Comisión de Acuerdos de Santa Fe define futuro del fiscal Rodríguez y Barros por 4 causales de mal desempeño de Corach

La Comisión de Acuerdos de la Legislatura santafesina analizó la conducta del suspendido fiscal adjunto de San Jorge, Diego Rodríguez y Barros, con la escucha de unos 40 testigos. El diputado Marcos Corach, miembro acusador, sostiene cuatro causales de mal desempeño contra el funcionario, en una audiencia que contó con escasa participación de legisladores.

La Comisión de Acuerdos Avanza en el Caso del Fiscal Adjunto Diego Rodríguez y Barros

Con una escasa presencia de legisladores, la Comisión de Acuerdos llevó a cabo la ronda de testimoniales en el marco de la tramitación de análisis de la conducta del suspendido fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación de San Jorge, Diego Rodríguez y Barros.

El encuentro se realizó en el recinto de la Cámara de Diputados, presidido por el senador Raúl Gramajo. Participaron algunos testigos de forma presencial y otros de manera virtual, muchos de los cuales solicitaron no exponer su imagen por temor a posibles represalias. El propio Rodríguez y Barros estuvo presente en la reunión con su brazo derecho totalmente enyesado e interrogó a varios testigos, muchos de los cuales fueron propuestos por su defensa.

El designado miembro acusador, el diputado Marcos Corach, tuvo una activa participación en la audiencia. Los otros legisladores presentes durante gran parte del encuentro fueron los diputados Silvana Di Stefano (UCR) y Ariel Bermúdez (Creo).

La acusación formulada por Corach se fundamenta en cuatro aspectos principales: el intento de fraguar un robo de cubiertas ante una aseguradora; maltrato hacia el personal de la fiscalía; un incidente ocurrido en un trámite dentro de la misma fiscalía; y el pedido de dinero tras protagonizar un incidente de tránsito en la ciudad de San Jorge.

Entre los testimonios más contundentes escuchados durante la extensa audiencia se destacaron los del fiscal de San Jorge, Carlos Zoppegni, y el juez de ese circuito, Pablo Ruiz Staiger.

La situación de Rodríguez y Barros comenzará a definirse en la próxima reunión de Acuerdos, que se realizará el miércoles. En dicha instancia, el acusador Corach mocionaría seguir adelante con las sanciones, y se discutirá el tipo de pena que recibirá. La comisión analizará seguramente extender la suspensión en el cargo o, en su defecto, proceder a su destitución.

Oriundo de Rosario, el fiscal adjunto asumió sus funciones en septiembre de 2023 y fue suspendido del cargo el 27 de noviembre último, con una reducción del 50% de sus haberes y la prohibición de ingresar a cualquier dependencia del MPA.

El proceso, en el que actúa como diputado acusador Corach, se inició originalmente por una denuncia de presunta estafa a una aseguradora, vinculada a una supuesta falsa denuncia por el robo de las cubiertas de su automóvil. Sin embargo, con el avance de la investigación en la Comisión de Acuerdos, se sumaron otros cargos complejos, tales como el uso indebido de sistemas informáticos judiciales, amenazas y denuncias por un clima laboral hostil dentro de la Unidad Fiscal.

Salmain, A un Paso del Juicio Político

El juez federal de Rosario, Gastón Salmain, procesado por corrupción judicial y acusado de haber ocultado que había sido despedido del Poder Judicial en 2002 como empleado por ofrecer una coima, quedó a un paso del juicio político. Esta situación se dio luego de que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobara por unanimidad el dictamen que propone su jury. Ahora, la decisión deberá ser ratificada por el plenario del organismo.

La resolución fue adoptada por unanimidad en la Comisión de Acusación, con el voto de su titular, Alberto Maques, junto al senador Luis Juez, los diputados Gonzalo Roca, Álvaro González, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, y el abogado César Grau.

Desde diciembre pasado, el titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario, Gastón Salmain, se encuentra procesado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. Esto ocurre en el marco de una causa donde, junto al financista Fernando Whpei y al lobista judicial Santiago Busaniche, está acusado de manipular un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso con la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y hasta abril de 2024, a cambio de una coima de 200 mil dólares.

Al magistrado se le dictó la prisión preventiva, pero su detención no se concretó debido a su inmunidad de arresto. El fallo fue ratificado por la Cámara Federal de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal. La semana pasada, Salmain se presentó ante el Consejo para ofrecer su versión de los hechos.

«El otro día lo teníamos acá a Salmain. No puedo creer que una persona esté más preocupada por mantener el salario y su cargo que por defender su honor», expresó Juez, luego de que fracasara un intento de la defensa del magistrado por apartarlo. «No lo puedo creer. Lo escuché como abogado penal después de oír, durante 40 años, testimonios de delincuentes. Y dije: este hombre no puede ser juez federal», afirmó. «Estamos hablando de un magistrado enormemente sospechado, y la defensa del señor Salmain nos quería hacer creer que toda la justicia federal de Rosario se confabuló para ponerlo en esta situación judicial. Necesitamos jueces con honor, y el honor no se defiende con artilugios o picardías».

Tailhade solicitó la palabra para acompañar el dictamen, subrayando que «es un juez con prisión preventiva que está tomando audiencias, una situación inverosímil». No obstante, aclaró que su bloque no compartía el dictamen de Juez en relación con el segundo hecho: haber ocultado, al concursar para juez federal, que había sido despedido del Poder Judicial en 2002 por orden de la Corte Suprema y tras una causa penal. Según se determinó entonces, Salmain, quien era empleado de la seguridad social, ofreció una coima a una empleada de la Cámara del fuero, quien lo denunció, para manipular un sorteo y que una causa quedara bajo su órbita.

En su defensa, Salmain explicó que no estaba obligado a reportar ese antecedente porque había ocurrido hacía más de 10 años y que nadie le había preguntado al respecto.

«Nunca dijo que la Corte Suprema lo había cesanteado por un hecho gravísimo», acotó Juez. «Él dice ‘nadie me preguntó’. A ver si podemos entender lo que es ser juez. No se trata de si te preguntan o no. Esta forma en la que se defienden los delincuentes acusando a otros… Me imagino si yo fuera imputado y él estuviera escuchándome (como juez) y yo le contestara (sobre un delito) ‘porque no me preguntó'».

Todos los presentes votaron el inicio del procedimiento de remoción. Este dictamen será analizado en la próxima reunión del plenario, donde se necesita el apoyo de dos tercios de los presentes para que un juez enfrente el jury.


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