La provincia de Santa Fe, con el respaldo de empresarios locales, elevó al Senado un proyecto de ley que propone establecer cupos de mercado para Pymes y un incremento del corte obligatorio de biodiésel en el gasoil, con el objetivo de fortalecer la producción regional y la sustitución de importaciones. Sin embargo, el oficialismo nacional objeta que estas medidas encarecerían los precios en los surtidores y limitarían la libre competencia en el sector energético.
El respaldo industrial a la propuesta provincial por los biocombustibles
La Unión Industrial de Santa Fe (UISF) ha manifestado su firme apoyo a la propuesta estratégica presentada por el Gobierno de la provincia ante el Senado de la Nación el pasado 3 de junio de 2026. Esta iniciativa es una de las cinco que serán objeto de análisis nuevamente por parte de los senadores nacionales el 17 de este mes, en una sesión conjunta de las comisiones de Presupuesto y de Energía y Minería. En la primera instancia de este debate, la representación oficial de Santa Fe estuvo a cargo de María Cecilia Mijich, subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la provincia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo santafesino. Durante su intervención ante el plenario de comisiones del Senado, Mijich defendió con énfasis la producción local, subrayando que Santa Fe concentra el mayor polo productor de biodiésel del país.
Diferencias con la postura del Gobierno nacional
El debate legislativo gira en torno a cinco expedientes que proponen una nueva ley para el sector. El proyecto respaldado por el oficialismo nacional plantea una mayor liberalización del mercado y un incremento en el porcentaje de mezcla obligatoria de los biocombustibles con los combustibles fósiles. Específicamente, propone elevar el corte de bioetanol del 12% al 15% (un aumento de 3 puntos) y subir el corte del biodiésel en 2,5 puntos, llevándolo al 10%.
En contraste con esta posición, Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía de la Nación, alertó en el congreso de Maizar 2026, celebrado en Buenos Aires, que un incremento del corte de biodiésel con el gasoil por encima del 10% propuesto por el Gobierno nacional resultaría en una suba del precio en los surtidores. En respaldo a la propuesta de Patricia Bullrich, el funcionario hizo una clara alusión a Santa Fe al destacar que el Gobierno nacional prioriza el beneficio a los consumidores. “No queremos obligar a nadie. Si la provincia ‘x’ está dispuesta a poner un corte del 18% y consigue gente dispuesta a poner bocas de expendio y consumidores dispuestos, está perfecto”, afirmó González.
El rol estratégico de Santa Fe y la visión fabril
La postura de la UISF, compartida por la Federación Industrial de la provincia, representa a la mayoría de las empresas productoras de biodiésel no integradas de la región, que en su mayoría son Pymes, excluyendo a las multinacionales aceiteras. Estas entidades consideran que el proyecto de ley impulsado por Santa Fe es fundamental para modernizar el sector y garantizar su crecimiento sostenido.
Santa Fe es un actor clave en este debate económico, ya que concentra más del 80% de la capacidad productiva de biodiésel del país, sumando tanto a Pymes como a industrias integradas. Frente al cierre de mercados externos y la imposición de barreras paraarancelarias, la UISF considera “imprescindible” una nueva legislación que asegure el mercado interno y brinde estabilidad al sector.
Los pilares de la iniciativa santafesina
La posición de la UISF se alinea con los cinco puntos esenciales planteados por el Ejecutivo provincial para rediseñar el mercado bajo condiciones de libre competencia, equidad e innovación:
- Aumento del corte obligatorio (B15 y B20): Se exige un corte inicial obligatorio del 15% (B15). Asimismo, se propone un mecanismo de aumento automático hasta el 20% (B20) en casos donde el biodiésel nacional resulte más económico que la importación de gasoil fósil. Las especificaciones para el B20 ya han sido oficializadas mediante la Resolución 79/2026.
- Equidad federal y segmentación del mercado: Para evitar la cartelización, el proyecto plantea la división del mercado en dos sectores con un límite de participación (Market Cap) del 14% por empresa:
- Segmento No Integrado (40%): Reservado para empresas no integradas (en su mayoría Pymes santafesinas y de la provincia de Buenos Aires) con licitaciones obligatorias en el Mercado Electrónico.
- Segmento Integrado (60%): Disponible para industrias integradas y refinerías, habilitando contratos privados y el coprocesamiento. Aquí se incluyen las plantas de molienda de soja (crushing) que reciben el grano, extraen el aceite de soja y, en el mismo predio o mediante logística propia, transforman ese aceite en biodiésel. (Cargill, Bunge, LDC, COFCO, AGD y Renova).
- Previsibilidad y reglas claras: La propuesta busca limitar la discrecionalidad estatal. La Secretaría de Energía solo podrá reducir el corte obligatorio en emergencias extremas de desabastecimiento y por un período máximo de 90 días.
- Inclusión en el RIGI: La iniciativa propone impulsar los biocombustibles de avanzada bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Solicita que los proyectos de inversión superiores a US$ 200 millones destinados a Diésel Renovable (HVO), Combustible de Aviación Sostenible (SAF) e Hidrógeno Verde (H2V) cuenten con los beneficios de estabilidad por 30 años previstos en la ley 27.742.
- Competencia en insumos: En “defensa de la competencia”, el proyecto plantea además la necesidad de garantizar que el aceite de soja y el metanol se provean al mercado interno a precio de Paridad de Exportación (Precio FAS), evitando la discriminación de precios y asegurando el abastecimiento a un valor justo.
Impacto económico y ambiental proyectado
Desde la UISF, se destaca que el fortalecimiento de la industria del biodiésel no solo permite agregar valor a las cadenas agrícolas y fomentar el arraigo rural, sino que también constituye una herramienta clave para la sustitución de importaciones y la protección del medio ambiente. Finalmente, la entidad subraya que un incremento en las mezclas obligatorias no conlleva costo fiscal y puede funcionar como una barrera efectiva contra la suba de precios en surtidor, ya que actualmente el biodiésel es más económico que el diésel fósil, garantizando, además, la seguridad energética del país.
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