La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe rechazó este viernes un recurso extraordinario presentado por la Provincia de Santa Fe, con el que buscaba elevar el caso de la ley de emergencia previsional a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con esta decisión, el máximo tribunal santafesino cerró la vía directa para que la Provincia apele ante la Corte Nacional, al ratificar el rechazo a la recusación de sus ministros y confirmar su intervención en la causa sobre la reforma jubilatoria.
No obstante, la Provincia aún podría recurrir en queja de forma directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que esta intervenga en el asunto.
El pronunciamiento de este viernes se dio en la causa caratulada «Paleari, María Delia y otros contra Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia». El pleito versó sobre la pretensión de la Provincia de apartar a varios ministros de la Corte –Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Rubén Weder– en el marco de una demanda que discute la constitucionalidad de la última reforma previsional, la Ley 14.283.
La Provincia argumentó que estos jueces poseen un «interés directo y patrimonial» en el caso, ya que los topes en los haberes jubilatorios establecidos por la reforma afectarían directamente el cálculo de sus propias jubilaciones. En su exposición, los abogados de la Provincia señalaron una supuesta falta de imparcialidad de los ministros, aduciendo que los propios jueces cuestionados votaron para rechazar su apartamiento, violando el principio de que «nadie puede ser juez en su propia causa».
A pesar de que el rechazo de una recusación es un trámite procesal y no implica el final del juicio, la Provincia afirmó que debía equipararse a una «sentencia definitiva» por causar un daño irreversible al debido proceso. En el planteo de los abogados del estado santafesino, se afirmaba que el caso pone en riesgo la sustentabilidad y el financiamiento del sistema previsional provincial.
Este viernes, la Corte santafesina, por mayoría, decidió no conceder el pase a la Corte Nacional basándose en varios puntos, entre ellos el incumplimiento de requisitos formales. Se sostuvo que el recurso no cumple con el reglamento de la Corte Nacional, que establece que el rechazo de una recusación es una cuestión procesal y no una sentencia definitiva.
Más adelante, los ministros consideraron que los agravios de la Provincia constituyen meras discrepancias con el criterio del tribunal y no cuestiones federales válidas. La mayoría del tribunal rechazó la idea de que los jueces actúen por un «interés egoísta patrimonial» y ratificó la presunción de imparcialidad de los magistrados. Además, citaron un precedente reciente de la Corte Nacional (Consejo Interuniversitario Nacional) para justificar que un interés general en un colectivo no anula la imparcialidad.
Por otra parte, los ministros señalaron que la Provincia ya conocía la situación jubilatoria de los jueces desde antes y consintió su intervención en fallos anteriores; por lo tanto, el reclamo se hizo de manera extemporánea. También defendieron la aplicación de una cláusula (mutatis mutandi) para extender esta decisión a más de 150 causas similares de forma automática, evitando así una parálisis masiva del sistema judicial.
El ministro Jorge Baclini votó en disidencia, a favor de conceder el recurso a la Provincia. Su argumento se basó en la gravedad del asunto (el diseño y la sustentabilidad del sistema previsional) y en la necesidad de asegurar la garantía de imparcialidad, lo que, a su juicio, justificaba una excepción a las reglas formales para que la Corte Suprema de la Nación resolviera el conflicto.
Rechazo unánime a juicio político en el caso Trigatti
El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados rechazó por unanimidad el pedido de destitución de Pablo Busaniche, Martín Manuel Torres y Cecilia Labanca, quienes integraron el Colegio de Jueces en lo Penal de Primera Instancia de los Tribunales de Santa Fe y se pronunciaron por la absolución del docente Juan Trigatti.
La decisión del tribunal juzgador se tomó por la votación unánime de sus integrantes: el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, junto a los ministros Jorge Baclini, Daniel Erbetta, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rubén Weder y Margarita Zabalza. A ellos se sumaron el Senador Felipe Michlig, el Diputado José Corral y los abogados Víctor Benitez Angelone y Alejo Molina.
El caso, iniciado por una presentación del Diputado Fabián Palo Oliver, tuvo como procurador a Jorge Barraguirre, quien dictaminó el rechazo de la denuncia, postura que fue aceptada por el tribunal.
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