solo juicio
La defensa de Flavia Beckman y Hugo Mena, dos de los imputados que quedaron de los 32 iniciales de la causa que investiga un desfalco a las arcas del Estado de 50.000.000 de dólares en la modalidad de contratos de locación de obra celebrados en ambas Cámaras de la Legislatura entrerriana en la década 2008-2018,…
