El Senado Nacional debatirá este jueves el controvertido proyecto de ley de Inviolabilidad Privada, una iniciativa que, según el vocero presidencial Adrián Ravier, busca atraer inversiones extranjeras, pero que la oposición tilda de entrega de soberanía.
El Senado Nacional se prepara para una sesión clave este jueves al mediodía, donde el Proyecto de Ley de Inviolabilidad Privada se perfila como el tema central. Esta iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca introducir modificaciones sustanciales en el régimen de expropiaciones, agilizar los procesos de desalojo y reformar diversas normativas, como la Ley de Tierras Rurales y la Ley de Manejo del Fuego. El objetivo primordial es eliminar restricciones y fomentar la inversión extranjera.
El texto, que consta de cinco capítulos, ingresó a la Cámara Alta en marzo y ya ha experimentado 13 modificaciones en su recorrido por las comisiones. Se anticipa que el debate en el recinto generará nuevos cambios, una expectativa compartida por la oposición, que ha expresado una postura muy crítica sobre varios aspectos de la propuesta legislativa.
La Fundamentación Oficial y el Rol de Adrián Ravier
En este contexto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, dedicó este martes la mitad de su rueda de prensa en Casa Rosada a explicar los fundamentos de la propuesta oficialista. Con referencias directas a Juan Bautista Alberdi y a los pilares de la Constitución Nacional de 1953, Ravier afirmó que “la propiedad es una extensión de la libertad individual”, y la consideró una “condición del desarrollo económico: nadie invierte o produce si entiende que sus bienes pueden ser confiscados o expropiados sin garantías”.
Estos principios, reflejados en el artículo 17 de la Constitución Nacional (dentro de las Declaraciones, Derechos y Garantías), cimentan la idea de que “los argentinos trabajen en suelo argentino pero también queremos invitar a los extranjeros a que vengan a invertir en nuestro país y puedan fomentar más generación de empleo”.
El vocero hizo alusiones al “modelo agroexportador que se extendió por 60 años donde Argentina fue el granero del mundo”, contrastándolo con el quiebre que, a su juicio, significó el fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa “Ercolano c/ Lanteri de Renshaw”. Este fallo, según Ravier, “rompió con ese esquema cuando estableció que la propiedad privada no es un derecho absoluto y que el Estado puede limitarla por razones de interés público o emergencias”, concluyendo que “esa inseguridad jurídica ahuyentó la inversión y oportunidades de crecimiento y empleo”.
Ravier enfatizó que “en el índice de libertad económica Argentina está 41 puntos por debajo del promedio mundial de 52 países, herencia de décadas de atropello”, argumentando que el proyecto busca recomponer un derecho constitucional fundamental.
Los Cinco Capítulos Clave del Proyecto
Más allá de la defensa oficialista, se prevé un debate arduo en el Senado al analizar los cinco capítulos del proyecto de ley.
El primer capítulo aborda las expropiaciones. Adrián Ravier señaló que, después de Venezuela, “la Argentina tiene un récord internacional y es el segundo país con más denuncias ante el CIADI en todo el planeta, entre las cuales destacan casos de expropiaciones”. El vocero atribuyó esto a que “nuestra ley de expropiación actual es obsoleta y deja zonas grises”. Para revertir esta situación, se proponen conceptos más exigentes de utilidad pública, la necesidad de demostrar que la expropiación es idónea y la garantía de una reparación plena por el valor del bien, además de reconocer el lucro cesante del expropiado.
El capítulo dos se centra en los desalojos. “Mucha gente tiene okupas en una propiedad y es difícil recuperarlas; la idea es tratar de tomar medidas para que los propietarios recuperen su propiedad lo antes posible”, explicó Ravier. Para ello, se propone que el desalojo se tramite mediante juicio sumarísimo, reduciendo el plazo promedio de resolución de años a meses.
La Ley de Tierras Rurales es el foco del capítulo tres. Ravier aludió directamente a la Ley de 2011, la cual, según sus palabras, “criminalizó de facto la compra de tierras por parte de extranjeros, contradiciendo el espíritu de nuestra Constitución que reconoce los mismos derechos civiles a nacionales y extranjeros, y promueve la inmigración que viene a trabajar y producir”. El vocero aseguró que “hoy existen proyectos millonarios en el sector foresto-industrial en el NEA, Cuyo y Patagonia que no se pueden realizar por estas trabas”. Por tanto, la iniciativa busca “levantar restricciones generales de adquisición de tierras por extranjeros”, mientras “endurece controles sobre los estados extranjeros”.
Otro punto crítico es el capítulo cuatro, sobre manejo del fuego. Ravier garantizó que “la protección de los bosques nativos no se toca”. La propuesta “cambia la reforma de 2020 que extendió las restricciones a campos agrícolas y bosques implantados”, lo que derivó en un “castigo doble para el productor que sufre un incendio y el Estado le paraliza durante 30 a 60 años para modificar el uso del suelo”. Según el vocero, “la veda no evitó incendios, sino que castigó incendios accidentales”.
Finalmente, el último capítulo aborda la modernización del registro de propiedad del inmueble y la digitalización del sistema. Se establecen plazos máximos para los trámites y se crea una Ventanilla Única Federal para acceder a información registral, siempre respetando la autonomía de los trámites provinciales. “El Estado debe garantizar certezas y no convertirse en un obstáculo entre los ciudadanos y su propiedad”, concluyó Ravier.
La Visión de la Oposición y el Contexto del Pacto de Mayo
Esta visión no es compartida por los bloques opositores, que anticipan objeciones severas sobre la posible pérdida de soberanía ambiental, un agravamiento de la situación de vulnerabilidad social debido a los desalojos «exprés» y un incentivo para incendios provocados con fines de especulación inmobiliaria.
La inviolabilidad de la propiedad privada es, además, el primer punto del Pacto de Mayo, que el presidente Javier Milei firmó el 9 de julio de 2024 con 18 gobernadores (exceptuando a la oposición). En ese momento, se advirtió que dicho derecho ya estaba contemplado en el artículo 17 de la Constitución Nacional. El objetivo actual del gobierno es modificar las leyes que representen alguna restricción, como la compra de tierras por parte de extranjeros.
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