El caso de Luis Strafella, el árbitro de 73 años que sufrió la amputación de una pierna tras recibir atención médica en el SAMCo «Miguel Rueda» de Santa Isabel, sumó un nuevo capítulo. Luego de la denuncia inicial ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), su abogada, Carolina Walker Torres, promovió una presentación administrativa ante el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe.
La acción busca una investigación exhaustiva no solo sobre la actuación del profesional que lo atendió inicialmente, sino también sobre el funcionamiento integral del centro de salud y el desempeño de sus autoridades.
La presentación administrativa sostiene que el organismo provincial debe determinar si existieron deficiencias asistenciales, fallas en los mecanismos de control interno o eventuales omisiones institucionales que hayan contribuido al grave desenlace sufrido por el paciente.
Mientras la causa penal busca establecer responsabilidades por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas derivadas de una eventual mala praxis, el planteo administrativo apunta a que el Ministerio de Salud ordene auditorías, inspecciones y un sumario interno para analizar la operatoria del efector público de Santa Isabel.
Cronología de un agravamiento
El expediente reconstruye una secuencia que se inició el 9 de julio, cuando Strafella —quien además de árbitro de fútbol es trabajador de la construcción— sintió un intenso dolor mientras realizaba su entrenamiento habitual. Según la denuncia presentada por su representación legal, el paciente acudió al SAMCo local. Allí recibió un diagnóstico presuntivo de desgarro muscular y un tratamiento basado en antiinflamatorios y corticoides.
Durante las horas y días subsiguientes, Strafella regresó en reiteradas oportunidades al mismo establecimiento. El dolor aumentaba, la pierna permanecía fría, la sensibilidad desaparecía progresivamente y la movilidad se deterioraba. Sin embargo, según se sostiene en la presentación, el diagnóstico inicial nunca fue modificado.
La situación cambió únicamente cuando otro médico de guardia evaluó el cuadro, advirtió la ausencia de pulsos arteriales y dispuso la inmediata derivación a un centro de mayor complejidad. En ese lugar, un ecodoppler detectó una obstrucción arterial total y el paciente fue sometido a una cirugía de revascularización que, lamentablemente, no logró evitar la amputación supracondílea de la pierna izquierda.
El amplio alcance de la presentación
Uno de los aspectos novedosos de la presentación administrativa radica en que no se limita a cuestionar la actuación de un único profesional de la salud. El escrito solicita que el Ministerio de Salud investigue si las autoridades del hospital ejercieron adecuadamente sus funciones de supervisión, auditoría y control, y si existieron mecanismos institucionales capaces de detectar o corregir eventuales deficiencias en la atención sanitaria.
Asimismo, reclama que se analice el papel desempeñado por el Consejo de Administración del establecimiento y el funcionamiento general del servicio público de salud. Según la denuncia, las responsabilidades podrían trascender la actuación individual del médico si se comprobara la existencia de falencias organizacionales o administrativas que hubieran favorecido el agravamiento del caso.
Antecedentes y auditoría integral
Otro de los puntos incorporados en la nueva presentación refiere a la existencia de presuntos antecedentes vinculados con el desempeño profesional del médico denunciado. La abogada patrocinante sostiene que el Ministerio debería verificar si anteriormente fueron formulados reclamos de pacientes, si existieron actuaciones administrativas derivadas de esas presentaciones y cuál fue la respuesta institucional brindada por las autoridades del SAMCo.
Para ello, solicita preservar y analizar el libro de quejas, expedientes internos, legajos funcionales, historias clínicas, registros de guardia y toda otra documentación que permita reconstruir la actuación del establecimiento antes y durante la atención recibida por Strafella.
La denuncia también requiere que el Ministerio intime al hospital a remitir la historia clínica completa, los registros de enfermería, las planillas de guardia, los antecedentes administrativos del profesional apuntado y la documentación médica del sanatorio donde posteriormente fue tratado el paciente. Además, solicita incorporar las actuaciones ya iniciadas en sede penal y tomar declaraciones testimoniales a familiares, enfermeros y a los médicos que intervinieron durante las distintas etapas de la atención.
La investigación penal sigue su curso
Mientras tanto, la investigación penal continúa su curso en el Ministerio Público de la Acusación. Allí deberán producirse las pericias médicas que permitan determinar si existió relación causal entre la atención recibida durante las primeras consultas y la amputación del miembro inferior izquierdo.
Con esta nueva presentación administrativa, el caso deja de centrarse exclusivamente en el eventual accionar de un profesional para abrir el debate sobre los mecanismos de control, supervisión y calidad asistencial dentro del sistema público de salud.
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