La Corte Suprema de Justicia ha resuelto convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados a una reunión, prevista para este jueves a las 11 horas. El objetivo es analizar el alcance del mensaje remitido por el Poder Ejecutivo el 7 de mayo, que propone modificar el funcionamiento de los jueces en el fuero penal y que enfrenta una fuerte resistencia dentro del propio Poder Judicial.
«Vamos a plantear cuestiones insertas en el proyecto de ley que creemos que son inconvenientes para el funcionamiento del sistema penal, pero de ninguna manera haremos adelantos sobre su constitucionalidad o no», explicó uno de los ministros a El Litoral.
Previamente, la Corte había recibido una nota de la Cámara de Diputados invitando a sus ministros y a representantes del Colegio de Jueces Penales a participar en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El encuentro buscaría analizar el proyecto que impulsa la reforma de la Ley N.º 13.018 y del Código Procesal Penal.
La misiva, considerada por la Corte en el acuerdo del último viernes, señalaba: «Entendiendo las dificultades que puede implicar encontrar un horario común, dejamos la fecha y el horario abiertos a la propuesta de ese Tribunal. Agradeceríamos que nos indiquen los días y franjas horarias que les resultarían convenientes, así como la nómina de quienes asistirían».
Lionella Cattalini, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados y de extracción socialista, confirmó que el jueves el grupo legislativo se trasladará al primer piso de los Tribunales para abordar el tema. El proyecto cuenta con tratamiento preferencial para la sesión de ese día, aunque todo indica que no llegará al recinto esa misma tarde, a menos que del encuentro surja un amplio consenso.
Resistencia judicial al proyecto del Ejecutivo
La Corte recibió las quejas de los cinco presidentes de los Colegios de Jueces Penales de la provincia, quienes habían solicitado una audiencia. Los ministros, entre los que se cuentan dos especialistas en materia penal, pidieron que las objeciones fueran presentadas por escrito. Los colegios las remitieron individualmente, al no lograr acordar un texto unificado.
Más allá de los cuestionamientos específicos a los cambios propuestos para la Oficina de Gestión Judicial y la modalidad de trabajo de los magistrados, en todos los planteos se sugiere «la consolidación de una instancia de diálogo interpoderes e interinstitucional que permita, sobre la base de estadísticas completas, serias y transparentes, definir objetivos realistas del sistema penal y garantizar un funcionamiento armónico del mismo».
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, en una nota dirigida a la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, propuso el mismo criterio de convocar a una mesa de diálogo a todos los actores del sistema penal.
Detalles del proyecto de reforma penal
El proyecto del Poder Ejecutivo plantea la creación de Colegios de Jueces Penales, tanto en primera instancia como en instancia de revisión, conformados por la totalidad de los magistrados con competencia en la materia, sin importar su asiento territorial. Según el Poder Ejecutivo, este diseño optimizaría el uso de los recursos judiciales, facilitaría la rotación funcional y garantizaría una distribución equitativa del trabajo, previniendo sobrecargas o subutilización.
Desde el Poder Judicial, se interpreta que este criterio implicaría que los jueces ya no estarían presentes físicamente en las audiencias, sino de manera virtual, lo que desvirtuaría parte de los objetivos del sistema penal.
El proyecto también establece que la asignación de causas se realice mediante reglas objetivas, predeterminadas y públicas, fijadas por la Corte y ejecutadas por la Oficina de Gestión Judicial. Asimismo, fortalece el rol de esta Oficina como órgano especializado en la administración y organización de los procesos, y conforma una sección específica dentro del Colegio de Jueces de Revisión para abordar la política carcelaria y la ejecución penal.
Los Colegios Penales señalaron a la Corte que las leyes penales han experimentado múltiples modificaciones durante la actual gestión gubernamental. «Quizás, sin renunciar a las facultades conferidas por la Constitución Provincial y por el sistema democrático a los poderes constituidos, habría que explorar otras alternativas que no sean la sucesiva reforma normativa —sin análisis cuantitativo y cualitativo de cada una de sus implicancias—, que procuren diagnosticar correctamente para luego definir las líneas de acción más acordes a las necesidades detectadas. No sería sorprendente que las mejoras puedan provenir de otro tipo de iniciativas, menos grandilocuentes pero más efectivas, sobre todo si se piensa en la estabilidad y el fortalecimiento institucional, en el largo plazo y en las virtudes del diálogo interinstitucional», se lee en una de las notas remitidas por los colegios a los ministros de la Corte.
El viernes, el pleno de la Corte analizó la cuestión y resolvió invitar a la Comisión de Diputados para unificar la posición institucional frente a los cambios propuestos.
Conformación de la Comisión clave
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General es fundamental para el tratamiento de todo proyecto de ley que llega al recinto de Diputados. Es presidida por la socialista Lionella Cattalini y tiene como vicepresidente a Emiliano Peralta (Somos Vida). El único sector político sin representación en la comisión es la izquierda del Frente Amplio por la Soberanía, así como los bloques unipersonales.
Además de Cattalini, integran la comisión los socialistas Joaquín Blanco y Rubén Galassi; los radicales José Corral y Ximena García; y el oficialista Ariel Bermúdez (Creo). El Justicialismo cuenta con tres lugares, ocupados por Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti y Celia Arena. Completa el grupo la libertaria Silvia Malfessi (Somos Vida).
Pedidos de informe sobre seguridad
La diputada justicialista Celia Arena presentó un pedido de informes de seis puntos sobre la inversión realizada y los resultados obtenidos por el uso de nuevas tecnologías en materia de seguridad pública.
El proyecto busca conocer en detalle la implementación y el impacto de los sistemas Lince, BriefCam y la plataforma de Evidencia Digital. «Estas herramientas son posibles gracias al gran proceso de modernización y ampliación del sistema de emergencias 911 que llevamos adelante durante el gobierno de Omar Perotti entre 2019 y 202″, subrayó la legisladora, quien fue ministra durante la gestión anterior.
Ahora, el pedido apunta a conocer el monto total invertido en licencias y mantenimiento, saber cuántos agentes fueron capacitados y en qué áreas fueron asignados, y evaluar el impacto real de las tecnologías en el esclarecimiento de delitos y causas judiciales.
Agenda de la Comisión de Salud
Este miércoles, la Comisión de Salud de Diputados, presidida por la socialista Varinia Drisun, recibirá al secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud, Gonzalo Chiesa, a la subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguín, y a la directora de Salud Mental, Victoria Mancini. El objetivo es que los funcionarios respondan a los distintos pedidos de informes presentados sobre la materia.
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