La Justicia santafesina dispuso este viernes la prohibición de salida del país para Camila Dos Santos Rizzi, implicada en la causa por presuntas estafas de la firma Moderno House. La medida, dictada tras pedido de la fiscalía y la querella, obliga a la mujer a entregar su pasaporte, replicando una restricción similar que ya pesa sobre el empresario Néstor Segovia por el caso de las casas prefabricadas.
Imponen restricción de salida del país a imputada en causa Moderno House
Este viernes, la justicia santafesina dispuso la prohibición de salida del país para Camila Dos Santos Rizzi, en el marco de la investigación contra la firma Moderno House por presuntas estafas. La medida fue dictada por el juez penal Nicolás Falkenberg, tras un pedido conjunto de la fiscal Jésica Bernard y el querellante Ignacio Chigal. La Dirección Nacional de Migraciones fue notificada para impedir el egreso de Argentina de la mujer, quien posee nacionalidad brasileña.
Además de la restricción de viaje, Dos Santos Rizzi deberá entregar su pasaporte. Esta disposición se alinea con las restricciones que ya pesaban sobre Néstor Segovia, su pareja y principal imputado en la causa. Ambos son investigados por el delito de estafas en perjuicio de numerosas familias que confiaron sus ahorros para la construcción de viviendas prefabricadas.
El camino sinuoso de la investigación
La pesquisa sobre la constructora, que operaba en la avenida Facundo Zuviría al 6600, ha recorrido un proceso judicial complejo en los tribunales santafesinos. En abril de 2025, el fiscal Federico Grimberg había decidido archivar la causa penal, al considerar que los hechos denunciados se enmarcaban en un incumplimiento contractual y no configuraban necesariamente una estafa, sugiriendo que la resolución debía darse en el ámbito de la justicia civil.
En aquel momento, Grimberg sostuvo que «no toda disputa contractual puede trasladarse al ámbito delictivo sin un fundamento claro». Según su interpretación, las demoras y obras inconclusas se debían a fallas operativas de la empresa y no a una maniobra fraudulenta inicial, postura que fue confirmada inicialmente por la Fiscalía Regional.
Sin embargo, la disconformidad de los damnificados, representados por el abogado querellante Ignacio Chigal, llevó el reclamo a la máxima instancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Finalmente, la Fiscal General María Cecilia Vranicich ordenó desarchivar la causa y reabrir la investigación el pasado 29 de mayo, al entender que restaban medidas investigativas fundamentales para determinar la existencia del delito.
Perjuicio millonario y modus operandi
Con la reapertura del legajo, la Fiscalía Regional designó a la fiscal Jésica Bernard, de la Unidad de Delitos Complejos, para liderar las pesquisas. El objetivo es profundizar en la hipótesis de que Segovia y Dos Santos Rizzi captaron clientes y firmaron contratos millonarios «a sabiendas de que no podrían cumplirlos».
El caso estalló formalmente en 2024 con una oleada de denuncias. El modus operandi descripto por las víctimas consistía en la entrega de importantes sumas de dinero, e incluso el pago total del contrato, a cambio de viviendas que nunca se iniciaban o quedaban paralizadas a poco tiempo de comenzar. Se estima que el perjuicio económico global, a valores de 2024, ascendía a unos 27 millones de pesos.
Aunque en una instancia previa se intentó resolver el conflicto en el Área de Solución Pacífica de Conflictos (ASPAC), solo una de las partes logró un acuerdo. El resto de los denunciantes rechazó la mediación, exigiendo que el caso avance en la justicia penal para esclarecer la responsabilidad de quienes, bajo el sello de Moderno House, prometieron un hogar y entregaron obras abandonadas. Tras la reciente imposición de restricciones a los imputados, con el objetivo de asegurar su sujeción al proceso penal, la investigación continúa su curso.
