El Concejo de Santa Fe dio un paso clave para poner fin a las «caries urbanas», esos terrenos baldíos o edificaciones deterioradas que afean nuestros barrios y generan problemas de convivencia y salubridad. Una nueva ordenanza obliga a los dueños de estos inmuebles a mantenerlos en óptimas condiciones, buscando así proteger la tranquilidad y seguridad de los vecinos. La normativa apunta directamente a los propietarios, poseedores o responsables de estos terrenos o construcciones en la capital santafesina, exigiéndoles una serie de acciones esenciales para la comunidad.
Qué deben hacer los propietarios y cómo impacta en el barrio
La nueva regulación es clara: los responsables de estos inmuebles abandonados deberán cortar malezas y pastizales, mantener una higiene sanitaria adecuada (incluyendo el desagüe de aguas estancadas), y remover residuos, escombros o restos de poda. También se les exige la desratización, desinsectación y cualquier otra medida para controlar plagas, previniendo focos de proliferación de vectores que tanto preocupan a los habitantes de zonas aledañas. Además, deberán mantener veredas, cercos, tapiales y cualquier otra estructura edilicia que, por su deterioro, pueda generar riesgos para terceros. Esta medida busca directamente mejorar la calidad de vida en la ciudad, eliminando focos de insalubridad y posibles refugios para la delincuencia.
Sanciones y el rol del municipio frente al incumplimiento
Si un propietario no cumple con estas obligaciones, el Ejecutivo municipal iniciará un procedimiento de faltas. Se intimará a los responsables para que regularicen la situación en un plazo de diez días corridos. En casos de «riesgos sanitarios graves» o «situaciones de urgencia», este plazo se reducirá a solo tres días.
Si, vencidos los plazos, la situación de abandono persiste, la Municipalidad podrá intervenir directamente. Con personal propio, a través de terceros o mediante cooperativas adheridas a la Ordenanza N° 10.100 de Iniciativa Comunitaria, se ejecutarán las tareas necesarias para restablecer la limpieza, y el costo del servicio se cargará a los propietarios. En aquellos inmuebles con cerramientos que dificulten el ingreso, la Municipalidad deberá solicitar autorización judicial previa para poder realizar las tareas de mantenimiento.
La ordenanza también contempla un «ingreso excepcional» por parte del Ejecutivo a baldíos o edificaciones muy deterioradas, incluso con cercos, si existe un riesgo inminente para la salud pública, la salubridad, el ambiente o la seguridad de terceros, y la intimación previa es imposible o incompatible con la urgencia. Esto no aplica a inmuebles habitados, donde siempre se requerirá orden judicial. En caso de resistencia de los propietarios, la Municipalidad podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.
Las nuevas multas: un fuerte golpe al bolsillo y un beneficio para los cumplidores
La modificación de la Ordenanza Nº 7.882, el Régimen de Infracciones y Penalidades, trae consigo multas significativamente más altas. Por ejemplo:
- Por no eliminar yuyos o malezas en la vereda o en el entorno de los árboles, la multa mínima será de 15 UF (31.305 pesos) y podrá llegar hasta las 1.000 UF (2.087.000 pesos). Esta obligación recae en quien ocupa el inmueble, o en el propietario si está deshabitado.
- Por publicidad no autorizada con elementos autoportantes en estas «caries urbanas», la sanción ascenderá de 500 UF (1.043.500 pesos) a un máximo de 5.000 UF (10.435.000 pesos).
- Por fijar afiches en pantallas o carteleras de obra, o anuncios en medianeras, la multa irá de 300 UF (626.100 pesos) a 3.000 UF (6.261.000 pesos).
Pero no todo son castigos. La normativa también busca premiar la responsabilidad: los titulares de baldíos que acrediten el cumplimiento de las condiciones de higiene y mantenimiento podrán solicitar una reducción del 50% en la sobretasa por baldío.
Voces desde el Concejo: «No se la pueden llevar de arriba»
La ordenanza fue impulsada por el concejal Lucas Simoniello (Interbloque «Unidos»), con la coautoría de María Beatriz Barletta y la edila justicialista Jorgelina Mudallel. Simoniello destacó la importancia de la medida para «reparar las caries urbanas», que durante mucho tiempo han sido «nidos de ratas» y un problema constante para los vecinos. «No puede ser que quien no cumple con lo mínimo del mantenimiento de su inmueble esté en la misma línea de aquel ciudadano que se esfuerza todos los días para cortar el césped, por hacer un arreglito a su casa, por mejorar la vereda, pagar la TGI. Es algo totalmente injusto», sentenció el edil, agregando que quienes hacen las cosas mal «no se la pueden seguir llevando de arriba».
El concejal subrayó que la norma permitirá al municipio abordar más de 360 «puntos críticos» en la ciudad, que se agravan especialmente en los barrios del norte, noroeste y este. «Es imposible para muchos vecinos vivir al lado de una vivienda abandonada, donde cunden las ratas y alimañas, o es un aguantadero de delincuentes», enfatizó Simoniello, señalando que «se sabe el nombre y apellido del titular de cada caries urbana».
Por su parte, la concejala Mudallel valoró el consenso entre bloques para redactar la norma, definiendo las «caries urbanas» como focos de «inseguridad y de convivencia vecinal». La nueva ordenanza, remarcó, «otorga un procedimiento administrativo claro para actuar en consecuencia».
Desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA) se votó en contra de la iniciativa, argumentando que habilita la intervención del Estado en la propiedad privada y manifestando su oposición a la sobretasa por baldío, pidiendo su derogación.
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