Una última reunión del Interbloque de Senadores y Diputados de Unidos para Cambiar Santa Fe se llevará a cabo este miércoles 1.º de julio en la Legislatura Provincial. El único tema en agenda será el tratamiento de los proyectos de ley electoral presentados por los distintos partidos que conforman este frente. La convocatoria busca, al menos, unificar discursos y estrategias en común, ante la imposibilidad de consolidar una postura única del partido de gobierno. Esta situación, similar a lo ocurrido con la Reforma de la Constitución en 2025, evidencia que cada integrante del espacio mantiene su propia propuesta.
Hasta el momento, se perfila un proyecto de ley de la mayoría radical en el Senado y otro de los socialistas en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la cantidad de iniciativas podría ser mayor si se considera el precedente del año pasado, cuando se iniciaron las deliberaciones de los convencionales reformadores. En aquella ocasión, cada partido del amplio espectro ideológico de Unidos consideró fundamental preservar su proyecto «ideal» de Carta Magna antes de abocarse a una intensa negociación interna.
Las mayorías requeridas por la Constitución
La nueva Constitución santafesina, en su artículo 56, establece que el sistema electoral se fijará por ley y que cualquier modificación requerirá condiciones específicas: las normas electorales deben ser aprobadas «por mayoría absoluta de integrantes de cada Cámara». El artículo 90 reitera esta exigencia al abordar las atribuciones del Poder Legislativo en materia electoral.
Esta condición de voto afirmativo, que implica un número superior a la «simple mayoría» de los presentes, obliga a alcanzar el 51% sobre la totalidad de los miembros de la Cámara, estén presentes o ausentes. Es relevante destacar que en el diseño constitucional de Santa Fe, la expresión «simple mayoría» se utiliza únicamente para el caso de los vetos, diferenciándola así de la «mayoría absoluta de los miembros» de la Cámara. Un veto del Poder Ejecutivo Provincial prospera si solo una simple mayoría (la mitad más uno de los presentes) en una de las dos cámaras se opone.
Al revisar los artículos de la Constitución que emplean la frase «mayoría absoluta de los miembros» o similares, se advierte que esta vara elevada se aplica a pocas materias o asuntos. Siempre está presente ante la posibilidad de modificar las leyes electorales, afectar la vida de los partidos políticos o producir cambios en otro poder mediante pronunciamientos de la Asamblea Legislativa o una sesión conjunta de ambas cámaras. También rige para el juicio político.
En síntesis, la exigencia constitucional de esta mayoría no responde a un problema matemático o a un mero «poroteo» de posibles votos para uno u otro proyecto de ley. Se trata de un reaseguro para garantizar que una modificación en materias tan delicadas para la vida política e institucional cuente con el debido debate previo y, preferentemente, con la labor de comisiones. Aunque no exista una obligación constitucional de llevar estos temas al recinto con dictámenes, es claro que este es el proceder ideal para el proceso de sanción de las leyes.
La configuración actual de las bancas legislativas
La mayoría radical en el Senado posee una ventaja sobre la del socialismo en la Cámara de Diputados. En la primera Cámara, el total de bancas es de 19, mientras que en la segunda son 50 los asientos en el recinto.
En la Cámara Alta, la UCR cuenta con 11 bancas propias y un aliado proveniente del Peronismo, el senador Joaquín Gramajo (Unite-Unidos-9 de Julio), que fue electo por fuera del PJ. En total, suman 12 votos en este sector. A ellos se unen en el oficialismo el socialista de La Capital, Julio Francisco «Paco» Garibaldi, y Ciro Seisas de Rosario, encolumnado con el intendente Pablo Javkin. Con estos dos últimos, el interbloque de Unidos, que preside Rodrigo Borla y lidera el presidente provisional del cuerpo, Felipe Michlig, alcanza los 14 miembros, frente a los solo 5 de la oposición justicialista.
En pocas palabras, con acuerdos internos, el oficialismo en el Senado logra el quórum propio y hasta los dos tercios para votar sobre tablas cualquier asunto. Y si bien rara vez se utilizan esos poderosos resortes, la sola posibilidad de imponerlos facilita el consenso dentro del oficialismo y, en muchas ocasiones, incluso con la oposición, que siempre ha optado por la colaboración cuando fue consultada. El peso de la docena de votos otorga mayores garantías para imponerse en una eventual pulseada entre la mayoría radical de los senadores y la del socialismo en la Cámara de Diputados.
Entre los diputados, la dispersión es mayor: en la Cámara Baja, Unidos posee las 28 bancas establecidas en la Constitución anterior. De estas, 14 pertenecen al Socialismo (que presenta corrientes internas muy diferenciadas), 9 al Radicalismo, y en las 5 restantes, 3 son del PRO, sumando un par de bloques unipersonales de partidos que integran el frente. A estos 28 Diputados Provinciales electos por el oficialismo, se sumó posteriormente Juan José Piedrabuena, quien emigró del PJ, y eventuales aliados que llegaron a la Cámara en el sector «celeste» y luego formaron otras bancadas. El oficialismo unido también cuenta con números muy cómodos, pero solo cuando la Casa Gris promueve ese entendimiento. Por otra parte, con 14 sobre 28, la bancada socialista dispone de la posibilidad, que seguramente aprovechará, de presentar su propia reforma electoral y diferenciarse.
En este panorama, es clave comprender que el Poder Ejecutivo Provincial acertó al no llevar a la Legislatura su propio proyecto de nuevo código electoral. Prefirió, en cambio, promover el debate interno en el oficialismo y los acuerdos, con una hoja de ruta para evitar demoras, a sabiendas de que en el Senado el Radicalismo es más fuerte.
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