Este jueves, referentes de diversas organizaciones sociales de Santa Fe formalizaron una presentación ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para denunciar presuntas «prácticas ilegales» durante la aprehensión de Julián Castillo en 2023. El joven, que atravesaba una crisis subjetiva, falleció esposado en la caja de un patrullero. La denuncia fue impulsada por Cecilia Santamaría, madre de Julián, quien estuvo acompañada por su abogado, Guillermo Muné. Ambos fueron recibidos en la sede judicial de General López y Saavedra por el fiscal Ezequiel Hernández, a cargo de la Fiscalía de Violencia Institucional.
La fatal aprehensión del joven
Julián Castillo tenía 32 años. Era estudiante de sociología y militante social. El 8 de marzo de 2023, en la vía pública, fue interceptado por personal policial mientras atravesaba una crisis subjetiva vinculada a consumos problemáticos. Según la denuncia, el joven fue tratado con violencia, inmovilizado y esposado, lo que habría incumplido los protocolos de salud mental que exigen un abordaje sanitario específico para estas situaciones. En lugar de ser trasladado a un centro asistencial, Julián fue subido a la caja de un patrullero con destino a una comisaría. En el trayecto, se descompensó y, al arribar al Hospital Cullen, ya se encontraba sin vida.
Agentes imputados en la causa
En el marco del proceso judicial, a principios de 2025, tres agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) y un médico policial fueron formalmente imputados por el delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público». La causa sigue su curso en la órbita del MPA.
Un reclamo por protocolos y derechos
La presentación judicial se realizó en coincidencia con la campaña global «Acompañe, no castigue», una iniciativa que busca reivindicar los derechos de las personas con consumos problemáticos. Previo a la entrega del escrito, Cecilia Santamaría explicó que el objetivo es «exigir a la justicia que señale las responsabilidades de los agentes policiales en esa intervención», la cual, según su denuncia, «incumplió los protocolos establecidos para esas situaciones».
El documento entregado al fiscal Hernández enfatiza que la normativa vigente, específicamente la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, establece que estas situaciones deben abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, priorizando siempre la asistencia sanitaria sobre las respuestas punitivas. Las organizaciones firmantes advierten que, pese a esta legislación, la realidad territorial muestra una tendencia opuesta. El texto sostiene que «las personas que atraviesan consumos problemáticos no son sujetos peligrosos, ni deben ser objeto de respuestas represivas», sino que requieren políticas públicas de cuidado y protección integral.
El escrito cuenta con el respaldo de instituciones como El Rincón Cultural, Red Puentes, la Asociación Civil Conectar y Deporte Solidario, entidades que trabajan diariamente con personas en situación de vulnerabilidad y consumos problemáticos en la ciudad.
No fue un hecho aislado
Uno de los puntos centrales del documento es la descripción del accionar de las fuerzas de seguridad durante la crisis que sufrió Julián en la vía pública. Según el relato de su madre, la policía intervino «de manera absolutamente arbitraria, persiguiéndolo, tirándolo al piso, tirándosele arriba, esposándolo». A pesar de que los agentes habrían reconocido que se trataba de una situación de salud mental, «lo llevaron a una comisaría en vez de llevarlo a un hospital».
Yamila, integrante de la Red Puentes, remarcó que el caso de Julián no se trató de un hecho aislado en la ciudad de Santa Fe. «Todos los días vemos situaciones donde la fuerza de seguridad, principalmente la policía, maltrata a los pibes que tienen problemas de consumo», afirmó, agregando que existe un abordaje centrado en la «penalización y la criminalización y no de la salud mental, como debería ser». El documento técnico que acompaña la presentación refuerza esta idea al señalar que cuando las intervenciones se realizan bajo prácticas policiales que contradicen los protocolos vigentes, «se agrava la situación de la persona involucrada pudiendo resultar en actos de violencia institucional y provocar desenlaces irreparables».
Exigen un precedente
«Nosotros exigimos que la justicia debe tener perspectiva en derechos humanos para mirar estos incumplimientos, para mirar que se han vulnerado los derechos humanos de Juli», sostuvo Santamaría. Finalmente, las organizaciones firmantes instan a que el señalamiento de responsabilidades sirva como un precedente para erradicar las prácticas represivas y garantizar que todas las agencias estatales cumplan con sus deberes legales.
«Exigimos justicia por Julián y la transformación real de las prácticas de seguridad: las calles y los barrios necesitan más acompañamiento, más salud pública y erradicar por completo la violencia institucional», concluye el documento.
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