El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe dictó el Decreto N° 1.092, que establece un tope del 30% para el incremento anual en la renovación de contratos que realice la Administración Centralizada o Descentralizada. Esta medida reemplaza un Decreto del año 2022 que permitía subas anuales de hasta el 45%.
El nuevo decreto especifica que solo se podrá presupuestar o adjudicar un gasto con un incremento superior al 30% si el pedido está respaldado por un informe fundado de la autoridad máxima de la jurisdicción o entidad. En tales situaciones, la gestión deberá formalizarse mediante un decreto específico del Poder Ejecutivo.
La disposición fue firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Economía Pablo Olivares, y el ministro de Gobierno e Innovación Fabián Bastia. Esta actualización reglamenta el artículo 116 de la Ley N° 12.150, conocida como Ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado. El régimen de contrataciones de bienes y servicios en la provincia de Santa Fe se rige por el Título III, Capítulo I de dicha ley. A lo largo del tiempo, diversos decretos modificaron montos y porcentajes para la contratación directa, y definieron las autoridades competentes para aprobar pliegos y adjudicaciones.
Los considerandos del decreto recuerdan que el sistema de delegación de facultades se implementó para agilizar los procedimientos de selección, buscando optimizar la capacidad operativa en la adquisición de bienes y servicios esenciales para el correcto funcionamiento del Estado Provincial. Hasta la fecha, el Decreto N° 1555/22 permitía renovaciones contractuales con incrementos anuales de hasta el 45% respecto del último valor. No obstante, se contemplaba la posibilidad de presupuestar o adjudicar montos superiores de manera excepcional, siempre con un informe fundado de la autoridad máxima de la jurisdicción o entidad, y la aprobación de la gestión mediante decreto.
En sus considerandos, el Poder Ejecutivo argumenta que, «en virtud del contexto económico actual del país, resulta oportuno modificar el porcentaje que se utiliza como parámetro por las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Provincial en las gestiones de renovación contractual». Se enfatiza la necesidad de una «observación periódica» del límite porcentual para evitar su desactualización ante la situación económica nacional, que impacta directamente en las fases de estimación, adjudicación, ejecución y renovación de las contrataciones públicas. Además, se advierte que un porcentaje desfasado de la inflación y otras variables económicas podría incrementar el volumen de renovaciones que deben ser aprobadas directamente por el Poder Ejecutivo, contrariando el esquema de delegaciones diseñado para agilizar los procesos, o bien, impediría «el abordaje integral que, medidas como la presente, buscan implementar».
Finalmente, se establece que los Ministerios de Gobierno e Innovación Pública y de Economía deberán, de forma conjunta, disponer la actualización del porcentaje fijado por este decreto si lo consideran necesario, dada la especificidad de la materia.
Fondos para fuerzas federales
El Gobierno Provincial destinó la suma de $89.137.580,49 para el reconocimiento y pago de servicios de alojamiento y racionamiento de personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el segundo despliegue de la Policía Federal Argentina (PFA). Estos fondos se enmarcan en las operaciones del Comité de Crisis de Rosario por la emergencia en seguridad.
El período cubierto por esta partida comprende del 5 de enero al 1 de febrero de este año. Cuatro firmas facturaron los servicios, y el decreto detalla los nombres de los efectivos de la PSA y la Policía Federal que participaron en el operativo.
Construcción
El Gobierno Provincial adjudicó a la firma Deprop SRL la construcción del Espacio de Memoria «Quinta de Funes» en la ciudad homónima, en el departamento Rosario. El presupuesto asignado para la obra asciende a $426.853.978,72.
La apertura de sobres con las ofertas para esta obra, largamente demandada por organismos de Derechos Humanos, se realizó el 25 de marzo en el predio que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura.
Ocho firmas presentaron propuestas; siete de ellas fueron consideradas válidas. La seleccionada fue la de la empresa rosarina Deprop SRL, por ser la más conveniente económicamente y cumplir con todos los requerimientos técnicos. El valor de la contratación se estableció con fecha de febrero de este año. Los considerandos señalan que la oferta ganadora representa un 9,20% por debajo del presupuesto oficial.
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