El Poder Ejecutivo Nacional presentó el 22 de abril un Proyecto de Ley de Reforma Electoral Integral en el Senado de la Nación. La iniciativa propone eliminar las PASO, modificar el sistema de financiamiento de las campañas políticas y elevar los requisitos para el reconocimiento nacional de partidos. También incluye cambios en la reciente ley de Boleta Única de Papel e incorpora la figura de Ficha Limpia, entre otros puntos clave.
El 22 de abril, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) ingresó al Senado de la Nación el Proyecto de Ley de Reforma Electoral Integral (Mensaje 110/26), que propone modificaciones estructurales al régimen electoral vigente. Esta iniciativa representa el tercer intento del gobierno de turno por reformar el sistema. El primero se dio en el marco de la Ley de Bases, que llegó al Congreso de la Nación en diciembre de 2023 y fue aprobada con diversas modificaciones en 2024. El segundo, ese mismo año, fue cuando el PEN impulsó en el Congreso la eliminación de las PASO y consiguió su suspensión transitoria para 2025. En octubre del año pasado se eligieron senadores y diputados nacionales sin esa instancia intermedia.
Los ejes
La justificación de esta nueva propuesta, que lleva la firma del presidente Javier Milei junto a la del entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni y su actual reemplazante, Diego Santilli (hasta hace pocos días, ministro del Interior), sostiene que busca «fortalecer la democracia, aumentar la representatividad, transparentar el régimen de financiamiento de los partidos políticos y establecer un marco suficiente que asegure de forma efectiva el ejercicio de derechos electorales por parte de los argentinos».
El proyecto se estructura en seis ejes fundamentales:
- La reforma del Régimen de Partidos Políticos.
- La reforma de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral (Ley N° 26.571) y sus modificatorias.
- La modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos.
- La reforma del régimen de elección de Parlamentarios del Mercosur.
- La adecuación del régimen de simultaneidad de elecciones nacionales y provinciales.
- La incorporación del Régimen de Ficha Limpia.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la reforma de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos N° 23.298, con el objetivo de «garantizar un sistema de genuina representación democrática y dejar atrás una serie de prácticas que debilitan tanto la dinámica política como las instituciones republicanas».
En Argentina, tienen reconocimiento jurídico 45 partidos de orden nacional, una cifra que supera a países de la región: en México son 6; en Panamá 8; en Bolivia 11; y en Brasil 30, a modo de ejemplo. Además, al 31 de marzo de este año, contaban con reconocimiento jurídico 714 partidos políticos de distrito, facultados para presentar candidaturas al Congreso de la Nación. El proyecto busca «dejar atrás las prácticas nocivas que han socavado los mecanismos de representación política, sin que ello implique de ningún modo un menoscabo a la libertad de asociación política garantizada por nuestra Constitución Nacional«, según aclara el texto.
La manera en que se propone «limpiar» la oferta electoral será un tema de arduo debate, ya que se aumentan los requisitos para obtener reconocimiento como partido distrital y nacional. Para los partidos políticos, se eleva el piso de votos al 3 %, se duplican los avales requeridos y se exige presencia en un mínimo de 10 distritos para ser reconocido como nacional. La representación actual requiere un mínimo de 5 distritos y 2 % de los votos en dos elecciones sucesivas.
Modificaciones clave: PASO y BUP
Entre los cambios propuestos a lo largo de casi 80 artículos, cuyo debate iniciará en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, se incluye la derogación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), celebradas por primera vez en 2011. Según el proyecto oficial, cada partido o alianza definirá la selección de candidaturas de manera interna, según su carta orgánica.
En segundo lugar, se introducen modificaciones a la Boleta Única de Papel (BUP), sancionada recientemente el 1° de octubre de 2024 (y que, según el texto original, debutó en las legislativas de 2025) para implementarse en categorías federales, regulando un diseño unificado. Ahora se propone modificar su formato e incluir un casillero en blanco y opciones de voto por lista completa (incisos 9 y 10 del art. 25).
El debate del financiamiento
Uno de los temas que mayor controversia genera es el sistema de financiamiento de la campaña electoral. Hasta ahora, el esquema es mixto, con una fuerte base estatal, prohibición de aportes de personas jurídicas (empresas) y topes bajos de financiamiento privado. Los cambios introducidos en el proyecto del PEN habilitan y legalizan los aportes de empresas y personas jurídicas, y eliminan algunos aportes estatales.
La figura de Ficha Limpia, que ya rige en varias provincias, incluida Santa Fe, y que hasta ahora no había logrado ser aprobada en el Congreso de la Nación, incorpora la inhabilitación para candidatos con condena en segunda instancia por delitos dolosos.
Tampoco podrán ejercer cargos partidarios las personas excluidas del Padrón Electoral por disposiciones legales vigentes, ni el personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas de la Nación y de Seguridad (nacionales y provinciales) en actividad o en situación de retiro, cuando hayan sido llamados a prestar servicios.
Quedan excluidos los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial de todas las jurisdicciones; y quienes desempeñen cargos directivos o sean apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas de la Nación, Provincias, CABA, Municipalidades, entre otros.
La misma restricción alcanza a las personas con auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas, apropiación de niños y otras violaciones graves de derechos humanos, o cuyas conductas criminales se encuentren prescriptas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado por la Ley N° 25.390 como crímenes de competencia de la citada Corte por hechos acaecidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
También abarca a personas condenadas por un delito doloso, en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral, en que se hubiera confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque se modifique la pena impuesta. En caso de una condena confirmada en segunda instancia dictada con posterioridad al 1º de enero del año en que se lleven a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral.
El régimen de debates presidenciales en cuestión
El proyecto también avanza sobre el debate presidencial. La Ley N° 27.337 establece la realización de dos debates obligatorios antes de las elecciones generales y uno adicional en caso de balotaje, tal como ocurrió en 2023, cuando el actual presidente Milei dirimió los votos con Sergio Massa.
Los cambios propuestos ahora suprimen de la legislación las penalidades y la obligatoriedad de asistencia a esa instancia. Es decir, no es una modificación taxativa, sino que está implícita en la reforma del Código Electoral Nacional, donde se omite transcribir el texto obligatorio que penaliza con la quita de espacios publicitarios audiovisuales a los candidatos que se nieguen a debatir. Además, se suprime el mandato legal que obligaba a la Cámara Nacional Electoral (CNE) a organizar estos encuentros institucionales, devolviendo la realización de los debates a un carácter puramente optativo y de negociación privada entre los equipos de campaña.
Perspectivas y Desafíos del Proyecto
Todo el articulado estará sujeto a discusión en las comisiones donde el oficialismo ocupa buena parte de las presidencias. Desde distintos sectores se recomienda que, previo a su tratamiento en el recinto y eventual aprobación, se habilite un debate amplio que incluya a referentes partidarios, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en temas electorales.
Mientras tanto, ya se conocen voces a favor y en contra (las PASO dividen aguas, el financiamiento despierta alertas) y es un hecho que el gobierno nacional ha intensificado el diálogo con mandatarios provinciales en busca de que esta «tercera sea la vencida».
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